El presidente de la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), Juan Ángel De Gouveia, presentó el lunes ante los medios de comunicación el Informe Anual 2021, con el objetivo de dar a conocer la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Venezuela y contribuir en su avance.
“Venezuela continúa inmersa en un clima de Emergencia Humanitaria Compleja desde 2018, caracterizada por una profunda crisis económica y política, que se expresa en el debilitamiento de sus instituciones, retrasando con ello los intentos de desarrollo posibles; hoy les presentamos -con base a investigaciones hechas durante el 2021- la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad, tocando puntos álgidos presentes en la realidad venezolana, como: los derechos políticos y electorales, el derecho a la salud, los derechos laborales y de las mujeres”, manifestó el presidente de Consorven.
En cuanto al derecho a la salud general, salud mental y salud sexual y reproductiva, explicó las dificultades que enfrentaron las personas con discapacidad al momento de aplicarse la vacuna contra la COVID-19, expresado en el hecho de que no existió un tratamiento específico para las personas con discapacidad en los Centros de Vacunación
También hizo referencia a los servicios de salud mental que fueron interrumpidos como medida preventiva de contagio por la COVID-19, a pesar de que las personas con discapacidad requerían asistencia continua de estos servicios, así como terapias psicológicas, terapias ocupacionales y terapias de lenguaje.
En cuanto al derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, De Gouveia recalcó que las dificultades económicas son la principal causa que impiden a las mujeres con discapacidad acceder a servicios de salud ginecológica y a la realización de estudios o exámenes de mamas.
“3 de cada 10 mujeres con discapacidad no utilizan métodos anticonceptivos; y de las embarazadas, un 8,1% no pudieron asistir de forma regular al control prenatal durante el embarazo”, destacó.
Asimismo, señaló que “70% de las mujeres con discapacidad sensorial indicaron ausencia de accesibilidad comunicacional para obtener información sobre salud sexual y reproductiva, salud de las mamas y métodos anticonceptivos, y un 48,8% de las mujeres con discapacidad intelectual no han recibido ningún tipo de información”.
Sobre los derechos políticos y electorales de las personas con discapacidad, suscritos en las leyes del país, el presidente de Consorven aseveró que no se han cumplido en su totalidad.
“7 de cada 10 personas con discapacidad no consideran accesible las campañas institucionales realizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE); mientras que 9 de cada 10 personas con discapacidad, no recibieron información del último proceso electoral, y 5 de cada 10 personas con discapacidad motora y 3 de cada 10 personas con discapacidad visual no consideran accesibles los Centros de Votación”, puntualizó.
Al tocar el tema de los derechos laborales, añadió que la exclusión laboral se ha visto incrementada tras las medidas de cuarentena por la pandemia.
“42,3% de las personas con discapacidad nunca han trabajado por razones asociadas a su discapacidad. 73,1% de las personas con discapacidad que nunca han participado en el mercado laboral no han alcanzado estudios universitarios, y un 44,4% no han alcanzado el título de bachillerato”, agregó.
Sobre los derechos de las mujeres, recalcó que estas, y sus cuidadoras, enfrentan una fuerte desigualdad en la distribución de las cargas de cuidado, en tanto deben sostener labores del hogar, de cuidado de niños, niñas y adolescentes y de su propia persona o de la persona con discapacidad.
“Las barreras de accesibilidad se observan en el nivel de percepción de las mujeres con discapacidad ante situaciones de violencia, y en la información que poseen sobre los mecanismos institucionales de protección ante estos casos”.
En cuanto al acceso a la justicia y a los derechos humanos en general, Consorven identificó un caso un adolescente con discapacidad intelectual privado ilegítimamente de libertad, en tanto la ley refiere la inimputabilidad en estos casos. “Igualmente, se identificaron 37 casos por violación del derecho al nivel de vida adecuado”.
Por lo antes expuesto, De Gouveia hizo una serie de recomendaciones al Estado venezolano con el objetivo de minimizar las barreras y que sean respetados los derechos de las personas con discapacidad, tal como lo establece la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y el marco legal venezolano.
“Exigimos se apruebe el Reglamento de la Ley de Personas con Discapacidad, así se establecerán las regulaciones de acceso y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Igualmente solicitamos se cumpla con el registro y certificación de la discapacidad de las personas”, sentenció.
Para el presidente de Consorven es indispensable que se genere un Plan Nacional de Atención a la salud mental de personas y niños, niñas y adolescentes con discapacidad, así como garantizar y promover la existencia, en centros educativos públicos y privados, de personal capacitado para la intervención conductual, ocupacional y de lenguaje y comunicación para personas, así como niños y adolescentes con discapacidad.
Igualmente insistió en la importancia de «procurar mecanismos de comunicación accesibles, aumentativos y alternativos para informar todo lo referente a los procesos electorales, procesos de vacunación masiva y demás políticas del Estado venezolano, “donde se asegure que los centros de votación, centros de salud y centros educativos, cuenten con
infraestructuras accesibles para personas con discapacidad visual y motora».
Exhortó al Estado venezolano a cumplir con la normativa legal que ampara a las personas con discapacidad, en ese particular hizo mención al artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “donde se establece el compromiso a garantizar la adopción de medidas necesarias para que todas las personas puedan obtener ocupación productiva que le proporcione una vida digna y decorosa; también en concordancia con el artículo 28 de la Ley para personas con discapacidad, en donde queda establecida la obligatoriedad de la Administración Pública, en todos sus niveles, así como las empresas privadas y mixtas a incorporar a sus planteles de trabajo no menos de un cinco por ciento (5 %) de personas con discapacidad permanente, de su nómina total, sean ellos ejecutivos, ejecutivas, empleados, empleadas, obreros u obreras.”
Por último, recalcó que se debe hacer cumplir la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y su interseccionalidad en cuanto a mujeres con discapacidad, “a través de la promoción de políticas de no impunidad ante la violencia basada en género y mecanismos que faciliten la recepción y procesamiento de las denuncias referidas”, concluyó.
