Trabajo de www.correodelcaroni.com
Trabajadores de la constructora privada Aliva Stump y la multinacional Venezolana de Proyectos Integrados (Vepica) marcharon desde la Plaza del Hierro en Alta Vista hasta la casa matriz de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para solicitar al presidente del holding, Pedro Maldonado, la reactivación de las obras correspondientes a la II Línea de Pellas de Ferrominera Orinoco (FMO) y el Área de Planchones de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor).
Los obreros son parte de la nómina de dos constructoras privadas que vinculadas con varios proyectos de infraestructura de las empresas básicas, obras que fueron paralizadas a principios de la pandemia por la directiva de CVG debido a la agudización de la crisis productiva de las compañías durante el confinamiento.
La falta de liquidez que resultó de la paralización de las construcciones ha ocasionado que las compañías deban prescindir de personal, en consecuencia, los trabajadores no asisten a la planta y ganan un salario base de 110 bolívares semanal, sin posibilidad de obtener bonos u otras remuneraciones económicas.
Por este motivo consignaron un documento, el cual fue recibido por personal de la CVG, en el que piden a Maldonado “girar las instrucciones respectivas y las orientaciones pertinentes para que se realice las reaperturas de los proyectos”.
El sitio web de Aliva Stump ofrece información oficial sobre la obra de construcción de FMO, la cual inició en 2017 y debió estar lista en el 2018 tras una inversión de casi 50 millones de dólares. No obstante, la construcción se retrasó durante varios años y se paralizó en el 2020.
Los trabajadores criticaron el hecho de que, tras casi 10 meses desde el levantamiento de la cuarentena, las estatales no hayan solicitado la reactivación de la obra.
“Solicitamos a Pedro Maldonado que reincorpore a los trabajadores a sus puestos de trabajo. Nosotros estamos dejando de recibir pagos que están establecidos en el contrato colectivo como bono de producción, asistencia y tiempo de viaje. Queremos arrancar a trabajar y producir para la nación. Llamamos a nuestro presidente a que mande una comisión para que averigue qué está pasando dentro de los dos proyectos”, vociferó José Calzadilla, trabajador del sector construcción.
Salarios pírricos e incumplimientos laborales
Mientras que la canasta básica alimentaria roza los 400 dólares, los obreros perciben solo 55 dólares mensuales, por otra parte denunciaron que las empresas les adeudan hasta 4 años de vacaciones vencidas. Para solventar la situación, exigen un incremento de 140% en el salario que lo fijaría en 132 dólares mensuales.
“No nos alcanza para nada. El dólar está devaluado. Queremos poder comprarle zapatos a nuestros hijos ahora que viene diciembre. Pedimos que se nos incremente el 140% en sueldo. 110 bolívares gano yo que soy cabillera y con eso no se compra nada. Salimos hoy a comprar una harina y mañana está a otro precio. Uno solo puede comprar medio kilo de queso y harina. No podemos llegar a las utilidades con esa cantidad”, alegó una de las trabajadoras presentes en la protesta.
Por otra parte, los obreros solicitaron la intervención de Maldonado ante las constructoras, alegando que no se están cumpliendo las cláusulas número 44 y 46 de la contratación colectiva, las cuales establecen el derecho al pago de vacaciones y préstamos con garantía en la prestación de antigüedad.
“Instamos a la Corporación que usted preside a instruir a las empresas Aliva Stump y Vepica para que en la brevedad posible, inicien los procedimientos administrativos para conceder a los trabajadores y trabajadoras que lo requieran y soliciten, la ejecución de la cláusula 46 de la contratación colectiva vigente”, reza el documento consignado en la CVG.
En el escrito también exponen que las compañías de creación de infraestructura los habrían desincorporado antes del inicio de la pandemia en contra de su voluntad, alegando “falta de liquidez y morosidad en los pagos de sus proveedores”.
Esta medida fue tomada en el marco de la cuarentena por empresas públicas y privadas para evitar la sobrepoblación en planta ante la falta de producción. En el caso de la CVG, además de paralizar sus proyectos de construcción, se creó la figura de “no requeridos” con la cual se prescindió de los servicios del 70% de los trabajadores de la estatal.
