Trabajo de: Tal Cual
La propuesta básica de un informe presentado en un pleno de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica es que deben detenerse la deforestación y las actividades extractivas si se quiere salvar la Amazonia. «Hasta 20% de los bosques ha sido destruido, por un pozo de petróleo, por la minería ilegal, incendios, tala, introducción de monocultivos y ganadería», dijo en el encuentro el indígena curripaco venezolano Gregorio Díaz Mirabal, líder de la Coica.
En la Amazonia hay unos 244 millones de hectáreas, una superficie mayor a la Argelia y casi tan grande como Argentina, cuyo bioma está en riesgo al no tener estatus adecuados para su protección, advirtió un estudio presentado este lunes 5 de septiembre en un encuentro de pueblos indígenas en Lima, capital de Perú.
«Hasta 20% de los bosques ha sido destruido, por un pozo de petróleo, por la minería ilegal, incendios, tala, introducción de monocultivos y ganadería», dijo en el encuentro el indígena curripaco venezolano Gregorio Díaz Mirabal, líder de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).
Agregó que los pueblos indígenas de la Amazonia «ya no queremos que la superficie de bosques baje de 80%, porque sería nuestra destrucción».
En el encuentro de la Coica, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) presentó su estudio La Amazonia a contrarreloj: Un diagnóstico regional sobre dónde y cómo proteger el 80% de su bioma.
El informe muestra el tamaño del problema, pues de los 7.004.120 kilómetros cuadrados del bioma amazónico todavía hay 2.441.607 (244 millones de hectáreas) expuestas a actividades extractivas al no contar con el estatus protector de áreas protegidas o de territorios indígenas.
Marlene Quintanilla, de la boliviana Fundación Amigos de la Naturaleza, indicó que las últimas dos décadas han sido las de mayor transformación de la Amazonia.
«Cada año se pierden, en promedio, dos millones y medio de hectáreas. Comparadas con países, cada año se eliminan bosques del tamaño de Haití», expresó.
La Amazonia es compartida por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. Los siete Estados soberanos sostienen desde 1978 la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.
Raisg sostiene que «allí donde hay fuerte presencia estatal se presentan amenazas y presiones o impulsores legales y, donde la presencia estatal es débil, se presentan impulsores ilegales».
Si 20% del territorio ya ha sido transformado, Raisg pide medidas urgentes, en los próximos tres años, para salvar el 80% restante. Seis por ciento tiene una alta degradación y necesita restauración, 41% con bajos niveles de degradación necesita protección, y solo 33 % está intacto.
El análisis revela que el reconocimiento de territorios indígenas –hay 6983 territorios de ese tipo, con 2.418.705 kilómetros cuadrados o 28,6% de la Amazonia– ha sido fundamental, pues solo 4% de esos espacios se ha degradado. En cambio, han sufrido transformaciones 33 % de los espacios amazónicos que no tienen ese estatus o el de áreas protegidas.
La transformación alcanza a 34% del espacio amazónico en Brasil (que a su vez tiene 60,3 % de la Amazonia), a 24% de la boliviana, 16% de la ecuatoriana, 14% de la colombiana y 10% de la peruana.
Los incendios forestales son una ruda muestra de la destrucción: según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil, en los últimos 30 días se registraron vía satélite 31 513 alertas de incendios en la Amazonia, haciendo del pasado agosto el peor desde 2010, cuando hubo 45 018 quemas.
Según la Raisg, la industria ganadera es la mayor impulsora de la deforestación, y representa casi dos por ciento de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, haciendo que buena parte de la Amazonia emita más CO2 del que absorbe.
También deploró que «los bloques petroleros, centrales hidroeléctricas y minas se planifican a lo largo y ancho de la Amazonia. Los marcos legales vigentes generan condiciones para que los Estados concesionen licencias en bosques intactos o territorios indígenas sin el consentimiento libre previo e informado».
Además se señala que las comunidades indígenas y rurales tradicionales son hostigadas y muchos líderes de etnias, ambientales y comunitarios han sido asesinados por la disputa de tierra y derechos: 232 entre 2015 y 2019, y más de 100 solo en 2020.
«El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica es una solución urgente para salvaguardar ese 80 % de la Amazonia. Debemos actuar todos en unidad, y debemos hacerlo antes de 2025», dijo Díaz Mirabal.
Los territorios indígenas –a diferencia de las áreas protegidas– no cuentan con presupuestos específicos de los gobiernos de la región ni son objeto de financiamiento internacional, se recordó en el marco del encuentro.
La propuesta básica del informe Raisg es que deben detenerse la deforestación y las actividades extractivas si se quiere salvar la Amazonia, reconocer los derechos de los pueblos indígenas de la región y tender un nuevo manto de protección sobre los 244 millones de hectáreas que están desprotegidas y en riesgo.
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