Llama poderosamente la atención que sectores de la vida nacional, en particular quienes dicen representar la oposición al régimen, no hayan mostrado interés en saber qué ha pasado con el Boeing 747-300 de carga, propiedad de la empresa iraní Mahan Air y ahora de Emtrasur con la matrícula YV 3531, que está retenido, desde el 8 de junio, en el aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, y cuya incautación ha solicitado la justicia de los Estados Unidos por violaciones a la ley de control de exportaciones en la venta del aparato.
El asunto ha tenido grandes repercusiones en aquel país, en Uruguay, Colombia y los Estados Unidos; pero, no así en Venezuela, ya que sólo se ha tenido la opinión desgañitada del régimen y de nada han valido las gestiones de los abogados contratados para recuperar el aparato.
La observación es hecha por el doctor Miguel Soto, conocido profesional del Derecho en el estado Lara, quien considera que la decisión tomada por el juez federal argentino Federico Villena, quien tiene a su cargo el caso, de rechazar la petición del abogado Maximiliano Rusconi, quien se ha presentado como representante del gobierno de Venezuela, es lógica porque –y aquí surge la pregunta de rigor: ¿Cómo es que el avión es de una empresa privada y él consigna un “poder especial judicial” del Estado venezolano? ¿Y por qué la oposición, que debe estar pendiente de todo lo que hace el régimen, no se ha pronunciado al respecto? ¿Es que acaso no le merece interés un hecho en que de por medio se toma en cuenta la posibilidad de que en un avión venezolano estén unos iraníes, entre ellos un miembro de un ejército terrorista, como supuestos instructores de vuelo?
Emtrasur
Para tratar de entender el asunto, conviene recordar que la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur, S. A. (Emtrasur) fue creada el 19 de noviembre de 2.020, según consta en la Gaceta Oficial Nro. 42.011, mediante el decreto 4.379 de Nicolás Maduro. Quedó adscrita al Ministerio de Transporte como filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S. A (Conviasa) y su centro de operaciones es la base aérea El Libertador, en Maracay, estado Aragua.
Esta compañía tiene como finalidad, de acuerdo con la decisión oficial, potenciar la importación y exportación a través de operaciones de carga entre Venezuela y Asia, Medio Oriente y América.
En otras palabras, claramente, es una empresa del Estado venezolano que compite con las del sector privado.
Inició sus actividades el 21 de enero de este año con el Boeing 747-300, cuya capacidad es de 90 toneladas y 600 metros cúbicos. Pero, ese día, apenas trasladó 24 toneladas de medicamentos, insumos y material médico, desde Bielorrusia a Caracas.
Viaje
El 4 de junio el aparato salió a Querétaro, México, para recoger unos repuestos de vehículos y llevarlos a Argentina, dos días después, como en efecto ocurrió. Con el propósito de llenar sus tanques de combustible despegó de Ezeiza hacia Montevideo, pero las autoridades uruguayas no le permitieron que llegara porque habían sido advertidas de que la nave era sospechosa al tener un requerimiento de la justicia estadounidense.
Cuando volvió a Ezeiza esa sospecha cobró mayor fuerza por ser excesiva su tripulación para un aparato de carga, ya que estaba conformada por 19 individuos, entre los cuales el capitán, Gholamreza Gashemi, tenía el mismo nombre de un miembro de Al Quds, cuerpo élite de la Guardia Revolucionaria Islámica, considerado terrorista vinculado a Hezbolá, según informes del FBI. Con él también aparecían otros cuatro iraníes como parte de los técnicos que asesoraban a los venezolanos en la operatividad del avión.
Las investigaciones determinaron que efectivamente el sospechoso era el hombre identificado por los servicios de inteligencia estadounidense como un terrorista y que los iraníes no eran realmente instructores de vuelo.
Durante el proceso investigativo, que incluyó allanamientos en el hotel donde se hospedaba la tripulación, fueron encontradas, en poder del capitán iraní, fotos y videos de armamentos y aparecía acompañado de jerarcas de Al Quds, entre ellos el célebre Qasem Soleimani, muerto en Irak en un ataque selectivo con un dron de los Estados Unidos. Estos hallazgos hicieron que el juez haya impedido que los iraníes pudieran salir en libertad.
