Es necesario que las autoridades del Estado, en especial la de seguridad y orden, conozcan, apliquen y sanciones, como es debido, la Ley para personas con discapacidad, vigente desde el 2006 y la cual establece claramente el tratamiento que se le deba dar a los venezolanos y extranjeros residentes en nuestro país, que sean discapacitadas.
El planteamiento es formulado por Maximiliano Pérez, coordinador regional de la Red de Instituciones Larenses, quien se muestra muy conmovido por la forma como funcionarios públicos, uniformados, tanto de la Policía del estado como de la Guardia Nacional, e incluso individuos afines al gobierno, están tratando a los discapacitados que necesariamente tienen que acercarse a las estaciones de servicio para adquirir el combustible para sus vehículos.
Manifiesta que no es lo mismo una persona que llegue para solicitar gasolina y en ese momento tenga un brazo fracturado o cualquier otra lesión que una persona discapacitada, ya que la ley especifica que ésta tiene un trato preferencial. Y esa condición es explicable porque la discapacitación es un estado de vulnerabilidad muy importante, ya que quien está afectado no puede permanecer mucho tiempo de pie o sentada.
Como se trata de una ley de orden público, ni los beneficiarios de ella pueden renunciar a la misma, observó. Aún más, el artículo 173 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que las personas que apliquen trato cruel o degradante a los discapacitados tienen condena hasta de tres años.
Es posible que el expendio de gasolina, que se ha tornado en un problema por las dificultades que existen en las refinerías para producir ese combustible, se haya convertido en un negocio muy atractivo para quienes tienen la función de imponer orden en las estaciones de servicio; pero, primeramente, está la Constitución, la ley y el buen sentido humano para comprender que los discapacitados son seres muy delicados de salud y, por tanto, merecen ser atendidos rápidamente para que puedan cumplir sus actividades sin agobio alguno.
El trato que se está viendo en muchas estaciones de servicio es inhumano, cruel y degradante para los discapacitados y, por tanto, las autoridades del Estado venezolano, incluyendo funcionarios de las entidades federales y municipios, deben tener presente la Ley´para personas con discapacidad, porque es una obligación contribuir al estado de salud de las personas más vulnerables.
Los funcionarios no pueden considerarse como unos robocops, insensibles, como unas máquinas que pueden pasarle por encima a cualquiera.
