“No hay posibilidad de que si Colombia decide retirar la denuncia contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional eso pueda incidir en la investigación que la Fiscalía de ese tribunal inició para determinar responsabilidades por la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país”, aseguró Omar Piñango, abogado y coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, en un Twitter Space en el cual estuvo invitado junto a Andrea Santacruz, directora del Centro de Derechos Humanos de la UNIMET, para analizar las implicaciones que tendría esta decisión del gobierno de Gustavo Petro en caso de concretarse, según lo asomó el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, por considerarlo “un error” del mandatario saliente.
“En la redacción del Estatuto de Roma no hay tal posibilidad de que el retiro de una remisión hecha por un Estado parte de la Corte pueda generar el decaimiento de una investigación, que es la etapa en la que nos encontramos en el caso de Venezuela. Desde el momento en que la situación ha sido remitida a la Corte, la CPI es competente y el o los Estados que hicieron la remisión, en virtud del artículo 86 del Estatuto de Roma, tienen la obligación absoluta de cooperar plenamente con la Corte en la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad; además, porque ha firmado este tratado que es el Estatuto de Roma”, añadió Piñango.
Por su parte, Andrea Santacruz recordó que la investigación contra Venezuela se trató de una remisión no solo de un Estado sino de seis, agrupados en el denominado el Grupo de Lima, entre ellos Colombia, por considerar que en Venezuela estaban ocurriendo crímenes atroces, específicamente de lesa humanidad, aunque precisó que para el momento en que lo hicieron –el 20 de septiembre de 2018– ya la investigación había iniciado de oficio, meses antes, específicamente el 8 febrero de ese mismo año.
Ambos coincidieron en su preocupación por que con sus declaraciones o intenciones el nuevo gobierno de Colombia estaría enviando un mensaje sobre su posición en torno a impunidad en materia de crímenes atroces, como ya ocurrió con Argentina. “Retirar la remisión manda un mensaje que va en contra de la lucha contra la impunidad en los casos de crímenes internacionales, pues la Fiscalía de la CPI ya ha señalado que existen fundamentos suficientes para creer que este tipo de crímenes han sido perpetrados en Venezuela, por lo que sin duda este mensaje de Colombia representa un intento de obstaculizar esa respuesta, esa búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas, y más aún, como sabemos, muchos de los migrantes venezolanos que son potencialmente víctimas de crímenes de lesa humanidad se encuentran en Colombia, entonces como Estado parte está llamado a cooperar con el proceso de investigación”, puntualizó Piñango.
Santacruz añadió otro elemento: “Una preocupación personal es el uso de la Corte Penal Internacional como una herramienta política; la CPI es un espacio de justicia y las expectativas tienen que estar orientadas hacia eso, es complejo de entender. Puede que para muchos haya resultado insuficiente a lo largo de los años, pero a lo que sí debemos apostar es que sea un espacio que se mantenga para la justicia. En consecuencia, utilizarlo con fines políticos le hace un flaco favor a los procesos de justicia internacional, y en el caso particular de Colombia, que tiene una situación de violencia marcada y que incluso tuvo un examen preliminar abierto por muchos años el cual se cerró recientemente con el compromiso del Estado de garantizar justicia dentro de su territorio, pues enviar un mensaje en contra de esto creo que podría afectarlo”.
Piñango recordó que la investigación del caso de Venezuela ante la CPI está en curso una vez cerrada la etapa de examen preliminar que se abrió en 2018. Explicó que esta nueva etapa viene con nuevas prerrogrativas para la oficina de la Fiscalía de la CPI, entre ellas la selección y priorización de algunos casos, la posibilidad de solicitar órdenes de arresto o de comparecencia, de llevar a cabo investigaciones en el territorio, así como otras facultades que tiene esa instancia de esta etapa. Sin embargo, aclaró que aún no se ha hecho público los casos que serán investigados.
