Trabajo de www.talcualdigital.com
Un informe sobre los primeros 100 días de gestión de Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Sumpreo de Justicia (TSJ) controlado por el chavismo, reveló que la Justicia venezolana presuntamente ordenó «numerosas» excarcelaciones durante ese período, a fin de reducir el hacinamiento en los centros de reclusión preventiva del país. Sin embargo, en ningún momento se precisó cuál es el número de liberacionesautorizadas.
«Se realizaron numerosas jornadas de atención jurídica en los establecimientos penitenciarios en las diferentes regiones del país, celebrando actos judiciales (….) Igualmente se ejecutó el plan de abordaje para el descongestionamiento de los centros de detención preventiva», reseñó una nota de prensa publicada por el portal web del máximo ente judicial, basada en información contenida en dicho boletín.
Entre los actos judiciales realizados en ese lapso están las audiencias preliminares, aperturas de juicio, revisión de medidas y otorgamiento de medidas humanitarias y fórmulas alternativas de cumplimiento de pena y redenciones por estudio y trabajo. «Todo ello con la participación de otros órganos del sistema de Justicia», continua el texto.
Además, según cifras del TSJ, las distintas salas que conforman el máximo tribunal han mostrado una resolución del 96,19 % de los asuntos ingresados desde que Gutiérrez asumió como cabeza del organismo, con 50.419 sentencias y la celebración de 28.003 audiencias.
Esta misma semana la ministra de Servicios Penitenciarios, Mirelys Contreras, informó que su cartera también está trabajando para “coadyuvar en el descongestionamiento” de las prisiones preventivas que, según varias ONG están saturadas con una población carcelaria que supera la capacidad de atención.
La organización Una Ventana a la Libertad (UVL) aseguró a finales de junio que el hacinamiento en esos centros “supera el 150%”. La información fue difundida justo al cumplirse un año de que Nicolás Maduro prometiera acabar con esta situación en 60 días.
De acuerdo con un seguimiento realizado por la organización en 335 recintos de los 500 que aproximadamente hay en el país, al cierre de mayo había 16.778 detenidos cuando la capacidad es para 10.718 personas, lo que supone una sobrepoblación de 6.060 privados de libertad.
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