Dirigentes de partidos políticos en Lara expresaron su rechazo y condena a la forma como el Tribunal Especial Primero de Juicio sentenció al dirigente Juan Requesens, de Primero Justicia, a 8 años de cárcel por el delito de conspiración, tras no poder demostrar la fiscalía los siete delitos por los cuales había sido acusado.
Requesens, de 33 años, quien fue electo diputado de la Asamblea Nacional en 2015, fue detenido por una comisión del Sebin el 7 de agosto de 2018, en la residencia de sus padres, en Terrazas del Club Hípico, al este de Caracas, sin orden judicial y con violencia en un procedimiento que fue llevado a instancias internacionales por cuanto sus familiares denunciaron que había sido sometido a tratos crueles y acusado sin pruebas.
Su aprehensión ocurrió tres días después que estalló un dron cerca del sitio en que se encontraba Nicolás Maduro, en la celebración del día de la Guardia Nacional, en Caracas.
Se le imputaron en principio siete delitos: Instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra Nicolás Maduro, homicidio calificado en grado de frustración contra militares de la Guardia Nacional, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo y traición a la patria.
Pero, al final, después de una audiencia de diez horas, su abogado, Joel García, informó que la sentencia había sido por conspiración.
Otras 16 personas, incluyendo dos militares, recibieron penas diversas, algunas de hasta 30 años.
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Bodrio
El abogado Macario González, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional del 2015, al formular declaraciones a El Impulso, comenzó diciendo que la fiscalía no pudo la responsabilidad de Requesens en ninguno de los siete delitos que se le habían imputado y, por lo tanto, su abogado, Joel García, ha sostenido que debió ser absuelto y no que le aplicaran ocho años de presidio por el delito de conspiración.
La sentencia es cruel y fuera de lugar, motivo por el cual tenemos que rechazarla, expuso. El doctor Joel García ha demostrado en este enrevesado proceso judicial la inocencia de Requesens. Aunque no se lograron presentar pruebas sobre los delitos imputados, sin duda, la sentencia es claramente política para cobrarle la reciedumbre con la cual este dirigente, desde sus tiempos de estudiante, se ha enfrentado al régimen y, a la vez, para justificar la falacia y la falsa hipótesis de un magnicidio.
La crueldad de una sentencia de este tipo es como ese juicio fue diferido reiteradamente y por presión internacional lo llevaron a audiencia.
Quienes ordenaron su enjuiciamiento perpetraron un golpe de Estado con las armas de la República, fueron sometidos a juicio por decenas de muertes ocurridas en esa intentona y se les garantizaron todos sus derechos, al punto que daban ruedas de prensa desde la cárcel, y, finalmente, les perdonaron las causas cuando ni siquiera habían cumplido dos años de prisión.
No se explica tanto ensañamiento contra Requesens y otros procesados, comentó. En mi opinión este juicio no es más que un bodrio para mantener la represión en el país ordenada por Maduro contra la disidencia.
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Paredón
El abogado Edgar Zambrano, vicepresidente de Acción Democrática en Resistencia, observó que los juicios sumarios no existen constitucional y legalmente en Venezuela.
Estamos en presencia de un paredón de ejecución judicial, ya que todo aquel que disiente es criminalizado, judicializado y, para colmo de males, sentenciado sin cometer delito alguno.
No se tolera que se disienta de este modelo político fracasado, porque el régimen de inmediato apela a la justicia que ha secuestrado para que aplique por encima de la ley sentencias a la dirigencia política que se atreve a exponer la situación en que se encuentra el país.
Acción Democrática ha condenado esa práctica, la cual se ha venido aplicando de manera sistemática a través de un poder del Estado que ha perdido su independencia y autonomía.
El partido no sólo ha condenado ese tipo de procedimiento, sino que lo seguirá condenando siempre por ser contraria a la verdadera justicia y a los Derechos Humanos.
Como demócratas tenemos que repudiar procedimientos de ese tipo por cuanto atentan contra la ciudadanía en general y la dirigencia política, que responsablemente ha asumido su función de denunciar las crisis, todas las irregularidades cometidas por funcionarios y la desesperante situación en que se encuentra la mayoría de la población.
El único imperio que debe predominar en la sociedad es el de la ley, imparcial, transparente, apegada al Derecho, sostuvo el dirigente Acción Democratista.
