Un estudio realizado por la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) y la Fundación Vanessa Peretti (Funvape), reflejó la situación que viven las personas con deficiencia auditiva para tramitar documentos de identificación, certificación y calificación de discapacidad de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en el país.
“Como resultado de la investigación, se pudo corroborar las dificultades que enfrentan NNA con Discapacidad para poder obtener su cédula de identidad, donde cinco (05) de cada diez (10) familias encuestadas, hicieron referencia a la ausencia de personal de trabajo en las oficinas para tramitar este documento; igualmente cinco (05) de cada diez (10) familias señalan la falta de material de oficina, que permita la elaboración de las cédulas”, señaló Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven.
En el mismo estudio, también se evidenció que 4 de cada diez 10 familias entrevistadas, manifestaron actitudes discriminatorias por parte del personal; 6 de cada 10 expresaron falta de disposición para prestar apoyo por parte del personal; 6 de cada 10 señalaron la falta de transporte y 5 de cada 10 familias aseguraron que es muy largo el trayecto entre su residencia y el lugar destinado para sacar el documento.
Agregó que la falta de información en formatos accesibles, donde se establezca la importancia que representa los documentos de identidad y de certificación y calificación de la discapacidad para niños, niñas y adolescentes, no han sido suficientes por parte de los entes del Estado venezolano, para que todos puedan acceder a este derecho.
“La identificación de las personas, aparte de ser un derecho humano fundamental, representa una prueba legítima y legal de la existencia como ciudadano, la pertenencia a una familia, a una comunidad y a una nación; además de la relevancia que esto tiene como datos para la elaboración de políticas públicas en beneficio de determinado sector”.
Asimismo, De Gouveia aseveró que cuando se trata de niños y adolescentes con alguna discapacidad, es necesario llevar ese derecho a un reconocimiento de su condición, “es por ello que el Estado debe garantizar un medio que certifique y califique la discapacidad y el tipo de discapacidad de la persona, ese mecanismo establece relaciones legalmente sentadas entre la persona con discapacidad y el Estado; además de la relevancia que esto tiene para obtener datos para la elaboración de políticas públicas en beneficio de determinado sector”.
Según el presidente de Consorven, durante el periodo de crisis humanitaria venezolana, “el Estado dejó -progresivamente- de cumplir con algunas de sus responsabilidades con los NNA y con las personas con discapacidad; situación que se tradujo en el descuido constante de condiciones dignas y respetuosas de las diferencias sociales, económicas, culturales y de funcionamiento en el acceso a servicios que garantizan derechos humanos fundamentales, y derechos habilitantes de otros derechos”.
En tal sentido, finalmente recomendó al Estado venezolano capacitar a los funcionarios públicos en el trato digno y respetuoso de las personas con discapacidad; velar por el respeto y acatamiento de los derechos asociados al carnet de discapacidad; rediseñar los protocolos de calificación y certificación de discapacidad para hacerlos más confiables y accesibles, así como desarrollar jornadas de cedulación en comunidades con alta representación de personas menos favorecidas económicamente, donde no represente un obstáculo la falta de transporte y las largas distancias para tramitar documentos indispensables para los venezolanos.
