El tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que presenta pruebas de muchos crímenes de lesa humanidad, no puede ser sólo un trabajo investigativo en el Consejo de Derechos Humanos para evitar que esos graves delitos queden en el aire.
Tiene que ser consignado ante la Corte Penal Internacional, que es la única instancia que puede actuar sobre el Estado venezolano, advierte el doctor Rafael Narváez, quien tiene 38 años como activista de los Derechos Humanos.
Al ser entrevistado por El Impulso, expresa preocupación porque el informe no sea consignado ante la Corte porque la mayoría de los miembros del Consejo de Derechos Humanos son violadores de estos derechos, incluyendo a Venezuela que ha sido integrante durante tres períodos casi consecutivos.
¿Cuán importante es ese informe para la ONU?
La Organización de las Naciones Unidas ya tiene conocimiento de los hechos ocurridos, desde el 2014, en Venezuela sobre violación de los Derechos Humanos.
¿Y para la Corte?
Desde el 2017 la Corte Penal Internacional conoció de esa situación y el actual Fiscal, Karim Khan, que ha venido a nuestro país en dos oportunidades, está investigando los crímenes de lesa humanidad.
La doctora Michelle Bachelet, quien fue la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde el primero de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2022 cuando se le venció su ejercicio y fue nombrado Volker Turk, también estuvo en Venezuela, hizo una experticia y al concluir su trabajo, levantó un informe y lo consignó ante Ginebra y el Consejo de Derechos Humanos, presidido por ella.
La misma doctora Bachelet creó, con la aprobación de la mayoría de ese organismo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, el 27 de septiembre de 2019. Y el 6 de octubre de 2020 el mandato fue prorrogado por dos años hasta septiembre de 2022.
Esta misión presidida por Marta Valiñas e integrada además por Francisco Cox Vial y Patricia Tappatá Valdez, a pesar de que no le fue permitida la entrada a Venezuela, realizó una investigación con métodos científicos muy avanzados.
En su primer informe, la Misión identificó y responsabilizó a funcionarios de alto nivel por los crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y abusos sexuales a detenidas.
En el segundo informe, también consignado al Consejo de Derechos Humanos, se determina que se ha mantenido la conducta sistemática de torturas, represión, vejación y persecución perpetradas por el Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin) y Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), así como las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, en especial.
Si la ONU tiene pleno conocimiento de lo que ha pasado en Venezuela, ¿Qué teme?
Como activista de los Derechos Humanos desde el año 1984, yo he estado planteando con base al tercer informe actualizado, que sí a la Organización de las Naciones Unidas le preocupa la situación de los Derechos Humanos, la verdad y la recuperación de su prestancia, que consigne en una audiencia privada ante el despacho de Karim Khan el último documento de la Misión sobre Venezuela.
No se puede obviar que la mayoría de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos, violan éstos. En este sentido sólo fijémonos que Venezuela ha sido Estado miembro elegido tres veces en ese órgano de las Naciones Unidas, en los períodos 2013-2015, 2016-2018 y 2020-2022. Y en ese mismo lote está Cuba.
Si realmente se quiere que la situación de violación de los Derechos Humanos sea atendido debidamente, entonces, ese informe debe ser llevado directamente a la Corte Penal Internacional.
De lo contrario, seguirá siendo un grupo de países que hace diagnósticos, elabora informes con suficientes evidencias, pero lamentablemente no procede a resolver nada.
Este es el momento para que la Corte Penal Internacional tenga mayor fuerza para actuar, porque ha venido trabajando en el asunto desde hace tiempo.
¿Cómo ha visto la actuación de la Corte?
La anterior Fiscal, Fatou Bensouda, antes de salir del cargo, levantó un informe, el cual le llevó afirmar ante el mundo la existencia de fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte, es decir, delitos de lesa humanidad.
Cuando Karim Khan se despide de Nicolás Maduro, en Miraflores, le informa que la Corte va a realizar las investigaciones sobre Venezuela.
