El tercer, y por ahora, último informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU), abona nueva información sobre la situación de torturas a presos políticos y da otro giro de tuerca para blindar ante la Corte Penal Internacional (CPI) los casos de delitos presuntamente cometidos por altos funcionarios del Estado.
Al menos esta es la visión de activistas y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos en el país, tras conocer el documento de 22 páginas publicado este 20 de septiembre.
En esta oportunidad, el texto se centra en dos temas cuya importancia había sido señalada anteriormente por la Misión de la ONU, y que requerían un examen en profundidad.
Se trata, en primer lugar, de los presuntos crímenes de lesa humanidad promovidos por estructuras e individuos pertenecientes a los servicios de inteligencia del Estado, específicamente, a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), como parte de un plan para reprimir a opositores al régimen.
En segundo lugar, el documento aborda la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas de extracción de oro en el estado de Bolívar.
Para el informe se tomaron en cuenta los testimonios de personas que sufrieron -o tienen pruebas-, de tratos crueles y degradantes, y violencia sexual en el lapso comprendido entre 2014 hasta el presente. Para ello se realizaron 246 entrevistas (140 hombres y 106 mujeres), tanto de forma presencial como a distancia a través de conversaciones telefónicas o de vídeo.
Tratos crueles y violencia sexual
En el caso de la Dgcim, la Misión investigó los casos de 122 oficiales y exoficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y civiles asociados a ellos, que fueron arrestados, detenidos y torturados en este organismo.
La Dgcim que tiene su sede en Boleíta Norte, al este de Caracas, alberga celdas de detención, y cuenta con ocho oficinas regionales, pero adicionalmente, posee una red de centros clandestinos de detención (conocidos como “casas de seguridad”) en todo el territorio donde las personas son llevadas para ser interrogadas y sometidas a torturas.
De acuerdo con el informe, “los actos se llevaron a cabo para extraer una supuesta confesión, obtener información, castigar, intimidar, humillar o coaccionar y en algunos casos para robar dinero u otros bienes. Las sesiones de tortura podían durar días o semanas”.
La Misión encontró motivos razonables para creer que dos individuos que ocupaban cargos de responsabilidad bajos y medios dentro de la sede de la Dgcim en Boleíta estuvieron implicados en este tipo de actos de violencia ya fuera directa o indirectamente. Asimismo, se examinó la conducta de cuatro personas con niveles de responsabilidad medios y altos que “ocuparon o siguen ocupando puestos de dirección de línea y de dirección general. Todos ellos están sujetos a sanciones internacionales”.
Según pudo constatar la Misión, los involucrados habrían participado en actos como: golpes, incluso con objetos como un bate y una mesa; asfixia con bolsas de plástico; uso de la “señorita” –dispositivo de tortura que permite introducir los cuerpos en tanques de agua-; descargas eléctricas a los detenidos, incluso en los testículos; violencia sexual, incluida la violación con palos de madera; colocación de alfileres debajo de las uñas, tortura psicológica, entre otros.
“Las sesiones podían provocar lesiones físicas graves y/o permanentes, así como graves traumas psicológicos y depresión. La Misión ha documentado casos de pérdida de funciones sensoriales o motrices, lesiones reproductivas y al menos un aborto espontáneo, como resultado de los actos detortura infligidos por los agentes de la Dgcim”.
Algunas de las personas privadas de libertad, describieron que las celdas donde fueron ubicadas carecían de luz natural. Relataron que tenían que “defecar en bolsas o botellas de plástico y que se les obligaba comer comida del suelo”.
Política de Estado
En relación con el Sebin, la situación resulta similar. La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, investigó casos, que involucran a 90 víctimas. El principal sitio de reclusión es El Helicoide, ubicado en el oeste de la capital, sin embargo, un exagente del Sebin reveló que también existían “varias casas de seguridad en todos los estados del país, que se utilizaban como centros clandestinos de detención” para opositores.
“Una vez bajo arresto, era práctica común que el Sebin mantuviera a las personas detenidas incomunicadas durante horas, días o semanas, lo que a veces equivalía a desapariciones forzadas de corto tiempo”.
