En su primer informe, la Misión de Determinación de Hechos concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, aseguró que las víctimas y sus familiares siguen «sin justicia genuina». Las ONG hacen un llamado particular a las misiones diplomáticas, integren o no el Consejo de DDHH de la ONU, para que impulsen una resolución y se logre una votación favorable para renovar el mandato.
Trabajo de: www.talcualdigital.com
Un grupo de víctimas de violaciones de derechos humanos y 123 organizaciones no gubernamentales pidieron este miércoles 17 que se renueve el mandato de la Misión Internacional de Determinación de Hechos, un mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Venezuela desde 2019 y que vence en septiembre.
El próximo 26 de septiembre, durante el 51 periodo de sesiones del Consejo de DDHH, se espera que la Misión de Determinación brinde su último informe sobre la responsabilidad de altos mandos y el Arco Minero; además de sus recomendaciones sobre si su mandato debe seguir sobre Venezuela.
Para renovar este mecanismo de la ONU debe haber una clara mayoría de votos afirmativos de los 46 estados que conforman el Consejo. En la resolución se establecerá su periodo de funcionamiento así como los temas que deben investigar.
Tamara Taraciuk, directora encargada para las Américas de Human Rights Watch, aseguró que confían «en que los votos están» y que la comunidad internacional va a proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país.
Las víctimas y ONG hacen un llamado particular a las misiones diplomáticas, integren o no el Consejo de DDHH de la ONU, para que impulsen una resolución y se logre una votación favorable para renovar el mandato.
Elvira Pernalete, madre del joven Juan Pablo Pernalete, asesinado en las protestas antigubernamentales de 2017, señaló que el trabajo de la Misión ha logrado comprobar la existencia de patrones para violar los derechos de la población, «y las soluciones son más complejas que solo enjuiciar a los funcionarios directamente involucrados, también hay que investigar a las cadenas de mando».
Es por eso que las víctimas en Venezuela hacemos un llamado, dijo Pernalete. «Que siga la misión, que se renueve el mandato de la Misión de Determinación de Hechos porque es necesario que todos los canales permanezcan abiertos».
Aseveró que las víctimas y sus familiares siguen «sin justicia genuina». Por ello insisten en que estos mecanismos de Naciones Unidas continúen «para que las personas que violan grave y sistemáticamente los derechos humanos no se sientan intocables. Necesitamos memoria, justicia, reparación, garantías de no repetición y que los culpables sean investigados».
Beatriz Borges, directora de Cepaz, indicó que unen sus esfuerzos «por este clamor de justicia que nos plantean las miles de víctimas que todavía esperan respuesta. En Venezuela lograr justicia es una esperanza, una esperanza en un momento donde se siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos, donde los hechos que dieron a origen esta misión se siguen cometiendo».
Por ello considera necesario que se den respuestas, «que no queden bajo el olvido y la impunidad. Se necesita justicia, reparación y garantías de no repetición».
Borges también hizo un llamado a los liderazgos latinoamericanos para que sean propositivos e impulsen la resolución que renueve el mandato de la Misión y que Venezuela siga en la agenda del Consejo de Derechos Humanos como hasta ahora.
Además, mencionó que en septiembre también cierra su mandato la Alta Comisionada Michelle Bachelet, por eso piden que su sucesor priorice al país, no solo en asistencia técnica, sino también en cuanto a determinación de violaciones y denuncias. Otras cuestión es la candidatura de Venezuela como integrante del Consejo de Seguridad de la ONU, un asunto que se discutirá entre septiembre y octubre.
¿Qué ha hecho la Misión de Determinación?
El Consejo de Derechos Humanos creó la misión de determinación de los hechos en 2019 con el objeto de investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, incluyendo violencia sexual y de género.
Esto con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. En 2020, el mandato inicial de un año que se había otorgado a la Misión se extendió por otros dos años, hasta septiembre de este año.
En su primer informe, la Misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y […] no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”.
También aseguraron que se ha ampliado la persecución y el concepto de enemigos internos en el país, lo que ha derivado en el aumento de violaciones a los derechos humanos.
En su segundo informe, publicado un año más tarde, la Misión documentó la falta de independencia judicial y la impunidad por las violaciones de derechos humanos, y manifestó que el sistema judicial de Venezuela funcionaba como un mecanismo de represión en lugar de garante de derechos, alentando a los agentes del Estado a continuar perpetrando abusos.
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