El 18 de octubre de 1945 es una fecha polémica que ofrece visiones distintas con opiniones y posturas para la reflexión. Algunos estiman que el golpe de Estado de ese día estaba justificado porque el gobierno no avanzaba en la consagración del voto universal, directo y secreto. Hay otros que sostienen que fue un golpe militar clásico que interrumpió la apertura hacia la democracia y colocó a los militares como los verdaderos árbitros del juego político, tal como se evidenció el 24 de noviembre de 1948, con el alzamiento que derrocó al novelista Rómulo Gallegos.
Entre los primeros destacan Carlos Canache Mata, Germán Carrera Damas, Simón Alberto Consalvi, Marco Tulio Bruni-Celli. Entre los segundos, se pueden mencionar a Arturo Uslar Pietri, Miguel Otero Silva, Carlos Irazábal, Manuel Caballero, Jorge Olavarría y Corina Yoris, entre otros.
Más allá de las distintas miradas de este fundamental acontecimiento de nuestra historia política, hay dos hechos sobre los cuales puede haber consenso: el 18 de octubre puso fin al predominio del sistema político de inspiración positivista y le abrió las puertas a la democracia liberal.
Sobre lo que no debe haber discusión es que el 18 de octubre fue un golpe militar que sirvió de base a la llamada “revolución de octubre”, la cual hizo transformaciones de gran calado a nuestro sistema político. Y estos cambios se pudieron hacer mientras los lideres civiles tenían el apoyo militar. Al desaparecer este cimiento, sucumbió el proceso de cambio que se había iniciado. El sostén militar al sector civil desaparece con el golpe del 24 de noviembre de 1948.
Como consecuencia del golpe de Estado, el liderazgo civil encabezado por Rómulo Betancourt buscaba convertir a AD en un partido hegemónico, impulsar el voto universal, hacer una revolución al amparo del Plan de Barranquilla y echar las bases de la futura democracia. El liderazgo militar, representado por los llamados “plumarios” −formados en las academias−, buscaba arrebatarles el poder a los viejos generales del gomecismo, llamados “chopo e’ piedra” −curtidos en las batallas y en las escaramuzas− y obtener mejoras salariales.
Sobre este asunto, Carlos Canache Mata en su artículo del pasado jueves 13 de octubre, publicado en El Nacional, expuso las políticas de la Junta de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt. Destaca Canache Mata los aciertos en materia de conquistas políticas, como el sufragio universal y directo, así como en materia económica, petrolera, salud pública, política exterior y en educación. Estas son opiniones inapelables.
Una de las acusaciones que se formulan contra la Junta de Gobierno fue la persecución política que se inició con el Decreto N° 64 de noviembre de 1945, que creó el Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa. Este tribunal fue diseñado para combatir la corrupción, pero se usó, más bien, para perseguir a los contrincantes políticos como Eleazar López Contreras, Isaías Medina y Arturo Uslar Pietri.
Este período quedó signado por el sectarismo, lo cual fue una de las excusas que usaron los militares para en derrocar al presidente Rómulo Gallegos en el golpe del 24 de noviembre de 1948. AD ocupaba todos los espacios de la burocracia del Estado, lo que molestó a los distintos grupos civiles, religiosos y económicos. Estos sectores reaccionaron y comenzaron a conspirar con el sector militar. Figuras como Germán Suárez Flamerich y Laureano Vallenilla Planchart se acercaron al grupo liderado por Marcos Pérez Jiménez.
Otro aspecto sobre el cual hay que reflexionar es el de las relaciones entre los civiles y los militares que surgieron con ocasión del 18 de octubre de 1945. El grupo militar delegó en los civiles las tareas de gobierno, mientras ellos se ocupaban de la seguridad territorial y de asuntos de la institución militar. En este contexto, Rómulo Betancourt, pese a su reconocido olfato, no percibió la amenaza que significaba Marcos Pérez Jiménez en su posición de jefe del Estado Mayor del Ejército. Luego, y desde esta posición, lideró el golpe contra Rómulo Gallegos del 24 de noviembre de 1948.
Aquí cabe preguntar: ¿quién utilizó a quién? ¿Los civiles a los militares, o al revés? Los civiles querían sus reformas políticas y los militares buscaban el control del ejército. Cuando los civiles comenzaron a estorbar a los militares, se acabó la alianza y vino el golpe del 24 de noviembre de 1948.
Durante el “trienio adeco” no operó la subordinación del poder militar al civil, como si ocurrió a partir de 1958. Lo aprendido con los errores cometidos llevo a Rómulo Betancourt, en su segunda presidencia, a manejar de manera apropiada la relación con el sector castrense. Logró su apoyo y esto fue la clave para derrotar las amenazas de la izquierda y de la derecha que gravitaban sobre su gobierno. Aplicó una metodología de respeto, equilibrio institucional y una acertada política de ascensos basada en méritos.
Con la experiencia vivida, Rómulo Betancourt mostró a partir de 1958 que sí era posible que el poder civil pudiese liderar la relación con los militares. Esto fue darle fuerza al principio de subordinación del poder militar al poder civil previsto en el artículo 179 de la Constitución de 1811. Esta norma proclamaba que “el Poder Militar, en todos los casos, se conservará en una exacta subordinación a la autoridad civil y será dirigido por ella”. Este mandato fue cumplido a partir de 1958, hasta que la crisis política que afectó el sistema de partidos desató nuevamente los demonios militaristas.
El segundo gobierno de Betancourt incorporó a la Fuerzas Armadas a los militares que habían sido excluidos y perseguidos por la dictadura de Pérez Jiménez. El estadista adeco demostró espíritu de colaboración con el poder militar en la búsqueda de los altos fines del Estado. Y todo esto fue afianzado por el prestigio moral e intelectual de los líderes civiles; el acuerdo político que cristalizó en el Pacto de Puntofijo; la fortaleza de los partidos políticos; la alianza con los Estados Unidos; la amenaza del castrismo que unificó al sector militar y la convicción del sector profesional de las Fuerzas Armadas de que había que defender los valores de la democracia y respetar el principio de alternancia del poder.
El 18 de octubre de 1945 no es la fecha en la que se inicia el poder civil en Venezuela, sino la fecha en la que se ratifica la participación militar para decidir los asuntos políticos. El 23 de enero de 1958, al contrario, es la fecha en la que se inicia un proceso de cooperación vigorosa entre ambos sectores. Y esto sirvió de sustento a cuarenta años de gobiernos civiles.
La relación constructiva entre los civiles y militares, en la búsqueda de los valores republicanos, merece apoyo sin reservas. Es lo que le conviene a Venezuela.
Ramón Escovar León
