Estados Unidos está aumentando la presión sobre el gobierno autoritario de Daniel Ortega en Nicaragua, al prohibirle a los ciudadanos hacer negocios con la industria aurífera del país centroamericano, amenazando con restricciones comerciales y retirando las visas a unos 500 allegados del gobierno, relevaron funcionarios de Washington.
Es la más reciente y quizás la más agresión medida de Estados Unidos para castigar al exlíder guerrillero sandinista por sus continuos ataques contra la democracia y los derechos humanos en el país centroamericano y por su cooperación en materia de seguridad Rusia.
Sanciones previas han ido contra Ortega, contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y contra familiares y allegados cercanos. Pero ninguna medida ha afectado el poder del mandatario, cuyo objetivo más reciente ha sido la Iglesia católica. En agosto, las fuerzas de seguridad nicaragüenses allanaron la residencia de un obispo, deteniéndolo a él ya otros miembros del clero.
El presidente Joe Biden firmará una orden ejecutiva que amplía significativamente otra emitida bajo la presidencia de Donald Trump, donde declara que las violaciones de las normas democráticas, los atentados contra el estado de derecho y el uso de la violencia contra opositores como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, dijeron los funcionarios.
Junto con sanciones que serán anunciadas por el Departamento del Tesoro, la orden ejecutiva prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con la industria del oro nicaragüense. Es la primera vez que Estados Unidos se enfoca en un sector específico de la economía nicaragüense y en el futuro podría ampliarlo para incluir otras industrias consideradas fuentes de financiamiento del gobierno de Ortega, dijeron los funcionarios que pidieron no ser identificados debido a que las medidas no han sido anunciadas.
La orden ejecutiva además allana el camino para que Estados Unidos pueda controlar las inversiones y el comercio con Nicaragua, medidas que recuerdan el severo embargo impuesto en la década de 1980 durante el primer gobierno sandinista de Ortega, tras la sangrienta guerra civil.
Las acciones del lunes podrían augurar el inicio de una nueva ofensiva contra la economía nicaragüense, una acción que la administración Biden hasta ahora ha sido renuente en tomar para no agravar las penurias económicas del país centroamericano y no provocar más emigración. En lo que va de año, agentes fronterizos de Estados Unidos han encontrado nicaragüenses en las fronteras en 134.000 ocasiones, casi el triple de todo el 2021.
Al mismo tiempo, ha advertido en Washington la frustración por la manera en que las élites económicas de Nicaragua han guardado silencio ante la represión del gobierno de Ortega.
La decisión de Biden de enfocarse en la industria aurífera nicaragüense podría privar al gobierno de Ortega de una de sus principales fuentes de financiamiento. El oro fue la principal exportación del país en 2020 y el país, ya el mayor productor del metal precioso en Centroamérica, busca duplicar la producción en los próximos cinco años.
