El gobierno colombiano y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) evalúan la posibilidad de un cese al fuego bilateral luego de sostener una reunión al sur del vecino país.
Se trató de un encuentro exploratorio para estudiar el inicio de diálogos de paz con las disidencias de las FARC, quienes no se acogieron al proceso de paz que firmó en 2016 la antigua guerrilla con el Estado colombiano para poner fin a cinco décadas de conflicto armado.
“Un primer paso en un segundo acercamiento debe ser la declaratoria -lo antes posible- de un cese al fuego bilateral acordado por las partes, evitando así más dolor en la familia colombiana”, indicaron los delegados de las disidencias en un comunicado conjunto con representantes del gobierno divulgado el domingo.
En la reunión estuvieron presentes delegados de las disidencias, el Alto Comisionado para la Paz del gobierno, Danilo Rueda, y un representante del gobierno de Noruega y otro de la Misión de la ONU en calidad de observadores internacionales.
Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, dijo a The Associated Press que lograr un cese al fuego bilateral podría tardarse incluso años y entretanto recomendaría apostarle a un cese al fuego unilateral por parte de los disidentes de las FARC en el que suspendan los ataques a la población civil, los asesinatos y el reclutamiento de menores de edad.
En Colombia la violencia no cesó con el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC. Al menos 136 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas entre enero y agosto de este año, aumentando en 27 casos con respecto al año anterior, de acuerdo con la estatal Defensoría del Pueblo.
El actual gobierno de Gustavo Petro se ha propuesto desescalar la violencia buscando diálogos y proponiendo sometimiento a la justicia a grupos armados ilegales, en un ambicioso plan que bautizó “la paz total”.
Aunque aún se trata de una propuesta y no se ha definido cómo y cuándo podría darse un cese al fuego bilateral, algunos sectores en Colombia la han cuestionado. Hernán Cadavid, congresista del partido opositor Centro Democrático, dijo a la AP que se trata de un “gran riesgo” porque según él “paralizaría el accionar de la fuerza pública en el país frente al actuar de los demás grupos armados”.
Ante las críticas que ha recibido su gobierno por el acercamiento con las disidencias, Petro defendió la iniciativa diciendo que los procesos de paz en Colombia siempre han sido criticados. “Yo creo que lo que más hay que criticar es la guerra. Si logramos que todas las personas en Colombia abandonen el camino de las armas, estaremos construyendo una gran nación”, dijo la víspera desde Nueva York, donde acudirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
González Posso advierte que en la reunión exploratoria del fin de semana “no estaban todas las disidencias”. Se refiere a la complejidad que supone iniciar negociaciones con las disidencias de las FARC, que en realidad son más de 20 facciones distintas dispersas por todo el país que no siempre responden a la misma línea de mando, como sí lo hizo durante décadas la antigua guerrilla de las FARC.
Además, ha surgido un debate sobre el reconocimiento político que podría darle el actual gobierno a las disidencias a las que les ha llamado FARC-EP (como se denominaba originalmente la guerrilla ya extinta). Dicho estatus político fue negado por el expresidente Iván Duque (2018-2022) que los llamaba Grupos Armados Organizados Residuales.
“Cumplir con el acuerdo de paz exige ser contundente con las disidencias. Está muy bien que el gobierno busque implementar una política de “paz total”, pero para que sea exitosa hay que pensar con cuidado con quiénes se negocia y de qué forma”, dijo a la AP Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch. “Cuando se negoció el acuerdo era claro que aquellos que no cumplían iban a estar sujetos a todo el peso de la ley. Hoy sería contraproducente iniciar una negociación política con ellos”, agregó.
El gobierno de Petro también ha iniciado acercamientos con otras facciones disidentes como la Segunda Marquetalia liderada por alias “Iván Márquez”, el que fuera el segundo al mando de las extintas FARC y uno de los negociadores del acuerdo de 2016.
Desde Cuba, delegados de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y voceros del gobierno de Petro manifestaron en agosto su disposición para reanudar los diálogos de paz que se suspendieron definitivamente en el 2019, luego de un ataque a una escuela de policías en Bogotá en el que murieron 22 personas.
