Trabajo de www.correodelcaroni.com
El lunes 26 de septiembre la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela presentó formalmente su tercer informe sobre violación de derechos humanos en el país criollo ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
En el evento participaron una veintena de países que expresaron su preocupación por las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, presentados en el informe.
La semana pasada, el martes 20 de septiembre, la misión de la ONU publicó el informe que consta de dos partes: La misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar.
En el informe sobre el Arco Minero la Misión de la ONU asegura que el Estado Bolívar es un “nodo de comercio ilícito, que va desde el oro y otros minerales estratégicos, como los diamantes y el coltán, o el mercurio, hasta el combustible, las armas y las drogas”.
Durante la presentación del informe este lunes, representantes de Reino Unido expresaron “su preocupación por la violencia generada en el Arco Minero”.
También rechazaron el asesinato de Virgilio Trujillo Arana, líder indígena y ambientalista del estado Amazonas, quien se dedicó a denunciar la presencia de grupos armados en territorios indígenas y falleció el 30 de junio de 2022.
La representación de Países Bajos dio un llamado a las autoridades venezolanas para que se renueve el mandato de la misión y se “proporcione acceso a la misión y aplique sus recomendaciones”.
“Las responsabilidades descritas en la cadena de mando y la situación abominable en el Arco Minero, así como los hechos reportados en materia de derechos humanos son muy informadores”, aseguró.
Datos que el informe revela sobre el Arco Minero
- El informe asegura que la Troncal 10 es “el epicentro de la actividad minera en el estado, ya que las principales comunidades mineras se construyeron alrededor de esta vía”.
- Revela que las cuatro áreas del Arco Minero cubren territorios ancestrales no demarcados de al menos seis etnias distintas que forman 197 comunidades indígenas, y que la creación del proyecto minero incumple con el derecho de la consulta previa e informada. “Los pueblos indígenas han denunciado en los últimos años ataques contra comunidades indígenas por parte de grupos armados criminales en el contexto de la minería”, se lee.
- Alega que el Arco Minero crea “oportunidades para que personas cercanas al poder generen riqueza personal, eludiendo incluso las sanciones internacionales”.
- Asegura que desde el establecimiento del Arco Minero, la minería ilegal se ha extendido exponencialmente más allá de las zonas mineras designadas en los estados de Bolívar y Amazonas. “En particular, la minería ilegal se ha extendido a áreas protegidas, incluyendo los mencionados parques nacionales Canaima y Caura, con impactos ambientales y socioculturales devastadores”.
- Destaca que el oro extraído de las minas ilegales del estado Bolívar ronda el 70% del material producido en el país.
- Dice que en el Arco Minero el oro se procesa mediante dos métodos principales: la molienda a pequeña escala, mediante molinos de oro, y la lixiviación en plantas de cianuración.
- La ONU alerta que la producción de oro al sur de Bolívar causa deforestación, alteración del suelo, contaminación de los ríos con mercurio y degradación de los cauces. “La situación medioambiental del Parque Nacional Canaima es objeto de especial preocupación”, estableció.
- Recomienda al Estado venezolano poner en marcha investigaciones independientes, objetivas e imparciales “sobre los incidentes que conforman los casos ilustrativos en el presente informe, relativos a violaciones de derechos humanos y delitos en el Arco Minero del Orinoco y el municipio de Gran Sabana, en el estado de Bolívar”.
- Recomienda al Gobierno venezolano emprender las medidas necesarias para cumplir los derechos de los pueblos indígenas “tal y como han sido reconocidos por la Constitución y la legislación venezolanas, el Convenio 169 de la OIT y otras las normas internacionales, y en particular sus derechos a la tierra, el territorio y los recursos naturales y a la consulta previa”.
Leer más en Correo del Orinoco
