El exparlamentario y abogado defensor de los derechos civiles, Rafael Narváez, considera que la ONU «está obligada» a consignar actualización del informe de la misión independiente de determinación de hechos ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, para «reivindicarse» ante las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Así mismo, indicó que el organismo internacional también debe exigir celeridad en la investigación por crímenes de lesa humanidad en el país, lo que afirma le ayudaría a «recuperar credibilidad» ante el mundo.
Sin embargo, señaló que «es más que imposible borrar huellas de la represión sin límites, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos y degradantes con torturas impregnadas de odio y resentimiento, desaparición forzadas de personas y asesinatos ejecutados por los componentes integrantes del ‘Letal Plan Zamora’ en contra de los manifestantes».
«Los gritos de dolor con lágrimas de los presos políticos víctimas de las torturas ejecutadas por funcionarios en los calabozos del SEBIN y el DGSIM no hay pintura que las oculte ,el sistema de justicia es el primer responsable por no procesar penalmente a los responsables y mantener la cadena de mando como intocable», agregó.
Para finalizar el abogado penalista insistió en la «imperiosa necesidad que el sistema de justicia recupere su autonomía e independencia como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».
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El pronunciamiento del exparlamentario venezolano surge en el contexto de la presentación del tercer informe actualizado de la misión independiente de determinación de hechos ante la ONU.
Cabe resaltar que la Misión de la Organización de las Naciones Unidas aseguró que jefes de los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, realizando «acciones ordenadas directamente por Nicolás Maduro».
“El presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel (…) fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia”, destacó el pasado martes una misión internacional de investigación creada por Naciones Unidas para Venezuela.
“El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, se lee en el informe que la misión presentó a la prensa.
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