Cada día disminuye el volumen de agua que cae a la represa Dos Cerritos, la principal fuente de suministro de agua potable a los municipios Morán, Jiménez e Iribarren.
Según el ingeniero Rubén Hurtado, quien se desempeñará como director regional del hoy desaparecido Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARN), aunque se han presentado proyectos para impedir la devastación en esa región, persisten las causas potenciales del problema, en el cual hay elementos perturbadores socioeconómicos, falta de control de las autoridades, ausencia de estrategias políticas ambientales y carencia de recursos económicos.
Es muy complejo, asienta, y se remonta a medio siglo cuando comenzó la ocupación ilegal de las tierras baldías en la parte alta de la cuenca.
Familias enteras de campesinos muy pobres se instalaron en esa zona y sin que las autoridades comprendieran la magnitud que iba a tener la situación, dejaron que los ocupantes se dieran a la tarea de talar, quemar y acabar con los suelos para llevar a cabo sus cultivos diferentes a los que se podían permitir para preservar la cuenca.
Por supuesto, en una zona carente de servicios tan elementales como el de la electricidad y el gas, utilizaron la madera de todos los árboles que podían derribar para hacer sus fogones.
Como se trató de una ocupación sin planificación alguna, desde el mismo principio no se tomaron en cuenta las consecuencias que traería la devastación que, desde entonces, ha venido ocurriendo y, a medida que transcurre el tiempo, con mayor gravedad.
Aunque existen leyes, reglamentos y decretos, no ha habido estrategias en el manejo de la cuenca.
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Hubo buena disposición en la creación del parque Dinira (que en lenguaje de los indígenas significaba algo así como la leche de crianza) para establecer restricciones en el uso de las tierras, no se pusieron en práctica los estrictos controles que han debido imperar.
Igualmente fue muy buena la cooperación que brindó el Banco Interamericano de Desarrollo (BiD), ya que fueron destinados recursos dirigidos a las familias campesinas, a objeto de darles preparación para el buen uso de la tierra y, por supuesto, mejorar sus condiciones socioeconómicas.
Sin embargo, tras cumplirse la primera fase no fue posible continuar con la segunda, ya que el Ejecutivo Nacional se desentendió del programa.
Desafortunadamente, en los últimos veinte años no se han adoptado las estrategias necesarias no sólo para preservar las fuentes de agua que alimentan la presa, sino también para impedir la pérdida de especies de la fauna y de la flora de la región.
La ausencia de políticas ambientalistas ha permitido que haya decaído la vigilancia por parte de los organismos de seguridad y cada vez sea mayor el mal uso desproporcionado de unos suelos, que se están erosionando en grandes proporciones y, en consecuencia, aumente el nivel de sedimentación de la represa por el agua que llega de los afluentes.
Lo grave es que el problema se torna grave, porque también disminuye el volumen de agua porque las fuentes han sido afectadas considerablemente por el mal uso que ha habido en la zona, Y los perjudicados somos todos, porque esta situación no puede corregirse de la noche a la mañana.
Se requiere de muchos recursos económicos, que no los hay; de preparar a los campesinos para que efectúen las labores apropiadas en la cuenca y, naturalmente, trazar y ejecutar políticas ambientalistas de gran alcance, que permitan garantizar el suministro de agua y, desde luego, restablecer la cuenca que está en los momentos en situación crítica.
