El fiscal federal del juicio a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner pidió el lunes una condena a 12 años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargos públicos tras acusarla de haber adjudicado de forma irregular decenas de obras viales a un empresario allegado.
Al pedir la pena para la también exmandataria por los presuntos delitos de asociación ilícita y fraude al Estado durante su gobierno (2007-2015), el fiscal federal Diego Luciani dijo que “estamos ante la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. La fiscalía calculó la defraudación en alrededor de 1.000 millones de dólares.
La exmandataria niega los cargos y manifestó a través de sus redes sociales que “no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial”.
“La matriz de corrupción permanece intacta y no ha podido ser desterrada… es necesario a partir de este caso producir una modificación trascendental”, sostuvo Luciani. “Es corrupción o justicia, ustedes tienen la decisión final”, agregó dirigiéndose a los jueces del tribunal.
Apenas concluido el pedido de condena contra la dirigente de centro-izquierda, el presidente Alberto Fernández —un abogado experto en derecho penal— expresó en Twitter que “hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta”.
Este es el primer pedido de condena contra la expresidenta en la docena de causas judiciales por diversos delitos que se iniciaron en su contra, algunas de las cuales fueron cerradas y otras continúan bajo investigación.
Fernández de Kirchner, de 69 años, está acusada de haber liderado una asociación delictiva que benefició con unas 51 obras viales -muchas de ellas no terminadas- al empresario Lázaro Báez en la provincia sureña de Santa Cruz, así como de fraude en perjuicio de la administración pública.
Según la fiscalía, la empresa Austral Construcciones que encabezaba Báez fue una estructura creada para extraer fondos del Estado mediante el direccionamiento de licitaciones y cuando concluyó el mandato de Fernández de Kirchner la empresa desapareció. “Austral Construcciones sólo podía subsistir con el amparo y la anuencia de la entonces presidenta”, sostuvo Luciani.
Otras 12 personas están imputadas, entre ellas varios exfuncionarios y Báez. El fiscal pidió 12 años de prisión contra el empresario y 10 años para el exministro responsable de las obras públicas, Julio De Vido.
Se prevé que el tribunal dicte a fines de año la sentencia, que puede ser apelada ante diversas instancias y no tendrá validez hasta que no esté firme.
Poco antes del alegato del fiscal, la vicepresidenta adelantó en sus redes sociales que instruyó a su abogado Carlos Beraldi a solicitar una ampliación de su declaración indagatoria en la audiencia de este martes.
Como el tribunal rechazó la solicitud, la exmandataria adelantó que el martes “a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales”.
El alegato del fiscal dejó expuesta la grieta que genera la figura de la vicepresidenta en la sociedad argentina. Un nutrido grupo de ciudadanos con banderas argentinas y golpeando cacerolas se manifestó a favor del fiscal y contra la vicepresidenta justo frente a su apartamento en Buenos Aires.
En el mismo lugar, partidarios de Fernández de Kirchner gritaban “si la tocan a Cristina que quilombo (lío) se va a armar”.
Ante la inminencia de un choque entre ambos bandos justo en la puerta de la residencia de la exmandataria, la policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos. No se reportaron heridos.
“No hay golpe de puño, amenaza e insulto de la vicepresidenta que tuerza el valor que tiene la Justicia independiente para los argentinos”, manifestó Patricia Bullrich, presidenta del PRO, uno de los principales partidos de la oposición.
Por su parte, el gobierno nacional condenó en un comunicado “la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta” y aseguró que es una «búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos”.
“Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del derecho penal moderno”, agregó el comunicado.
La vicepresidenta enfrenta otras cinco causas judiciales por presunta corrupción, desde uso irregular de aviones presidenciales hasta el pedido de sobornos a empresarios a cambio de adjudicación de obra pública.
Teniendo en cuenta los antecedentes de otras sentencias de corrupción, como el caso del fallecido expresidente Carlos Menem (1989-1999), si la vicepresidenta es condenada pueden pasar años antes de que deba cumplir con la pena. Además, la ley no le impide presentarse a cargos públicos hasta tanto la Corte Suprema —última instancia— no se pronuncie de manera definitiva.
Además, en febrero de 2023 cumplirá los 70 años y puede solicitar el beneficio del arresto domiciliario.