El Fiscal de la Corte suscribe con Maduro, el 3 de noviembre de 2021, el memorándum de entendimiento a través del cual se acuerda que el sistema de justicia mejore, los jueces no sean provisorios y sean investigados los responsables de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, hasta ahora, nada de eso se ha cumplido.
De manera que nos estamos planteando que la única esperanza que tienen las víctimas y sus familiares es la Corte Penal Internacional, y la ONU debe reivindicarse exigiendo acelerar la investigación.
¿Qué le llama más la atención del informe?
En el último informe son identificados funcionarios de alto nivel en los organismos participantes de los delitos investigados, no a subalternos o funcionarios de bajo nivel.
En este sentido están señalados los jefes que han estado al frente del Sebin y de la Dgcim y, por supuesto, a los de mayor rango.
En lo que respecta a la justicia venezolana se han aplicado sanciones a los funcionarios de bajo rango, pero no a los que dieron las órdenes.
Definitivamente, aquí no ha habido un avance en el proceso de justicia, sino impunidad.
¿Qué significa la calificación de “crímenes de especial crueldad”, que aparecen en el último informe de la Misión?
Eso reafirma lo que nosotros investigamos acerca de los crímenes de lesa humanidad. El tema de fondo es que la ONU presiona a la Corte porque no hay otra forma para que se proceda a aplicar la justicia. Los gobiernos que han incurrido en violaciones de Derechos Humanos no se investigan a sí mismos. Aún más, en el caso de Venezuela, el Estado está subestimando la investigación del Fiscal Karim Khan.
Aquí no se ha investigado a quienes asesinaron, el 29 de junio de 2019, al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, víctima de torturas de la Dgcim.
Ni tampoco a los autores del asesinato del concejal Fernando Alban, el 8 de octubre de 2018, en la sede del Sebin.
Ni mucho menos a los cuerpos de seguridad que dieron muerte, el 15 de enero de 2018, a Oscar Pérez y otras siete personas en la denominada Operación Gedeon.
Estos son los casos más conocidos, pero las investigaciones indican que son muchísimos los que ameritan también aplicación de justicia.
Doctor, usted que tiene tanta experiencia como defensor de los Derechos Humanos, ¿Qué plantea en este momento?
Tengo 38 años como activista defensor de los Derechos Humanos y he cumplido esa labor también cuando fui parlamentario, motivo por el cual respaldó ese informe de la Misión, pero lo importante es que el mismo sea consignado a la Corte.
Porque víctimas y familiares de éstos han ido a Ginebra, han formulado denuncias y presentado pruebas de los delitos, se ha consignado documentación de evidencias, y la Misión ha hecho un buen trabajo de investigación.
Además, más de diez países del continente pidieron , hace tres años, al Consejo de Derechos Humanos investigar y hacer un seguimiento a Venezuela.
Como abogado penalista, activista durante 38 años por los Derechos Humanos y cuando fui parlamentario siempre he denunciado con bases en pruebas, estimo muy importante el informe de la Misión; pero, tengo que cuestionar la conducta muy pasiva de la ONU.
Esta organización tiene como exigencia, a través de dicho informe, celeridad a la Corte. No se trata de venganza, sino de reparar los daños a las víctimas y sus familiares. Porque se han cometido asesinatos y los que han sobrevivido a las torturas están sufriendo las consecuencias de los tratos crueles recibidos de funcionarios del Estado venezolano, los cuales han venido gozando de impunidad.
Hay en estos momentos muchísimas personas que se encuentran bajo presentación en los tribunales y unos 240 presos políticos permanecen sin ser llevados a las audiencias y éstas se suspenden cada vez, inexplicablemente.
Como en nuestro país no hay justicia, la única vía para investigar al Estado venezolano es la Corte Penal Internacional, la cual está efectuando su proceso como es debido porque ha hecho su investigación y tiene sus pruebas.
El último informe de la Misión arroja muchos crímenes que no pueden quedar en el aire y, por lo tanto, no debe quedar solo en el Consejo de Derechos Humanos como un trabajo investigativo. Tiene que ser consignado a la Corte.
