De acuerdo a la ONG venezolana Centro de Justicia y Paz (Cepaz), al menos 300 casos de persecución y criminalización ocurrieron en el país contra individuos, tanto civiles como militares, y organizaciones no gubernamentales en el primer semestre de 2022 por parte de la administración de Nicolás Maduro.
“Estas cifras evidencian la existencia de una crisis en derechos, agudizada por la persecución contra toda persona u organización considerada enemiga o disidente de la política del Estado venezolano”, destaca la organización en el informe publicado su sitio web.
En este orden de ideas, indicaron que del total de casos identificados, 96 fueron contra trabajadores de medios de comunicación (32 %), siendo la categoría de personas “más perseguidas”, al mismo tiempo que “también contra 93 agentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) (31 %) y 69 personas vinculadas con la política (23 %)”, fueron criminalizados.
Asimismo, Cepaz detalló 27 actos de persecución contra la población en general (9 %) y contra 15 organizaciones de la sociedad civil y activistas (5 %).
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“En cuanto al género, los casos de persecución y criminalización se disgregaron de la siguiente forma: 37 actos contra víctimas mujeres y 176 actos contra víctimas hombres. En 87 de los casos documentados, las víctimas no pudieron disgregarse por género, porque afectaron a un colectivo de sujetos”, explicó la ONG.
Con respecto al mes con mayor cantidad de casos fue junio, donde se registraron al menos 125 casos de persecución, seguido de enero con 55.
“El número y el análisis de los casos de persecución y criminalización ejercidos por el Gobierno de Nicolás Maduro da cuenta de que no se trata de hechos aislados, sino que existe una política de Estado de atacar, a través del ejercicio de patrones específicos, a determinadas personas o grupos de personas”, agregó el organismo.
Para finalizar, sostuvieron que “desde Cepaz insisten en la necesidad e importancia de mantener estos mecanismos de seguimiento vigentes en el sistema universal de derechos humanos, hasta tanto sus recomendaciones hayan sido cumplidas, alcanzado la restitución y garantía en el ejercicio de los derechos civiles, sociales políticos y culturales, así como un espacio cívico seguro y democrático”.
