Desde Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco, trabajadores de la administración pública denunciaron las problemáticas que están atravesando por el “pírrico” salario que perciben luego de la eliminación de los contratos colectivos y la implementación del memorándum 2792 y el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto.
Este 1 de septiembre con actividades en dos puntos de la ciudad, Jardín Botánico y Plaza Farreras, representantes del sector educativo, salud, empresas básicas y defensores de derechos humanos condenaron la vulneración de los beneficios y derechos contractuales. Además, afirmaron que continuarán en la lucha hasta que las autoridades nacionales restituyan las conquistas laborales.
Eradio Armario, presidente del Sindicato Unitario de Magisterio (Suma Heres), expresó que los trabajadores públicos continúan en la calle en rechazo a las precariedades a las que son sometidos junto a sus familias por no satisfacer las necesidades básicas.
El representante gremial alertó que con el salario actual y el incremento de los productos y servicios luego del alza del dólar paralelo y oficial, los empleados públicos no pueden pagar siquiera un pasaje cuyo monto es de tres bolívares.
“Este Gobierno está matando de hambre y miseria a las familias venezolanas sin acceso a la salud, a la vivienda y a la educación. Los trabajadores seguiremos en calle hasta lograr la derogación del memorándum 2792, del instructivo ONAPRE, la liberación para los sindicalistas privados de libertad y las firmas de las convenciones colectivas pendientes”, dijo.
Los trabajadores también exigen el rescate de primas y bonos para el sector educativo, recuperación de seguro médico y funerario, pago de las prestaciones sociales y la cancelación de los 10 mil bolívares para los jubilados entre 2018 y 2022. Igualmente, reclaman la discusión y firma de la convención colectiva y el pago de 280 % por la II convención colectiva firmada en 2018 para los educadores. Solicitan el pago de las prestaciones sociales y el cumplimiento de los artículos 89 y 91 de la Constitución.
Además, demandan la homologación para los trabajadores del sector universitario y el pago completo por concepto de uniformes para el sector salud, así como la dotación de los hospitales.
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