Para ello, la justicia ha aplicado la Ley de Migraciones, la cual establece en caso de sospecha fundada de que la real intención que motiva el arribo de la persona difiere de la misma no se autorizará su entrada al territorio argentino y deberá permanecer en las instalaciones de ingreso.
Asesinato
Hay mucha tela que cortar en este caso, porque no sólo los argentinos han trabajado en la investigación sino también las autoridades paraguayas y colombianas, ya que en el entramado de los tripulantes se descubrieron vínculos con sujetos que participaron en el asesinato del fiscal Marcelo Pechi, quien en su luna de miel, fue atacado a tiros en presencia de su esposa en Colombia, a donde había ido desde Paraguay, en mayo de este año. Antes el avión de Emtrasur había hecho un vuelo a este último país, donde los investigadores señalan que se encuentran sujetos de Hezbollah.
Confiscación
El caso del avión es muy complicado porque, además del juez federal argentino, está actuando la Corte del Distrito Columbia, de los Estados Unidos, que alega la confiscación del aparato por violar las leyes de control de exportaciones locales por transferencia no autorizada de la nave de Manhar Air a Emtrasur.
Las investigaciones han cobrado mayor fuerza por parte de los Estados Unidos cuando se ha determinado que, entre febrero y mayo, permitió que el Boeing volara de Caracas a Teherán y Moscú, precisamente cuando el gobierno ruso intensificaba la invasión a Ucrania, la cual había comenzado el 24 de febrero.
El aparato fue incautado ante el pedido hecho por un tribunal de Columbia, de Washington, por violación de las leyes de control de exportaciones de los Estados Unidos relacionadas con la transferencias no autorizadas al avión de Manhan Air.
Acciones
Las acciones tomadas por la justicia argentina y el pedido hecho por un tribunal de los Estados Unidos se deben a que existe un tratado entre éste último país y la República Argentina, dice el doctor Soto. Es obligatorio haber pedido permiso a la empresa estadounidense que construyó el aparato para que el dueño de la nave la venda a otro.
Esa es una condición de venta, precisó. Nadie puede comprarlo y venderlo sin el permiso del fabricante, porque las leyes que rigen el transporte aéreo obligan a los fabricantes a tener un control sobre las aeronaves que hagan.
Nunca se pierde esa relación entre el fabricante y el avión, añadió. Al no cumplirse esta norma procede la justicia.
Por otra parte, hay un aspecto muy importante que ha sido tomado en cuenta con la retención del aparato por parte del tribunal argentino que tiene el caso. Y es que en la Argentina se ha considerado que terroristas iraníes tuvieron participación en en el atentado contra la embajada de Israel, que causó 29 muertes, en marzo de 1.992; y en la bomba que estalló en la Asociación Mutual Israelita Argentina, donde hubo 22 muertes, en 1.994.
Aparte de eso, el tema de la ruta del avión no está bien preestablecida, pero existen indicios de que el aparato fue utilizado para transportar terroristas y armamento, por supuesto, antes de que la empresa iraníe lo traspasara a Venezuela.
El avión no fue retenido porque se le ocurrió a Migración y a un juez hacerlo, ni como dijo Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez, de que se lo habían robado y lanzaron todo tipo de acusaciones contra la fiscal, el juez y el propio gobierno argentino.
La razón fundamental es que ha predominado el elemento terrorista en las sospechas de la empresa iraní que tenía ese Boeing y luego se lo traspasó a una nueva empresa del Estado venezolano.
Muy mal ha manejado el caso el régimen de Maduro porque primero dijo que era del Estado y luego dice que es una empresa privada, pero autoriza a un abogado para hacer el reclamo. Y además formular acusaciones que no le ayudan en nada.
Hay muchas sospechas acerca de las relaciones entre Venezuela y el gobierno iraní, aumentando las mismas la negociación de ese avión.
Y cuando surge la pregunta: ¿Podrá Maduro recuperar el avión? La respuesta ahora es que es muy difícil porque ya ha sido confiscado por la justicia estadounidense. Y lo más grave es que la empresa iraní, que violó las normas con la empresa fabricante, está sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. Y la administración de Maduro también, terminó sus declaraciones el doctor Soto. Es complejo el caso.
