Trabajo de www.correodelcaroni.com
La ONG Acceso a la Justicia recuerda que solo corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos, como lo establece el artículo 292 de la Constitución nacional.
Sin embargo, no es la primera vez que Nicolás Maduro, en condición de presidente, usurpa competencias ajenas a su cargo e interviene en las que son propias del CNE. Recientemente se refirió a las presidenciales previstas para 2024, pero también a unas megaelecciones para 2025, en las que se celebrarían de manera conjunta las elecciones de la Asamblea Nacional, gobernaciones y alcaldías.
Si bien, ciertamente ese año vence el período constitucional de cada uno de estos cargos, incluyendo legisladores y concejales, corresponde al CNE determinar cómo se organizarán y celebrarán estos comicios.
“Además de una imprudencia, las declaraciones de Maduro suponen una vulneración del principio de separación de poderes, previsto en el artículo 136 constitucional, y también podrían configurar el vicio de usurpación de funciones, pues solo el organismo comicial puede convocar la celebración de elecciones en el país”, destaca Acceso a la Justicia.
Por otra parte, mientras Maduro habla abiertamente de megaelecciones, el CNE guarda silencio.
Los tiempos legales
Toda elección o referendo debe regirse por los tiempos que establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), aunque el mismo órgano rector violó este instrumento en 2017 con las elecciones de gobernadores.
La ONG precisa que en el caso de la Asamblea Nacional electa en 2020, su período expira en enero de 2026, y sus reemplazos deberían escogerse en diciembre de 2025.
En cuanto a los gobernadores, alcaldes, miembros de los consejos legislativos y concejales, cuyos mandatos constitucionales son de cuatro años, deberían tener reemplazo a más tardar en noviembre de 2025, ya que su elección fue en noviembre de 2021.
“De cumplirse el escenario antes presentado, queda en claro que el planteamiento de Maduro de celebrar en una misma jornada los comicios para elegir cargos nacionales, estadales y municipales no tiene asidero legal, y aun cuando, ciertamente las elecciones podrían estar muy cerca la una de la otra, alguno de los dos comicios podría celebrarse antes o después, algo que ya ha ocurrido en el pasado, para así dar tiempo al CNE de organizarlo de manera adecuada”, reitera la ONG.
Capacidades y posibilidades
Acceso a la Justicia destaca que otro punto a considerar son las capacidades y posibilidades del CNE para organizar unas megaelecciones de tal magnitud. El 28 de mayo del 2000 se intentó hacer un proceso de este tipo, pero el máximo juzgado intervino e impidió su celebración.
“Así, en una época en la que en el país aún había Estado de derecho y democracia, la Sala Constitucional en su sentencia Nº 483 de mayo de 2000 suspendió dicho proceso, por constatar que el mismo no reunía las ‘condiciones técnicas que garanticen en términos absolutos la confiabilidad y la transparencia’ requeridas”, recordó la ONG.
Sin embargo, el oficialismo ignora o pasa por alto ese antecedente, ya que en 2021 derogó la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales. Esta impedía que comicios regionales y municipales se celebraran de manera conjunta. “Con esta decisión, el oficialismo abrió las puertas para que en noviembre pasado se escogieran el mismo día, 21 de noviembre, todas las autoridades estadales y locales”.
Las mismas razones por las que en el 2000 se impidieron las megaelecciones, salieron a relucir en 2021. Aunque se celebraron, no cumplieron con los estándares internacionales, como lo denunció la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), que denunció “deficiencias estructurales”.
Ese año, el Observatorio electoral Venezolano cuestionó los lapsos del CNE para organizar dichos comicios, proceso que se hizo solo en 23 semanas.
Venezolanos afectados
Acceso a la Justicia hace hincapié, además en que, la falta de independencia del CNE de Miraflores solo refuerza la desconfianza de los ciudadanos hacia este organismo.
“La propuesta parece otra jugada destinada a favorecer los intereses del oficialismo, con lo cual las posibilidades de que el voto sea un instrumento para dirimir los conflictos y controversias en el país se siguen alejando”, concluye la ONG.
