Durante el mes de julio, el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical, contabilizó en Venezuela 143 conflictos laborales, un mes en el que recrudecieron las protestas en exigencia de la derogación del llamado instructivo Onapre que cercenó entre 40 % y 70 % los salarios y prestaciones sociales, tras el aumento salarial decretado en marzo de 2022.
Adscrito al Instituto de Altos Estudios Sindicales, el Observatorio destaca que el sector de la educación concentró el grueso de los reclamos con 31,43 %, mientras que los trabajadores de la salud lo secundaron con 22,86 %. El personal que labora en las industrias básicas estuvo activo en 10,29 % de las manifestaciones de inconformidad reportadas en julio de 2022.
Bolívar, Sucre y Aragua repitieron –en ese orden- como los estados que registraron el mayor número de conflictos laborales con 20,8 %, el primero y 7,3 % el segundo y tercero.
Las organizaciones sindicales estuvieron presentes en 66,86 % de los reclamos y del total, los trabajadores del sector público protagonizaron 91,43 %.
Los reclamos por salarios dignos encabezaron con 32,02 % los motivos por los cuales los trabajadores alzaron su voz de protesta, seguido por el incumplimiento de las convenciones colectivas con 31,46 %.
Esta situación quedó plasmada en los reclamos diarios por la derogación del instructivo Onapre (Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas), que representó una pérdida del salario de hasta 70 %.
Las condiciones de trabajo de los docentes venezolanos siguen caracterizándose por los bajos salarios, poca o ninguna seguridad social y una infraestructura escolar pública bastante deteriorada.
Por su parte, los trabajadores del sector salud siguen en pie de lucha con la intención de lograr un mejor salario y se les paguen los bonos establecidos, como el bono nocturno y el de los sábados trabajados.
El personal de las empresas del estado Bolívar pertenecientes a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), también se han visto afectados. Denuncian las políticas de exterminio del poder adquisitivo, las precarias y desmejoradas condiciones laborales que impiden el ejercicio seguro de sus responsabilidades, expuestos a accidentes y enfermedades laborales, sin el resguardo del seguro de vida hospitalización, cirugía y maternidad.
Además, trabajadores manifestaron su malestar por la detención de siete trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), que se declararon de brazos caídos ante la reactivación de una de las plantas sin que los trabajadores tuvieran los implementos mínimos de seguridad industrial.
Sindicatos, trabajadores y dirigentes políticos seguirán en las calles haciéndose sentir hasta que el régimen de Nicolás Maduro rectifique y derogue el instructivo 2892 de la Onapre, que viola derechos y conquistas de los trabajadores.
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