El rechazo a la nueva constitución de Chile triunfó holgadamente este domingo con el 61,87%, según el conteo oficial preliminar, lo que significa que seguirá vigente la carta magna impuesta hace 41 años por la dictadura militar.
El autónomo Servicio Electoral de Chile -que ha contabilizado más del 99% de los votos- precisó que el “Apruebo” obtenía un 38,13%.
En un mensaje televisado a la nación, el presidente Gabriel Boric -uno de los principales impulsores de la nueva carta magna– reconoció que el mensaje de las urnas urge al gobierno y a la oposición a que “ahora sí nos pongamos de acuerdo” e invitó a los líderes de ambas cámaras del Congreso a una reunión en el palacio presidencial para analizar los pasos a seguir.
A su vez, anticipó “prontos ajustes en nuestro equipo de gobierno” y sostuvo que “los desafíos de nuestro país no se agotan en la cuestión constitucional. Como gobierno tenemos la obligación de atender las demandas de nuestros compatriotas…. la inseguridad, la violencia en el sur, el déficit de la vivienda”.
La derrota del oficialismo superó todos los pronósticos de las encuestas, que indicaban que el rechazo al texto, impulsado por la oposición derechista y un sector del oficialismo, ganaría por cerca de 10 puntos porcentuales.
Francisco Chahuán, líder de la centroderechista Renovación Nacional, señaló que “el compromiso de Chile Vamos (la coalición opositora) es una nueva y buena constitución”.
La oposición prometió que si ganaba el “Rechazo” impulsaría un nuevo proceso constitucional. Algunos incluso propusieron una convención para que redacte un nuevo texto, sin embargo, la oposición no ha precisado si impulsará los cambios en el Congreso o en elecciones.
Roberto Funk, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, declaró a The Associated Press que el presidente Boric, que comprometió su gobierno con el triunfo de la nueva carta magna, debe marginar a “las voces más radicales” de su coalición política para encabezar un proceso de negociaciones en el Congreso.
Boric “debe generar un proceso de consenso para llevar a cabo un proceso constituyente”, agregó Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
El plebiscito fue el cierre de un proceso de tres años iniciado en 2019 cuando en Chile -considerado hasta entonces un ejemplo de estabilidad en la región- estallaron protestas callejeras estudiantiles en demanda de más igualdad y derechos sociales. Un año después el 78% del electorado decidió que quería una nueva constitución que reemplazara a la impuesta por la dictadura militar de 1973 a 1990.
La nueva carta magna ponía el énfasis en asuntos sociales e igualdad de género, consagraba derechos a los 11 pueblos originarios chilenos, priorizaba la protección del medio ambiente e introducía los derechos a la vivienda, salud y educación gratis.
El triunfo del “Rechazo” posibilita que siga vigente la constitución de los militares.
Hace dos meses la oposición prometió públicamente que, de triunfar el “Rechazo”, le introduciría a la carta magna una decena de reformas, entre ellas cambiar el actual Estado subsidiario que instauró un modelo de libre mercado por un Estado social de derechos.
“Debemos garantizar el acceso y adecuado ejercicio de derechos sociales en educación, salud, pensiones, vivienda y seguridad social en general, que haga posible una vida verdaderamente libre y digna”, señala el compromiso opositor. La constitución actual deja que el mercado regule el acceso a los derechos sociales y las pensiones se basan en el modelo de capitalización individual.
También prometió reconocer constitucionalmente a los 11 pueblos originarios chilenos y el derecho humano al agua, además de garantizar “igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres” y defender la existencia del Senado, que la propuesta oficialista eliminó.
Al respecto, Boric sostuvo que “no partimos de cero, son muchos los acuerdos que hoy día tenemos, sabemos que en nuestra patria hay injusticias, abusos y desigualdades que deben ser enfrentados”.
