Un total de 446 conflictos laborales, reportó en agosto el Observatorio de Conflictos Laborales y Gestión Sindical, del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) la cifra mensual más alta hasta ahora, apuntalada por la exigencia del sector educación a que se les pagará el bono vacacional completo, así como por la solicitud de los empleados públicos de derogar el instructivo Onapre.
A las protestas de los docentes, que representaron 44,62% del total de los reclamos en agosto, le siguió el personal de salud con 15,92% y los trabajadores de las industrias básicas de Guayana con 5,83%.
Los educadores del sector público amenazaban con no incorporarse a las actividades escolares para el inicio del período 2022-2023, si no se les pagaba el bono vacacional completo, ya que el régimen había decidido abonar de manera fraccionada hasta 2023.
A pesar de que recibieron el pago completo, los educadores anunciaron que seguirán en las calles expresando sus molestias por las desmejoras salariales, incumplimiento de la contratación colectiva y pésimas condiciones laborales.
Con el considerable aumento de conflictos durante el octavo mes de 2022 a 446, el promedio fue de poco más de 14 reclamos laborales por día en agosto. Del total, 63,03% fueron concentraciones de calle, 18,49% marchas, 13,45% denuncias, 1,26% paros, y el resto, otras acciones, señala el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).
De los 446 conflictos reportados ese mes, 71,97% contó con el apoyo de sus organizaciones sindicales.
Trabajadores del sector público protagonizaron 95,29% de los reclamos hechos en agosto, mientras que los del sector privado, 4,71%. Los jubilados también estuvieron activos en las protestas. Esperan que se les pague el bono recreacional y se les restituyan otros beneficios.
Por regiones, Bolívar continúa al frente de los reclamos con 18,07%; en tanto Falcón y Sucre tuvieron el segundo y tercer lugar con 7,56% y 6,72%.
Empleados del sector salud instan al régimen a pagar por concepto de uniforme y calzado los 1.300 bolívares que debieron recibir por este beneficio contractual, ya que sólo percibieron 200 bolívares luego de la firma de un acta a mediados de julio entre las autoridades y sindicatos afectos a la administración de Nicolás Maduro. Además, piden aumento salarial, insumos médicos, mejoras en las instalaciones hospitalarias y el reenganche del personal que ha sido despedido por levantar su voz de protesta.
Del mismo modo, trabajadores de las empresas básicas de la Corporación Venezolana de Guayana, denunciaron la obstaculización para el disfrute de vacaciones, el hostigamiento en contra de la masa laboral y una posible privatización de la Siderúrgica del Orinoco ((Sidor), a espaldas del personal obrero, entre otros reclamos.
