El Observatorio de Universidades (OBU), prevé cuatro escenarios para la educación superior en Venezuela en los próximos tres meses, entre los que están aumento de la deserción estudiantil, empeoramiento de la infraestructura física y tecnológica, mantenimiento de la conflictividad laboral y manifestaciones de resistencia visibilizadas tanto en el esfuerzo de quienes garantizan la continuidad de las actividades académicas como en las diferentes conmemoraciones a celebrarse en el sector.
La OPSU y la crisis económica promueven la deserción
La sorpresiva decisión de asignar cupos para carreras y universidades que no fueron seleccionadas por los bachilleres aspirantes a través de la plataforma de la Oficina de Planificación para el Sector Universitario (OPSU), truncó las aspiraciones de muchos jóvenes de formarse en disciplinas y casas de estudio de su preferencia. El Sistema Nacional de Ingreso Bicentenario, basado en criterios no académicos, envió a muchos de ellos a estudiar en estados en los que no residen y donde están las universidades territoriales creadas por el Gobierno, en las que la calidad educativa no es prioritaria.
Para el director del Observatorio de Universidades, Carlos Meléndez, la disminución de la población estudiantil se vislumbra en dos planos, en el sector público y el sector privado.
“¿Cómo pedirle a un bachiller que vive en Caracas y que en las opciones de la OPSU optó por estudiar Medicina en la UCV, que se vaya a la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez en San Juan de Los Morros, donde lo mandó el Ministerio? Se les cierran oportunidades y no se les dan alternativas”, señaló Meléndez.
Precariedad de la infraestructura
Un segundo escenario son las condiciones de la infraestructura de las universidades públicas. Con un déficit que raya en el 98% en la mayoría de las universidades autónomas y las que escogían sus autoridades hasta 2010 (el Gobierno no rinde cuentas de la situación financiera de las universidades que controla políticamente), luce muy difícil la posibilidad de desarrollar actividades académico administrativas en condiciones mínimas de calidad.
“Hay esfuerzos de la sociedad civil y de egresados que aportan algunos recursos para remodelar espacios, pero eso no es suficiente. Por ejemplo, en el programa de Veterinaria de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado se reactivó el Hospital de animales con ayuda económica de algunos graduados y empresas, pero no tienen agua ni para el Hospital, ni para los baños de estudiantes, profesores y trabajadores del resto del Decanato. Los laboratorios no funcionan. No cuentan con refrigeración ni reactivos. El hampa ha desmantelado buena parte de los equipos y los espacios desolados son una amenaza para todos”, destacó el director del OBU.
Conflictividad en las calles y a lo interno de las universidades
El llamado al reinicio de actividades se da en medio de enérgicas protestas de los educadores y trabajadores, acciones atizadas, entre otros factores, por la aplicación de lo que se ha dado en llamar el “instructivo de la Onapre”, que, aunque el Tribunal Supremo de Justicia ha señalado como “inexistente”, la realidad es que se traduce en una drástica reducción salarial y el desconocimiento de derechos conquistados tras varios años de lucha. A lo interno, la conflictividad se mantendrá entre autoridades que presionan al personal para que desatienda los llamados a la protesta de los gremios y los trabajadores y docentes que seguirán en la calle.
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv), anunció que, si el instructivo de la Onapre no se deroga, el conflicto continuará. Las continuas protestas realizadas en todo el país, tanto por la aplicación del “instructivo” como por el anuncio del pago fraccionado del bono vacacional, obligaron al Gobierno a modificar el cronograma de desembolsos del bono. La cancelación se dio de manera tardía, lo que generó la reacción de los gremios, que exhortaron a no reintegrarse en el tiempo previsto sino el 3 de octubre, como consecuencia de los 15 días de retraso en la cancelación de las vacaciones.
Aunque el máximo tribunal desconoce el “instructivo”, es un hecho que los sueldos del personal de la administración pública se han reducido entre 30% y 70%, violando las propias convenciones colectivas que ha impuesto el Gobierno y la Constitución de la República. Pese a las multas impuestas a autoridades rectorales y dirigentes gremiales por solicitar ante el TSJ la anulación del “instructivo” de la Onapre, los gremios de trabajadores y educadores volvieron a las calles durante el período vacacional y amenazan con continuar las protestas ante los ministerios y el Poder Judicial.
