El pueblo nicaragüense sufre la opresión de una de las más brutales tiranías del planeta. La dictadura de Somoza, en contra de la cual lucharon denodadamente los sandinistas que hoy ostentan el poder, resulta pálida ante los atropellos de que es víctima la nación centroamericana. No hay límites de parte del sátrapa Daniel Ortega y de su poderosa cónyuge y vicepresidente, Rosario Murillo, quien encarna la perversidad y el abuso de poder que caracterizan a dicho régimen.
La ayuda que los gobiernos chavista-madurista han brindado a Ortega y a su camarilla a lo largo de los años ha sido generosa, no solo en apoyo financiero, sino mediante el suministro concesional de petróleo a través de Petrocaribe, ha dado lugar a discrecionalidades y corruptelas, en detrimento del interés nacional venezolano. Ello, amén del apoyo que en lo político ha recibido el sandinismo de parte del Foro de Sao Paulo, organización que reúne a más de 120 partidos de izquierda de la región, como de su fachada más potable, el Grupo de Puebla, donde un grupo de expresidentes y líderes políticos del ámbito iberoamericano le hace el juego a dicha tendencia. Recientemente, el Consejo Permanente de la OEA condenó las persecuciones en Nicaragua contra la dirigencia política, las organizaciones no gubernamentales, la Iglesia Católica y los medios de comunicación, contando con el voto favorable de 27 países, uno en contra, cuatro abstenciones y la inexplicable ausencia de Colombia. Es tal la preocupación ante la execrable conducta del régimen liderado por la pareja Ortega-Murillo, que a la condena se sumaron gobiernos de izquierda como Argentina, Chile y Perú.
En 2021 se consumó en Nicaragua un fraude electoral en el cual Daniel Ortega fue reelecto, en circunstancias en que previamente habían sido apresados o inhabilitados todos los candidatos o precandidatos de oposición. Además, el régimen, actuando con mano de hierro, ha clausurado últimamente a más de 1.000 organizaciones no gubernamentales, para un total de 1.268 desde 2018, incluyendo hasta la Academia Nicaragüense de la Lengua y decenas de espacios culturales, científicos o periodísticos. Ortega no ha vacilado en cerrar igualmente organizaciones religiosas o misioneras de trayectoria, expulsó al Nuncio Apostólico, ha arrestado a obispos y sacerdotes, y acusa de terrorista a la Conferencia Episcopal Nicaragüense, y a uno de los obispos de incitación al odio, mientras mantiene bajo custodia a unos diez clérigos. No han faltado tampoco confiscaciones de propiedades a ONG´s, al diario La Prensa, pese a que están prohibidas en la Constitución.
Contra la Iglesia se actúa en venganza ante la continua demanda de la jerarquía eclesiástica de democratización del país y apertura de investigaciones ante la violación de los derechos humanos ocurrida desde el inicio de las protestas populares en 2018. Ortega dispuso además la clausura de varias televisoras y radioemisoras religiosas y ha prohibido procesiones o manifestaciones públicas de fe organizadas por la Iglesia Católica. Para el régimen, la Iglesia no tiene opción sino o guardar silencio ante la situación imperante o someterse sin contemplaciones al destierro o a la cárcel. Ante tales hechos, el Vaticano deploró la expulsión del Nuncio Apostólico, pero la opinión pública y religiosa no han ocultado su malestar por el silencio guardado por el Papa Francisco. Así lo han expresado entre otros 25 exjefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos agrupados en IDEA, quienes han solicitado al Papa una firme postura de defensa del pueblo nicaragüense y de su libertad religiosa, indicando que la persecución a la Iglesia es motivo de preocupación mundial.
La comunidad internacional tiene por tanto el deber ineludible de reaccionar con vigor, pues el pueblo nicaragüense está siendo vejado y oprimido en todos los órdenes por la tiranía gobernante. No basta con la modalidad de sanciones individuales como las impuestas por EE.UU a algunos de sus más conspicuos representantes, las cuales parecen resbalarles, sino que ante la gravedad del atropello a los derechos humanos y a la dignidad humana, deberían entre otros suspenderse temporalmente a ese país los beneficios de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que tiene suscritos con EE.UU. y la Unión Europea, los cuales fueron negociados en bloque con los demás países centroamericanos, teniendo solo en el caso del TLC con EE.UU. (CAFTA), como adherente adicional a la República Dominicana.
Por su parte, el régimen de Putin no solo apoya y suministra armas sin pudor a Cuba y Venezuela, sino que ha incluido a Nicaragua en la lista de sus amigos más cercanos en la región. En el pasado, hemos sido testigos de la presencia de la flota rusa marítima y aérea en dichos países, como una señal desafiante de Putin hacia EE.UU., para mostrar su voluntad de afianzar la presencia en el patio trasero de la nación norteamericana, quizás como respuesta a la de EE.UU. en Europa en el seno de la OTAN, y del suministro de armas a Ucrania en ayuda a la defensa de dicho país. La evidencia más notoria es la expresión de Putin de que Rusia no dejará nunca sola a Venezuela, y el apreciable volumen de armas modernas y asistencia militar que le ha provisto, causante de una enorme deuda y de un desequilibrio geopolítico y armamentístico que con sobradas razones preocupa a Colombia. Lo más grave ha sido la autorización dada a Rusia por Ortega en junio pasado, para el ingreso de contingentes militares en Nicaragua “en casos de emergencia”, en un precedente preocupante.
No hay que olvidar que Colombia mantiene un diferendo con Nicaragua por la delimitación de áreas marinas y submarinas, caso que se ventila en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y cuyas etapas subsiguientes pueden terminar para Colombia en un complejo resultado. Tampoco hay que desdeñar que, en materia geopolítica, varios países, entre ellos Bolivia, Colombia y México brindaron recientemente un precipitado apoyo a la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner ante las acusaciones de corrupción que le ha formulado la Fiscalía del país austral, cuyo trámite compete exclusivamente al Poder Judicial de ese país, como lo es también la retención en Buenos Aires del avión de carga de bandera venezolana, antes iraní, y su sospechosa tripulación.
En suma, no es permisible que el mundo mire hacia otro lado ante un caso tan emblemático y vergonzoso de salvajismo político en nuestra América Latina, donde están de por medio los derechos políticos, la libertad de expresión, de culto, y el respeto a la dignidad de un pueblo, todos ellos pisoteados por el régimen sandinista. La excusa de algunos gobiernos de izquierda de la región sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros países, no es de ninguna manera válido ni justificable en el caso de Nicaragua, como tampoco lo debe ser respecto a Cuba o Venezuela, donde también son mancillados. Los derechos humanos y la dignidad del hombre representan un valor consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y por ello no es moralmente aceptable que ningún país se escude en dicha falacia para lavarse las manos ante tan significativos atropellos. La ONU reconoce incluso la responsabilidad de proteger a un pueblo cuando un Estado no logra hacerlo, o en casos de genocidios, cuando se atropella el derecho internacional humanitario. Deplorablemente, el derecho a veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad, hace muchas veces inoperante dichos principios De allí que el sistema internacional nacido en la posguerra muestre hoy su obsolescencia, y requerirá por tanto revisiones que, pese a su urgencia, no se vislumbran aún en la actual agenda global.
Pedro F. Carmona Estanga
