Los elementos del tercer informe de la Misión Independiente de Determinación de hechos sobre Venezuela deben servir de insumo y evidencia para investigaciones en instancias nacionales e incluso en la Corte Penal Internacional, a juicio de Sara Fernández, abogada experta en Derechos Humanos y Derecho Internacional.
Los temas del tercer informe de la Misión fueron: a) los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de estructuras e individuos pertenecientes a los servicios de inteligencia del Estado como parte de un plan para reprimir a personas opositoras al Gobierno; y b) la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar.
En su investigación, la Misión obtuvo testimonios de ex agentes que explicaron a los expertos el modus operandi de las violaciones y los mecanismos de selección de los funcionarios del Sebin y la DGCIM que forman parte de los contingentes de represión. En general, los perpetradores de menor rango son personas jóvenes provenientes de comunidades vulnerables quienes son expuestos a “pruebas” para determinar si tienen sangre fría para cometer abusos y torturas, y para quienes se creó un sistema de represalias en caso de que pretendan negarse a seguir órdenes o beneficios para garantizar obediencia y lealtad hacia la institución. También señala recientes ascensos a perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, la abogada Sara Fernández, que forma parte de la ONG Cepaz y es consultora de otras organizaciones de derechos humanos, comentó que esto deja en evidencia una vez más que estos hechos forman parte de una estructura y un patrón ordenado por el gobierno, y no de hechos aislados. La Misión no es un tribunal, sino que utiliza toda la evidencia con el estándar de prueba de motivos razonables para sacar las conclusiones, estas conclusiones deben ser utilizadas como indicios para que la jurisdicción venezolana investigue. Pero si no quiere investigar puede continuar el fiscal de la CPI con la investigación, pero en todo caso es un tribunal el que debe determinar la responsabilidad individual.
Recordó que ante la justicia internacional no es un argumento válido que funcionarios policiales o militares de mandos bajos o medios se excusen de que seguían órdenes superiores, pues son igualmente responsables más aún si cometieron crímenes de lesa humanidad, lo contrario al sistema de recompensa en Venezuela que los exime de sanciones o investigaciones y, por el contrario, les premia.
Precisó que la Corte Penal Internacional no tiene límites para incorporar a sus investigaciones violaciones que no hayan formado parte del examen preliminar, por lo que nuevos crímenes que forman parte del reciente informe pueden ser investigados si así lo considera, más aun teniendo el nuevo elemento de la premiación reciente a perpetradores.
Recordó que los expertos de la Misión no han tenido acceso al territorio venezolano porque el gobierno no los ha autorizado, “contrario a sus obligaciones como miembro del Consejo de Derechos Humanos; varios Estados incluso en el proceso del Examen Periódico Universal que tuvo Venezuela este año pidieron a las autoridades dar un acceso ilimitado a los expertos para investigar apropiadamente lo que ocurre en el país. Aunque eso no se ha dado no ha sido impedimento para la investigación, ya que la Misión adopta una metodología que le ha permitido estar en contacto directo con las víctimas, además de crear buenos canales de comunicación con las personas que documentan las violaciones en el terreno. La Misión afirmó que entrevistó a 246 personas durante este ciclo del tercer informe que se suman a las entrevistas que habían realizado para los informes anteriores. Si bien es cierto que no han podido ingresar al territorio, han adoptado metodologías que les permite saber de primera mano lo que ocurre en Venezuela”.
Por su parte, Fernando Fernández, abogado y profesor de Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos, se refirió al informe sobre las violaciones en el Arco Minero del Orinoco, que fue otro de los enfoques del trabajo de los expertos de la Misión en esta oportunidad. “Este informe entra a fondo en el tema ambiental e indígena, principalmente en lo que ocurre no solamente en el Arco Minero, sino en zonas aledañas. Es muy importante tomar en consideración algunos elementos de este informe que va al fondo del problema, pues hay hechos que deben llamar la atención no sólo de la Corte Penal Internacional sino de todos los organismos internacionales de la ONU y la OEA”.
El informe –añade Fernández– señala la ilegalidad del Arco Minero, pues no solo no trabaja con criterios de impacto socioambiental, sino que la consulta obligatoria que prevé la Constitución con habitantes de la zona nunca se realizó, ese es un primer elemento de gravedad. Pero además en el caso de Venezuela quien conduce la explotación minera indiscriminada es el propio Estado en connivencia con la Fuerza Armada y no terceros privados como en otros países, por lo que no hay manera de eludir la responsabilidad ni estatal ni individual de las gravísimas violaciones que allí ocurre. Así que tenemos un informe muy importante, que señala hechos graves de responsabilidad tanto del Estado como de personas naturales que realizan estas actividades no solamente como entes del Estado, sino como cómplices de elementos estatales.
En cuanto a la posibilidad de que la Misión sea renovada para un nuevo mandato, Fernando Fernández considera que eso dependerá de la petición y lo exigentes que sean los Estados que lo soliciten, así como el respaldo que obtenga del Consejo de DDHH.
“Desde la sociedad civil hemos mantenido una fuerte campaña para que siga la Misión porque aún hay cosas que faltan por investigar, cosas que faltan por saberse, es importante de que países de la región hayan solicitado la renovación, esto es de suma importancia sobre todo tener en ese grupo a países como Chile y Perú que han comenzado a reconstruir el reconocimiento diplomático con el gobierno de Venezuela, lo que da un mensaje de que independientemente de la búsqueda de soluciones políticas dan prioridad a la situación de derechos humanos en Venezuela”, enfatizó Sara Fernández.