El texto detalla que “la tortura y los malos tratos solían llevarse a cabo en los primeros días de detención, antes de las comparecencias iniciales ante el tribunal, mientras la persona detenida estaba incomunicada. Los actos solían cometerse durante los interrogatorios, para extraer confesiones o información, incluidas las contraseñas de teléfonos y redes sociales, o para obligar a las personas a incriminarse a sí mismas o a otras, en particular a los líderes de la oposición de alto perfil”.
“El Sebin recurría a una serie de métodos de tortura, como palizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posturas de tensión, así como amenazas de muerte y violación, u otras formas de tortura psicológica”. En al menos siete casos revisados por la Misión, los agentes del Sebin perpetraron actos de violencia sexual o de género contra las personas detenidas en un intento de obtener confesiones o información que implicara a otras, o para degradarlas, humillarlas o castigarlas.
“La Misión ha llegado a la conclusión de que estas violaciones, que, como se ha señalado, constituyen crímenesde lesa humanidad, fueron parte de una política deliberada del Gobierno para silenciar, desalentar y sofocar la oposición. Nicolás Maduro, y otras autoridades de alto nivel que le prestaron apoyo, fueron los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia”, asegura el texto.
Elementos para investigar
Para el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, el informe de la ONU es un elemento riguroso que aporta “insumos para la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado en el territorio.
Daniels puntualizó que en el país no se investigan las cadenas de mando, ya que en los delitos denunciados “están involucradas las más altas instancias del Estado”.
Asimismo, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, considera que es importante que la Misión de Determinación de los Hechos continue su labor de investigación sobre Venezuela, ya que no sólo establece la verdad, sino “da una luz a las víctimas para que se haga justicia. “Además de eso, lo que la Misión establezca sirve y servirá como evidencia y soporte para la investigación ante la CPI”, agregó Romero.
Luego de publicarse el primer informe, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas prorrogó el 6 de octubre de 2020 el mandato de la Misión por otros dos años, hasta septiembre de 2022, mediante la resolución 45/20. En este momento estaría por establecerse si habrá una nueva extensión de la labor de investigación, para elaborar un cuarto informe y seguir acumulando evidencia que pueda ser usada ante organismos internacionales.
Violaciones de DDHH en Bolívar
La segunda parte del informe publicado este martes 20, se aborda el tema de los abusos y violaciones a los derechos humanos en la zona del Arco Minero en el noreste de Bolívar.
“La Misión recibió información según la cual las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados criminales han cometido y siguen cometiendo asesinatos; secuestros; torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes; y violencia sexual y de género, especialmente contra las personas residentes y trabajadoras de las zonas mineras del estado de Bolívar”, indica el documento.
Agrega que, por un lado, los grupos ilegales están fuertemente armados y habitualmente entran en conflictos violentos entre ellos o con las autoridades del Estado, pero también, según revelaron “fuentes con conocimiento interno y testigos” existe la connivencia de algunas autoridades estatales con los grupos criminales que operan en ciertas zonas mineras.
Advierte el informe que los grupos criminales ejercen un control de facto sobre grandes zonas mineras de Bolívar mediante incursiones violentas en las minas, puestos de control ilegales (a veces situados cerca de los puntos militares), “extorsión y un sistema de normas aplicadas mediante castigos corporales como palizas públicas, amputaciones y asesinatos”.
De igual forma, se detalla la situación de los derechos humanos en los territorios indígenas y zonas aledañas del municipio Gran Sabana en el sur del estado de Bolívar.
“El análisis de la Misión sobre la situación en el Arco Minero y otras zonas mineras del estado de Bolívar da cuenta, además, de cómo las violaciones de derechos humanos y los delitos se extienden por zonas remotas del país, en un contexto marcado por la criminalidad generalizada, la impunidad y la falta de gobernabilidad. La Misión ha concluido, con motivos razonables para creer, que el régimen y funcionarios específicos detentan responsabilidad por las violaciones de derechos humanos”, apunta el texto en sus consideraciones finales.
