El informe de la misión Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela refleja una monstruosidad que en materia de derechos humanos ha ocurrido en Venezuela, no obstante que hemos tenido regímenes dictatoriales en el devenir de nuestra historia como nación.
Según el Diputado de Voluntad Popular Macario González, coordinador del Bloque Parlamentario de Lara, «es contundente y grave para el régimen de Nicolás Maduro, por lo que la ‘Plataforma Unitaria’ reconoce a través de un documento el valor que tiene por la seriedad con que fue sustanciado».
Distinguió igualmente el valor de los familiares de las víctimas, porque como se sabe, para consignar sus testimonios también tuvieron que superar mucho temor y riesgos.
Se les hace público reconocimiento, dijo, porque igualmente como el informe mismo lo dice, muchos otros casos no pudieron entrar en la investigación debido a que quienes debieron presentar pruebas documentales no se atrevieron a hacerlo.
Desde el punto de vista de la «Plataforma Unitaria» donde siempre hemos denunciado la violación de los derechos humanos perpetrada por el régimen de Maduro, queda demostrado que en Venezuela estamos bajo un régimen dictatorial que se mantiene en el poder por el estado de terror que ha impuesto como la sistemática política de represión para anular a las fuerzas políticas que hacemos oposición, subrayó.
El informe, cita, debe conducir a que se establezcan las responsabilidades del caso y se ponga punto final en materia de violación de derechos humanos.
Los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan orquestado desde los niveles más altos del gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad, según la documentación de la ONU.
En el mismo, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV), detalla las funciones y los aportes de varias personas en diferentes niveles de las cadenas de mando de estos organismos, e insta a las autoridades a que investiguen sus responsabilidades y las juzguen en consecuencia.
Las investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país, lo que conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos.
Están incluidos actos de tortura y violencia sexual, prácticas que deben interrumpirse inmediatamente y los responsables ser investigados y procesados de acuerdo con la ley, según Marta Valiñas, (Portugal), presidenta de la Misión de investigación.
Al respeto, el informe de la mencionada comisión tiene la fuerza de ser una misión internacional independiente nombrada por el Consejo de Derechos Humanos el 27 de septiembre del 2019, en razón a todos los debates en esa materia que se desarrollaban a nivel internacional, estima el Parlamentario larense.
Ya el Consejo de Derechos Humanos no podía desvirtuar o mirar para los lados ante la gravedad del asunto, añadió.
La comisión que además de Valiñas integran Francisco Cox Vial (de Chile) y Patricia Tappatá Valdez (Argentina), tiene 3 años instalada en Venezuela, no obstante que al principio su mandato era por un año cuando presentaron su primer informe el 25 de septiembre del 2020, expresó.
-Este primer informe establece que hay motivos razonables para presumir que en Venezuela se estaban perpetrando delitos que alcanzan la gravedad de lesa humanidad en materia de represión política selectiva, y el trato violento que se le daban a las protestas en el país.
Con base en ello, el Consejo de Derechos Humanos prorrogó su mandato por 2 años más, o sea hasta septiembre del 2022. En el ínterin, recuerda el Diputado, se presentó el 16 de septiembre del 2021 el segundo informe de la comisión ante el Consejo de Derechos Humanos, en el cual se había ya documentado todo cuanto estaba plasmado en el primero.
-Incluido ahora en el tema de la inexistencia de un poder judicial independiente y además, todo cuanto ha ocurrido en el llamado Arco Minero del Orinoco donde, como se sabe, prácticamente rige la ley de la selva demostrándose casos de violencia sexual perpetrados por grupos armados irregulares y también por funcionarios de la fuerza pública.
Así llega la misión a este informe final que consigna en este momento en que se desarrolla el 51 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que está en pleno debate hasta el 7 de octubre de este año, dijo Macario.
Más adelante apuntó: “No hay duda de que bajo el régimen de Nicolás Maduro se han cometido todos los delitos en materia de violación de derechos humanos, razón por lo cual, la “Plataforma Unitaria democrática” ha expresado el reconocimiento a esta misión de la ONU, porque además se tomó el tiempo necesario para adelantar su trabajo”.
-No fue una vista panorámica sino un trabajo como se dice en derecho internacional in situ, es decir, en profundidad, en el que instalado en el territorio nacional y apegado a los principios internacionales de una investigación seria, pidieron prórroga para permanecer en Venezuela, actuando además con transparencia y hasta la nacionalidad de los propios miembros de la comisión demuestran que no proceden de países aliados del gobierno interino venezolano que preside Juan Guaidó.
La referencia de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Venezuela es “demoledora”.
