La presencia de grupos armados y el poderío del crimen organizado en el país, son parte de los elementos que se denuncian con testimonios en el documental “Oro de Sangre”, ante este panorama la Organización Panamericana y Caribeña por los Derechos Humanos (Pacuhr), inició una serie de conversatorios por la paz y la conservación de la biodiversidad en Venezuela.
La actividad cuenta con la participación de activistas e investigadores en la materia para exponer en esta oportunidad la “Soberanía y el Crimen Organizado” que se vive al sur del país.
La periodista de investigación Lisseth Boon señaló que uno de los factores más importantes en la extracción de la minería en el Arco Minero del Orinoco es el contrabando del oro, “que tiene diferentes rutas de escape, lo que está muy bien planteado en el documental Oro de Sangre”, dirigido por Thaelman Urgelles y Juan Urgell.
Sostuvo que la devastación de la Amazonía sigue avanzando, “y en el caso del Arco Minero es de mayor complejidad, porque es un proceso de destrucción donde está participando el mismísimo Estado, es el mismo gobierno quién impulsa este proyecto, donde participan actores como grupos irregulares que tienen que ver con el oficialismo”.
En tal sentido, aseveró que se han establecido cogobiernos en el Arco Minero del Orinoco. “Es contradictorio que haya, por ejemplo, presencia del Estado en esa zona, hay una militarización de toda el área, podemos contar, desde la salida del municipio Caroní hasta el límite del Arco Minero, en el kilómetro 88, más de una veintena de puntos de control, hay mucha presencia de cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo en el área donde están las plantas de cianuración del oro. En la zona más cercana al kilómetro 88 hay un dominio de bandas criminales organizadas, y hay pactos de convivencia con el Estado y con las comunidades que hacen vida allí”.
Por otra parte, Boon destacó que el documental reseña el impacto ambiental que está teniendo el Arco Minero del Orinoco sobre la zona. “Todo proyecto de minería debe ir acompañado de planes de rescate de reforestación, esto no está ocurriendo en el Arco Minero del Orinoco. También las zonas de Tumeremo y El Callao tendrían que ser protegidas, como ocurre con las áreas bajo régimen de protección especial, pero esto no está ocurriendo, no hay planes de reforestación y de rescate de estas tierras erosionadas”, alertó.
Agregó que, durante una visita al Arco Minero del Orinoco, pudieron constatar el avance de la «destrucción» en la zona.
“Durante la pandemia no se detuvo la actividad aurífera, más bien se acrecentó, agravando la situación, ahora vemos la instalación de algunas empresas, incluso que se han registrado de manera irregular en muchas ocasiones, que tampoco han sido registradas formalmente en el Registro Nacional de Contratistas”, enfatizó.
Por su parte, Sebastiana Barraez, periodista de investigación especializada en el ámbito militar, alertó que los venezolanos están en riesgo, agregandoque “no se trata solo de la relación perversa que hay en los sectores donde funciona el Arco Minero, se trata de que todo el país corre riesgo por la violenta agresión que hay contra nuestro territorio en busca de minerales preciosos”.
Lamentó el deterioro progresivo que han tenido los estados Bolívar y Amazonas, producto de la explotación del oro.
“Ha venido ocurriendo, con gran cantidad de destrucción del territorio, contaminación de las aguas, desplazamiento brutal de las personas que tradicionalmente habían ocupado los territorios indígenas, y hay que hacer un llamado de atención y fijar políticas claras, porque los venezolanos no hemos entendido la importancia de lo que está ocurriendo en esa zona, tampoco lo ha entendido el continente”, puntualizó.
“Hoy en día los militares activos tienen fincas, montan empresas, participan en la explotación, en comercio, y esa es parte de la tragedia que vive la fuerza armada y que de hecho la terminamos pagando todos los venezolanos que dependemos en la institución, que tiene el monopolio de las armas, según la Constitución de la República bolivariana de Venezuela”, comentó Barraez.
Asimismo, la abogada Clara Ramírez, coordinadora de Documentación de FundaRedes, sostuvo que “está documentado que grupos armados irregulares y bandas criminales trabajan de la mano con funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, de los cuerpos de inteligencia del Estado venezolano, que son quién en primera instancia están allí para proteger la soberanía nacional y para proteger a todos los ciudadanos y a la población civil que nada tiene que ver con estos conflictos que se crean alrededor de estas actividades de extracción minera. Así lo dejó reseñado el reciente informe de la determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de Naciones Unidas, donde hablaba y explicaba a detalle todo lo que ocurría en el Arco Minero del Orinoco”.
También, el director del documental “Oro de Sangre”, Thaelman Urgelles, sostuvo que si se extrae el oro “estamos renunciando al agua, a la electricidad y a la salud de todos los venezolanos”.
Alertó que se generan muchas enfermedades como el paludismo y la contaminación por cianuro.
Adelantó que próximamente estrenarán un largometraje acerca del extractivismo en el Arco Minero del Orinoco y sus consecuencias.
La Organización Panamericana y Caribeña por los Derechos Humanos (PACUHR) informó que la próxima conferencia, se realizará el 28 de octubre de 2022, a la 1:30 de la tarde, a través de la plataforma ZOOM.
Quienes deseen registrarse deben ingresar al siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hE1WbdIoTaafTeJ0yJdSzg
