Nicolás Maduro insiste en inmiscuirse en asuntos que solo competen a ese organismo, al realizar anuncios relacionados con los comicios, irrespetando de esta manera lo establecido en el numeral 5 del artículo 292 de la Constitución otorga al Consejo Nacional Electoral (CNE) la potestad de «la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos». advierte la ONG Acceso a la Justicia.
«Es muy importante prepararnos para dos años clave de la revolución en lo político: la gran victoria de las elecciones presidenciales en el año 2024 y prepararnos porque en el año 2025 hay elecciones conjuntas de la Asamblea Nacional, de gobernaciones y alcaldes», anunció Maduro el pasado 12 de septiembre, durante la celebración del 14 aniversario de la fundación de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV).
Con estas palabras, Maduro parece vaticinar que en poco menos de tres años el país celebrará unas nuevas «megaelecciones», en las cuales se escogerán, de manera simultánea, 277 diputados al Parlamento, 24 gobernadores de estado, 335 alcaldes, cientos de miembros de los consejos legislativos de los estados y miles de concejales.
Además de una imprudencia, las declaraciones de Maduro suponen una vulneración del principio de separación de poderes, previsto en el artículo 136 constitucional, y también podrían configurar el vicio de usurpación de funciones, pues sólo el organismo comicial puede convocar la celebración de elecciones en el país.
Sin embargo, hasta el momento el árbitro electoral ha guardado un estruendoso silencio, el cual no hace más que reforzar la creencia de que está sometido a los designios del régimen.
Los tiempos legales
La celebración de elecciones debe responder a los tiempos fijados por la ley. El artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) señala que la convocatoria de elecciones es un acto público mediante el cual el CNE fija la fecha de elección para los cargos de elección popular, y el ejercicio de esta función electoral debe hacerse «en concordancia con los períodos constitucionales y legales establecidos» para cada tipo de cargo, como lo exige esta norma.
En el caso de los actuales diputados de la AN, quienes fueron elegidos en diciembre de 2020, sus períodos de cinco años expiran en enero de 2026 y, por lo tanto, sus reemplazos deberían escogerse en diciembre de 2025. De ocurrir esto, sus quinquenios se ajustarán perfectamente al espíritu y letra de la carta magna.
En cuanto a los gobernadores, alcaldes, miembros de los consejos legislativos y concejales sus mandatos constitucionales son de cuatro años y como fueron elegidos en las «megaelecciones» celebradas en noviembre de 2021, a más tardar en noviembre de 2025 deberían elegirse a sus eventuales sustitutos.
De cumplirse el escenario antes presentado, queda en claro que el planteamiento de Maduro de celebrar en una misma jornada los comicios para elegir cargos nacionales, estadales y municipales no tiene asidero legal, y aun cuando ciertamente las elecciones podrían estar muy cerca la una de la otra, alguno de los dos comicios podría celebrarse antes o después, algo que ya ha ocurrido en el pasado, para así dar tiempo al CNE de organizarlo de manera adecuada.
Las capacidades y posibilidades
Además de los lapsos legales hay otros motivos que el árbitro debe tomar en cuenta a la hora de ponerle fecha a una elección: sus posibilidades y capacidades para organizar y llevar a buen término un proceso de semejante naturaleza, el cual no es otra más que «el momento culminante del ejercicio de la soberanía popular y, por ende, el más eminente y respetable», de acuerdo con la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En el pasado, el CNE ya intentó celebrar en una misma jornada la elección de cargos nacionales, estadales y municipales, sin tener las condiciones para hacerlo: las «megalecciones» del 28 de mayo de 2000. Sin embargo, la intervención del máximo juzgado impidió que tuviera lugar una jornada, que lejos de servir para consolidar el sistema democrático venezolano, estuvo a punto de arrojar al país a un vacío y una situación de incertidumbre sin precedentes, debido a la incapacidad del árbitro electoral de hacer valer el principio de un elector un voto y ofrecer unos resultados confiables y creíbles.
Así, en una época en la que en el país aún había Estado de derecho y democracia, la Sala Constitucional en su sentencia n.º 483 de mayo de 2000 suspendió dicho proceso, por constatar que el mismo no reunía las «condiciones técnicas que garanticen en términos absolutos la confiabilidad y la transparencia» requeridas.
La traumática experiencia de las «megaelecciones» planteadas en el año 2000 parece haber sido olvidada por el chavismo, que en 2021 derogó la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, la cual no solo ponía orden en el momento en que debían celebrarse los comicios de gobernadores y alcaldes, sino que impedía que los mismos se celebrarán de manera conjunta. Con esta decisión, el oficialismo abrió las puertas para que en noviembre pasado se escogieran el mismo día, 21 de noviembre, todas las autoridades estatales y locales.
Los últimos comicios regionales y municipales estuvieron lejos de cumplir con los estándares internacionales en la materia. Así lo denunció la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) que monitorea este proceso y aseveró que el sistema electoral venezolano está plagado de «deficiencias estructurales», una de ellas su falta de independencia de Miraflores.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El hecho de que Maduro continúe inmiscuyéndose en las competencias del CNE, y que este sea incapaz de ponerlo en su lugar no hace más que reforzar las dudas que hay entre los ciudadanos sobre la transparencia, confiabilidad y equidad del sistema electoral.
La propuesta parece otra jugada destinada a favorecer los intereses del oficialismo, con lo cual las posibilidades de que el voto sea un instrumento para dirimir los conflictos y controversias en el país se siguen alejando.
