El flujo de migrantes y refugiados venezolanos en Latinoamérica sigue en aumento y la mayoría enfrenta necesidades básicas, de acuerdo con un informe divulgado el miércoles por la Organización Internacional para las Migraciones y la ACNUR.
De los 5.96 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela acogidas en 17 países de América Latina y el Caribe, tres cuartas partes, 4.37 millones, aún enfrentan dificultades para acceder a alimentos, vivienda, salud y empleo estable.
También se ha disparado como nunca antes el flujo de migrantes hacia Norteamérica por la peligrosa jungla del Darién, en la frontera de Panamá con Colombia, según la OIM y la ACNUR, que formularon un llamado urgente a la comunidad internacional a no dejar solos a los países vecinos que dan acogida a los desplazados.
Colombia, Panamá y Estados Unidos coinciden en que se trata de un fenómeno regional que requiere respuestas conjuntas y coordinadas, para lo que han organizado varios encuentros.
Estados Unidos estudia dar un permiso condicional humanitario para venezolanos que tengan patrocinadores financieros en ese país durante su estadía a fin de permitirles ingresar y disuadirlos de que intenten cruzar ilegalmente la frontera. Las autoridades detuvieron 25.349 veces a venezolanos en agosto, convirtiéndose en la segunda nacionalidad más detenida en la frontera, después de los mexicanos.
“Los flujos continúan aumentando y los movimientos se incrementan cada vez más hacia el norte”, afirmó Eduardo Stein, representante especial conjunto del ACNUR y la OIM para los Refugiados y Migrantes de Venezuela durante la presentación del informe. Apuntó que paralelamente, los refugiados y migrantes de Venezuela continúan buscando oportunidades de integración en el sur, incluyendo Chile y otros países del Cono Sur.
De acuerdo con los hallazgos del análisis, para comprar comida o evitar vivir en la calle, muchas personas venezolanas se ven obligadas a recurrir al sexo de supervivencia, la mendicidad o el endeudamiento, señalan esos organismos de las Naciones Unidas.
Destaca que a pesar de los avances alcanzados a través de diversas iniciativas de regularización y documentación implementadas en toda América Latina y el Caribe, el aumento de las necesidades humanitarias evidencia la necesidad urgente de mejorar la protección y el acceso a servicios y oportunidades de empleo.
Colombia alberga 2,4 millones de venezolanos en su territorio y ha adoptado una política para regularizar su situación migratoria y darles acceso a servicios básicos como educación y trabajo. Sin embargo, cada vez más migrantes venezolanos buscan mejores oportunidades en Estados Unidos y se arriesgan a cruzar desde Colombia la selva de Darién, donde incluso algunos mueren en el camino, para luego seguir su travesía a través de los países centroamericanos con rumbo a Estados Unidos.
El número de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo ha superado los 7,1 millones. Están en gran mayoría alojados en países de América Latina y el Caribe, 5.9 millones, un 84% del total. La mayoría ha estado desplazada durante muchos años fuera de su país y la salida persiste.
El informe resalta que a pesar de la reapertura de las escuelas, muchos niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes siguen enfrentándose a múltiples obstáculos para acceder a los servicios educativos en sus países de acogida, sobre todo, por la falta de cupos o de espacio en las escuelas.
En Colombia, el 29% de los niños, niñas y adolescentes de Venezuela entre los 6 y los 17 años no están matriculados en las escuelas, ya que sus padres y madres no pueden pagar las matrículas y los materiales escolares. En Aruba y Curazao, el valor del seguro obligatorio, el transporte y los útiles escolares impiden la escolarización.
ACNUR y OIM reconocen que los países de acogida han dado respuesta a la crisis adoptando medidas de regularización y facilitando el acceso a salud, educación y otros servicios sociales. Sin embargo, sostienen que la regularización es sólo el primer paso para la integración y debe estar acompañada de políticas que permitan a las personas refugiadas y migrantes ser autosuficientes. Para ello “se necesita urgentemente apoyo internacional”, planteó Stein.
La peligrosa ruta del Darién sigue atrayendo a migrantes hacia la población de Necoclí, un pueblo costero del lado colombiano, donde actualmente se represan cerca de 9.000 migrantes —la mayoría venezolanos— que esperan varios días por una pequeña embarcación para iniciar su camino a la selva en su viaje hacia el norte en busca de mejores oportunidades.
La estatal Defensoría del Pueblo colombiana advirtió que la actual emergencia migratoria es “mucho más grave” que la que se registró en el 2021 con la masiva llegada a Necoclí de migrantes, en su mayoría haitianos, que cruzaban por el Darién.
“La cantidad de personas en movilidad humana que han pasado hacia Panamá supera los 150.000 en comparación con los 134.000 migrantes en todo el 2021. Y la tendencia es a seguir aumentando”, indicó la víspera el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, tras visitar Necoclí.
Los migrantes venezolanos suelen carecer de recursos económicos, cerca de 1.000 viven en la playa en condiciones de mendicidad a la espera de una embarcación, por lo que están más expuestos a ser utilizados por grupos armados ilegales que operan en la zona, advirtió Camargo.
Aproximadamente, el 15% de los migrantes son niños, niñas o adolescentes, quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad en el Darién, una selva inhóspita en la que suelen presentarse agresiones sexuales, robos y trata de personas.