¿Habrá justicia y en adelante se podrá combatir la estructura criminal en el país?
-Ello está contemplado en las conclusiones del informe que solicita al Consejo de Derechos Humanos no bajar la guardia con el caso de Venezuela, porque queda dicho en el informe que compromisos del régimen de Maduro con la alta comisionada de los derechos humanos Michelle Bachelet, surgidos de los informes que aquí hemos mencionado, no se han cumplido, entre otros el del cambio en las estructuras de inteligencia del Estado en la cual permanecen como sus integrantes personas señaladas de ser ejecutoras materiales de la violación de estos derechos, e incluso se señala que a algunos efectivos de estos cuerpos más bien se le han hecho hasta reconocimientos a través de condecoraciones.
También queda dicho en el informe, explica Macario González, que el régimen de Maduro hizo caso omiso a la recomendación de apegar el poder judicial al mandato constitucional de darle carácter independiente.
“Esta última exigencia fue burlada mediante una reforma puntual a la ley orgánica del poder judicial mediante la cual redujeron el Tribunal Supremo de Justicia de 32 Magistrados a 20, pero que finalmente solo cambiaron 8, ratificando 12 del PSUV que ya estaban en ejercicio, y agregaron 8 nuevos también vinculados o aliados de Maduro, de manera que para decirlo coloquialmente la gracia les resultó una morisqueta porque están totalmente al descubierto. Todo fue una vulgar truculencia apoyados en la mayoría que mantienen en la Asamblea Nacional, también del PSUV”.
En otro informe, la misión destaca, además, la situación en el Estado Bolívar, al sur del país, donde actores estatales y no estatales han cometido una serie de violaciones y crímenes contra las poblaciones locales en zonas de extracción de oro.
¿Conoce las bases de algunas conclusiones de los informes realizados en las entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia?
-Todo eso tiene sus correspondientes pruebas en lo dicho por el informe. Por supuesto, por razones de seguridad se mantiene la confidencialidad de las mismas.
Las entrevistas fueron realizadas tanto en personas como a distancia, mediante conexiones telefónicas o de vídeo seguras. Además, se analizaron los expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los incidentes.
La Misión visitó áreas cercanas a las fronteras con el país, debido a que desde su establecimiento en 2019 continúa sin poder acceder al territorio venezolano.
Venezuela sigue enfrentando una profunda crisis de derechos humanos lo que demuestra que la oposición no ha monitoreado de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela y vigile si se están produciendo avances creíbles para asegurar una justicia imparcial e independiente, que garantice la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos.
¿Cuál es su criterio?
-Aquí hemos estado siempre atentos a esa materia, sólo que las instituciones en Venezuela fueron arrasadas y no hay manera de producir los cambios que este informe de la comisión internacional recomienda. En la legítima Asamblea Nacional hay suficientes soportes de los debates que han sido promovidos por las comisiones de política interior, política exterior y la de justicia y paz.
“Por ello es que la ‘Plataforma Unitaria’ en su comunicado exhorta a los factores democráticos a acompañar las luchas en defensa de los derechos humanos, a prepararnos para unas elecciones primarias y escoger unitariamente al candidato que presentaremos en las presidenciales del 2024”.
Enfatizó el legislador larense que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, también mencionados en el informe como corresponsables de la violación de derechos humanos, estaban al tanto de todo cuanto estaba ocurriendo, y que en algunos casos giraron las instrucciones para perpetrar los grotescos hechos que se narran en las páginas del dantesco informe que “creo, hoy por hoy, no ocurren sino en unos 4 países en el mundo, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua y Venezuela”.
Se evidencia que estas torturas, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad son políticas de Estado de la dictadura.
¿Se parecen a las establecidas por el gobierno represivo de Marcos Pérez Jiménez?
-Estas no tienen comparaciones con ningún otro régimen que hayamos tenido en Venezuela en esta materia.
¿Cuál será a partir de este espaldarazo de la Misión Internacional Independiente los pasos a seguir por la oposición?
-No veo otra que hacer todo lo que corresponda para salir de este régimen por la vía electoral. Ello significa lograr la unidad más amplia posible, motivar la participación en avalancha de los electores, y defender el voto.
El análisis de la Misión de la ONU detalla, en definitiva, cómo esta maquinaria del terror fue puesta en marcha por Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel como parte de un plan deliberado del régimen para reprimir la crítica y la oposición.
Las autoridades venezolanas no han investigado ni procesado a los responsables ni proporcionado reparaciones a las víctimas, en un contexto en el cual las reformas anunciadas a partir de 2021 tampoco solucionaron la falta de independencia e imparcialidad que aqueja al sistema de justicia.
