Las conclusiones del tercer informe de la Misión de Determinación de los hechos de la ONU, caso Venezuela, ratifica las denuncias esgrimidas por esta legítima Asamblea Nacional (AN), afirmó el diputado por el partido Voluntad Popular (VP) Rafael Veloz durante debate en Comisión Delegada de la AN legítima.
Las denuncias estaban referidas a la “extrema gravedad” de violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, cometidas bajo las órdenes de autoridades de la dictadura encabezada por Nicolás Maduro contra la disidencia.
Por lo tanto, afirmó que reciben con beneplácito este informe y aseguró que será difundido en forma masiva con el objetivo de “hacer ver” al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, la veracidad de la información para que conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, “proceda a enjuiciar a los responsables de esos crímenes, en esa máxima instancia de la justicia mundial”.
Williams Dávila, diputado por Acción Democrática (AD), al iniciar el debate, propuso respaldar ante el Consejo de los DD.HH, la prórroga por dos años más del mandato de la Misión Determinación de los Hechos de la ONU, argumentando que los «patrones de persecución no han cesado» y destacó que es la primera vez, que se señala, a la cadena de mando encabezada por Nicolás Maduro, como la persona que daba órdenes a los organismos criminales del Estado, principalmente Sebin y Dgcim, para ejecutar persecución contra la disidencia. Agregó que la Comisión de DDD.HH de la ONU, una vez más, pone en evidencia, «el carácter criminal y el sistema de tortura de este régimen fascista, nazista, comunista» que pretende perpetuarse en el poder.
Mientras que Deyalitza Aray, diputada por el partido Proyecto Venezuela (PV) calificó de “contundente” el informe de la Misión de Determinación Independiente de la ONU que constata el “talante criminal, violador y sistemático de los DD.HH en Venezuela, ejecutados por la dictadura de Nicolás Maduro y recordó que desde el año 2019, este organismo recaba y verifica información suministrada por familiares de las víctimas. Además, investigan la participación de los organismos del Estado para implantar una “acción de terror” contra la disidencia.
Juan Pablo García, diputado por el partido Vente Venezuela (VV) explicó que este tercer informe señala las responsabilidad directa de Nicolás Maduro y su entorno y describe los actos aberrantes de los crímenes de lesa humanidad que han cometido los órganos de inteligencia del Estado (Sebin y Dgcim) y la violación de los derechos humanos en el Arco Minero, en el estado Bolívar. Afirmó que este informe, “surtirá efectos legales ante la CPI” y opinó que las sanciones deben acentuarse “como estrategia de fuerza” para acabar con la tiranía.
En el debate sobre el Informe de la ONU, Yajaira Castro, diputada por el partido Primero Justicia (PJ), subrayó que el referido documento identifica con nombres y apellidos a funcionarios responsables de haber cometido “actos de tortura, tratos crueles e inhumanos degradantes a sus víctimas” y además, determinó que los crímenes señalados pueden dar responsabilidad penal individual como lo estipula la Constitución. Se solidarizó con las víctimas y sus familiares.
Desde el exilio, Rosmit Mantilla, diputado por el partido Encuentro Ciudadano (EC), denunció que en Venezuela, “nadie está exento” de sufrir persecución, encarcelamiento y tortura, reiterando que esta es una “política de Estado”. Recordó las injustas privativas de libertad y «secuestros» contra sus colegas parlamentarios Juan Requesens, Gilber Caro, Gilberto Sojo. De Igual manera, mencionó los casos de los hermanos Guevara, Iván Simonovis y el asesinato del exconcejal Fernando Albán. Ante esto, demandó justicia para todas las víctimas.
