Contrario al anuncio de la ministro de Educación, Yelitze Santaella, de que las clases para el nuevo año lectivo será entre el 15 y el 20 de septiembre, ya los educadores han tomado la decisión de que no se incorporarán a sus actividades porque mantienen firme su reclamo del pago de los bonos de vacaciones y recreacional, contemplados en la contratación colectiva.
La declaración a El Impulso, fue hecha por Frank Andrade, secretario de conflictos del Colegio de Profesores de Venezuela, quien dijo además que de no lograrse el cumplimiento de las cláusulas 58 y 60, relacionadas con esos derechos, los docentes irán a la huelga general.
Cuando Santaella hizo el anuncio estaba junto al presidente de la República, Nicolás Maduro, pero éste, que se ha autoproclamado obrerista, se ha hecho de la vista gorda ante el conflicto planteado por los educadores, comentó Andrade.
Todos los sindicatos y gremios que tienen vida en el sector educativos están de acuerdo en mantener las protestas de calle, no sólo para llamar la atención, sino para demostrar que han tenido que salir a las vías públicas para hacer sentir su reclamo, porque el pago de esos bonos de 105 días cada uno es un derecho que está contemplado en la contratación, la cual tiene que ser respetada.
En este orden de ideas dijo que del Ejecutivo Nacional dependen, aproximadamente, 600 mil educadores y casi 400 mil de las gobernaciones y alcaldías, lo que evidencia que la masa trabajadora en la educación es la más importante del país y, por tanto, la que tiene mayor responsabilidad en la formación de las nuevas generaciones.
El dirigente gremial dijo que el régimen está utilizando a individuos que nada tienen que ver con el proceso educativo, como Mario Silva, quien ha amenazado a los educadores si van a la huelga con la toma de represiones.
Aquí no estamos para amenazas de esbirros y de asaltantes de los grupos armados de los colectivos, que actúan al margen de la ley contra indefensos ciudadanos, manifestó. Nuestro reclamo está garantizado por la Constitución, la cual está siendo violentada por el régimen en perjuicio de un millón de docentes y de sus familiares. Y se está violentando también uno de los principales Derechos Humanos porque el Estado debe cumplir estrictamente con las obligaciones que tiene con sus trabajadores.
