La presencia en la zona minera del estado Bolívar de grupos narcoterroristas colombianos y grupos delincuenciales en general, se debe a las actitudes complacientes y displicentes de facciones de las Fuerzas Armadas venezolanas al servicio de los intereses de la cruenta dictadura madurista.
El pronunciamiento lo hizo la diputada por el Estado Bolívar, y presidenta de la Comisión de Política Exterior de la legítima Asamblea Nacional electa en el 2015, y miembro de la Comisión delegada, advirtiendo que en forma complaciente han cedido el control territorial a estos grupos, en detrimento de los pueblos originarios que hacen vida en los estados Bolívar, Amazonas y Apure.
La parlamentaria recordó que el pasado 15 de agosto se inició la operación militar Escudo Bolivariano Autana Y 2022 en el estado Bolívar, informando el ZODI que el objetivo de este operativo es de “desmantelar grupos subversivos y guerrilleros” que operan en la zona.
“La realidad es que han permitido y amparado la presencia de estos grupos delincuenciales, con el propósito de explotar las riquezas minerales y esquilmar nuestras tierras, obligando a la población originaria a huir de sus tierras, con destinos inciertos; clara demostración es el ecocidio llevado a cabo en el Arco Minero”, aseveró la parlamentaria.
“Unos 13.000 indígenas de Amazonas han salido hacia Colombia y Brasil desde 2019 por la crisis económica y la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios, según información de la organización no gubernamental Fundaredes; también huyendo de las amenazas y la delincuencia que se apoderado de las zonas mineras que se encuentran en sus tierras ancestrales; todo con la anuencia del régimen de Nicolas Maduro”, afirmó la diputada Lozano.
Como en otras oportunidades, pobladores locales dedicados legalmente a la minería, han señalado y denunciado la presencia de grupos irregulares amparados por militares al margen de la constitución y las leyes.
A propósito de esta nueva operación militar Escudo Bolivariano Autana I 2022; Karina Ríos, residente de la comunidad de Las Minas en el kilómetro 50, jurisdicción del municipio Sifontes del estado Bolívar, comentó y denunció a Radio Fe y Alegría en nombre de los habitantes, los presuntos abusos y violación a sus derechos durante la ejecución de la operación militar.
“El Estado, secuestrado por la dictadura y teniendo como brazo operador a las Fuerzas Armadas y en connivencia con grupos narcoguerrilleros y crimen organizado, violan flagrantemente la soberanía nacional y el Artículo 12 de nuestra constitución nacional, que dice: “Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles” , así como el Artículo 14 que reza que: “La ley establecerá un régimen jurídico especial para aquellos territorios que por libre determinación de sus habitantes y con aceptación de la Asamblea Nacional, se incorporen al de la República” y el Artículo 13 que determina que “El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. El espacio geográfico venezolano es una zona de paz”, aseveró la parlamentaria.
Entre las comunidades indígenas amazónicas que están siendo afectadas por la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios están: Uwottüja, Jivi y Yanomami, quienes son víctimas de persecución, hostigamiento y asesinados.
“Las razones de tanto atropello son claras y parten desde el momento de la usurpación del poder por parte de la dictadura de Nicolas Maduro, lo que le ha permitido la cooptación de las instituciones del Estado y sus Fuerzas Armadas, para ponerlas al servicio del robo del erario, nuestros recursos minerales y las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y perpetración de crímenes de lesa humanidad, en aras de permanecer en el poder. La solución, rescatar la democracia y la república a través de la convocatoria de elecciones justas y libres, y la consecuente restauración del estado de derecho y las instituciones”, precisó la Diputada Lozano.
