Para redactar este artículo contábamos con varios recursos recibidos, entre ellos uno del prestigioso diario peruano El Comercio, en el cual se describía el mecanismo de detención, de desaparición forzadas y de tortura que se desarrolla en Venezuela, con el nombre de los altos funcionarios involucrados, llegando la responsabilidad en tales crímenes hasta la usurpada Presidencia de la República. Pues bien, al abrir el enlace nos encontramos de repente y de manera evidente con la huella de la censura: “Página no encontrada. El recurso se ha eliminado de forma permanente”.
Menos mal, para nuestros propósitos, que el régimen venezolano está tan hundido en estos crímenes en forma incontrovertible, que sobran recursos para procesar la información adecuada a fin de dar una idea de ello de manera escueta en estos mil y pico de caracteres.
Ahora que la inefable Michelle Bachelet salió de su cargo, quien mantenía “amarrada” a la Misiòn de Determinación de los Hechos en Venezuela, Misiòn designada directamente por la Organización de Naciones Unidas (ONU), se ha destapado la olla, no para la denuncia efectista y sin resultados reales, en la cual es especialista la impresentable chilena, con lo que entusiasmó a los buenos ciudadanos que creyeron en su labor, sino para llevar hasta la instancia de la Corte Penal Internacional tales hechos a través de su Fiscal Principal, Karim Khan, con el fin de sancionar aleccionadoramente a los delincuentes que hasta ahora han jugado impunemente con la vida de miles de ciudadanos venezolanos.
Un conjunto de ONG: Provea, Acceso a la Justicia, Arepita, Cinco8, y el Servicio de Información Pública se unieron para ilustrar con sencillez el último informe de la Misiòn antes aludido, pero sin la intrusión de quien presidía la Oficina de la ONU en Venezuela, cuyo nombre ya lo sabemos. En este sentido el Informe nos advierte que no es creíble ningún avance anunciado por el gobierno en materia de Derechos Humanos y como lo afirma Marta Valiñas, presidente de la Misiòn, “…los actos violentos no fueron realizados por individuos al azar y desconectados”. Así mismo, expertos en esta área nos revelan que: “El informe desmiente toda la propaganda oficialista acerca del mejoramiento de la justicia, muestra que no hay un Poder Judicial independiente e imparcial que juzgue estos crímenes”.
Como se lee en el Informe el criminal proceso comienza con la “desaparición” de las víctimas, por días, semanas y hasta meses, hasta que aparecen en un calabozo del régimen con la orden de captura firmada por algún juez penal o militar cuyo nombre no aparece publicitado, sino que lo que se informa es del tribunal que preside. Estos facinerosos de la “justicia” venezolana debemos conocerlos con sus nombres y apellidos en vez de mantenerse en discreta reserva su identidad. Jueces a quienes les llegan en sus audiencias presos con evidentes signos de tortura lo cual pasan por alto. Se agrega en el Informe que funcionarios policiales que practican las detenciones, extorsionan a familiares de los presos y se quedan con objetos de estos, lo cual lo hacen impunemente, pues las instancias judiciales nada hacen al respecto. Estos jueces merecen ser enjuiciados conjuntamente con los esbirros que protegen.
La falta de voluntad política por parte de los más altos funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente usurpador, se evidencia al mantenerse en sus cargos a los directores de los órganos policiales en los cuales evidentemente se cometen tales crímenes: Alexander Granko Arteaga en la Dirección de Asuntos Especiales de la Dgcim, desde 2017; Gustavo González López dirige el Sebin desde 2019; e Iván Hernández Dala en la jefatura de la Dirección de Contrainteligencia Militar desde 2014.
Lo anterior, conjuntamente con el hecho referido y probado incuestionablemente de que los crímenes “…no fueron realizados por individuos al azar y desconectadamente”, viene a llenar los requisitos del tipo penal de crimen de lesa humanidad, descrito en el primer numeral del artículo 7 del Estatuto de Roma: se entenderá como tal crimen cualquier acto que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, tal como asesinatos, encarcelaciones ilegales, torturas, violaciones o desapariciones forzadas. Es decir que esos hechos delictivos obedecen a una política generalizada del régimen que gobierna el país.
Por todo lo expuesto queda claramente demostrado el carácter despótico de la nomenclatura que gobierna a Venezuela y el papel sumiso que juega el Poder Judicial para validar decisiones que no se toman en tribunales sino en los recintos oficiales donde se trazan las líneas políticas con las cuales se controla al país mediante la violencia, una violencia que es física y es también moral, al violentarse la norma legal en perjuicio del Estado de Derecho.
Todo este cuadro de violaciones constantes a los derechos humanos, de forma descarada y publica se revela a cada rato en la dura cotidianidad que enfrentamos en este territorio antes bendito por la tolerancia y ahora convertido en reducto de furiosos e implacables fundamentalismos para quienes la muerte es simplemente una leve penitencia ante el desacato de su vesánica autoridad. Ejemplo de ello es la denuncia que hace el investigador y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Keymer Ávila, respecto de los operativos policiales en Petare que dejaron como saldo once muertos el pasado fin de semana.
A pesar de que la soga se cierra paulatinamente, pero sin cesar, sobre el cuello de los criminales funcionarios que violentan los derechos fundamentales del venezolano, debido a la investigación que lleva la Corte Penal Internacional, ahora con evidencias incontestables y con el respaldo de numerosos países democráticos del mundo, continúan con sus perversos propósitos y prueba de ello es lo sucedido en Petare hace unos días.
Los crímenes de lesa humanidad no se detienen… por ahora.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
