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Desde la AN electa en 2020 y del gobierno de Nicolás Maduro alardean sobre que las Zonas Económicas Especiales y su respectiva ley son el resultado de años de estudios de experiencias económicas exitosas de países como Chinas, Vietnam o Corea del Sur. Ningún funcionario de los que impulsan el articulado hace mención de los aspectos necesarios para evitar abusos laborales. Los diputados Orlando Camacho (oficialista) y Luis Eduardo Martínez (oposición) confían en que será una forma de impulsar la economía y hacer frente a las sanciones. El sociólogo Javier Biardeau, en tanto, asevera que el proyecto resquebraja el plan antineoliberal y prociudadano que planteó el difunto Hugo Chávez cuando llegó al poder
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) salieron del congelador, son un hecho luego de un año paralizadas. Ahora el gobierno de Maduro le dio rienda suelta con la premisa de captar inversiones privadas nacionales y extranjeras, impulsar los productos hechos en Venezuela y mejorar las condiciones laborales. Esto último una exigencia recurrente en los cinco años recientes por parte de los trabajadores de los principales sectores productivos del país, pero que hasta ahora solo se ha traducido en represión y persecución a los sindicatos.
El despliegue de las Zonas Económicas Especiales arrancó luego de que la Asamblea Nacional (AN) dominada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aprobara la ley, el 30 de junio pasado, con la que se regirán territorios seleccionados de la nación.
Nicolás Maduro anunció las primeras cinco áreas bajo régimen especial: Paraguaná (Falcón), Puerto Cabello y Morón (Carabobo); Vargas (La Guaira), isla de Margarita (Nueva Esparta) y el territorio insular La Tortuga.
Para unos, la iniciativa es el desarrollo productivo para «romper definitivamente con el rentismo petrolero»; para otros es el reconocimiento del gobierno del fracaso de su modelo económico. También están los que creen que con las zonas económicas especiales se resquebraja el proyecto del difunto Hugo Chávez contra el neoliberalismo.
El gobernante Nicolás Maduro alardea en sus alocuciones por el hecho de que las Zonas Económicas Especiales decretadas son el resultado del estudio «durante años» de medidas similares que se aplicaron, según su versión con éxito, en países como China, Corea del Sur o Vietnam. Ha afirmado en sus intervenciones que estos sectores llegan para «construir nuevos motores territoriales y regionales, en función de la economía productiva y dar confianza a los inversionistas que vienen de todo el mundo».
Ni Maduro ni los funcionarios que respaldan el articulado y la aplicación de la medida detallan sobre aspectos de los «estudios» que garanticen que las empresas trasnacionales a las que se invita a invertir en esas áreas, no apliquen condiciones de trabajo violatorias de los estándares dictador por la OIT, como ha ocurrido en los mismos países citados por Maduro, su cúpula de funcionarios y diputados opositores de la AN electa en 2020.
Romper los mitos
El diputado de la Asamblea Nacional Orlando Camacho, también presidente de Fedeindustria, afirma a TalCual que en las Zonas Económicas Especiales los trabajadores tendrán las mismas garantías que en el resto del país. Explica, en entrevista telefónica, que la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales (LOZEE) no tiene poder para derogar la Ley Orgánica del Trabajo (LOT). «Hay que romper ese mito», enfatiza.
El parlamentario destaca que las ZEE «son a la medida de Venezuela», por lo que la LOT es el piso para las condiciones de los trabajadores que se deben respetar. Apunta que lo previsto es que quienes se desempeñen laboralmente en estos sectores tengan un mejor empleo y más beneficios.
Camacho comenta que en septiembre llegará al país de nuevo una Comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que el tema de las ZEE se abordará junto a representantes de la Asociación Central de Trabajadores Bolivarianos, un sindicato afecto al régimen de Maduro.
«En las Zonas Económicas Especiales habrá respeto a las instituciones. Visualizamos que habrá mucha gente queriendo prestar servicios, porque la capacidad de pago y beneficio será mejor que en otras zonas del país», sostiene el diputado oficialista.
Gato por Liebre
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció como orgánica la LOZEE. El texto del articulado se publicó en la Gaceta Oficial 6.710 Extraordinaria del 20/07/2022. Su entrada en vigencia se fijó a partir de su publicación, esta deroga los artículos del Decreto 1.425 de fecha 13/11/2014, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria, relacionados con las Zonas Económicas Especiales establecidos.
La versión a la prensa y a la colectividad que han dado quienes impulsan la norma es que de una forma u otra es un motor gestado desde la Administración para vencer el bloqueo y las sanciones extranjeras. Sin embargo, la evidencia histórica desmonta estás aseveraciones.
El sociólogo Javier Biardeau ve con preocupación la creación de las Zonas Económicas Especiales. Afirma que la experiencia histórica deja ver que en estos sectores hay un régimen laboral distinto y desfavorable. A su juicio, tanto en el tema de los trabajadores como en materia ambiental han terminado solo siendo funcionales, a lo que él denomina como «globalización neoliberal».
Maduro hasta ahora solo ha vociferado de la experiencia asiática, es lo que ha usado como vitrina para vender las ZEE. No obstante, apunta, Biardeau, no ha mencionado experiencias latinoamericanas como la de Chiapas, México o en Honduras, países donde con el desplazamiento del poder se derogó todo lo establecido sobre las Zonas de Desarrollo Especial.
El caso de Honduras transcurrió de la siguientes forma: el 21 de abril de este año, el Congreso Nacional derogó las denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE). Estos sectores estaban sujetos a una «jurisdicción especial con el objetivo de atraer inversiones» como «zonas francas». En 2021, la Corte Suprema de Justicia había dado luz verde a estas zonas.
El parlamento hondureño argumentó que estás ZEDE «ceden soberanía a extranjeros». La derogación se produjo con el voto unánime de los 128 diputados de la cámara.
«La ilegalidad se realizó mediante la configuración de instituciones exclusivas para zonas privadas, de empresas privadas y para otorgar privilegios a un grupo de personas en detrimento de todos los hondureños, originando este régimen de ZEDE e instituciones con funciones, competencias, atribuciones y poderes que constitucionalmente son propios o exclusivos del Poder Ejecutivo y Legislativo», señaló el Legislativo hondureño. La decisión fue aplaudida por la presidenta Xiomara Castro.
Biardeau, magíster en Planificación del Desarrollo, insiste en que incluso en los países donde, efectivamente, tras la implementación de las ZEE hubo crecimiento del producto interno bruto (PIB), el régimen laboral era todo, menos parecido a lo «justo». Asegura que por eso es que al referirse a esas naciones como ejemplos, se ha generado toda la discusión alrededor de las maquilas y las zonas francas de exportación en la región de Asia del Pacífico.
«El presidente Chávez llegó con una oferta política y electoral de lucha contra el neoliberalismo. Resulta que estas ZEE son laboratorios de desarrollo del capitalismo en las modalidades históricamente más desreguladoras en materia laboral y más problemáticas en materia ambiental», subraya.
Biardeau tilda el discurso oficial como una «declaración formal correcta». Dice, enfático, que ya en la práctica, con el instructivo Onapre, la Ley de Arco Minero del Orinoco y otras normas, el gobierno, que se ha jactado de ser obrero, ha echado al traste la materia laboral.
«El derecho a la protesta, huelga, reclamo salarial, condiciones. Todo eso está en los hechos y general un gigante debate en el país. El principal problema es que existen las leyes, pero en las actuaciones del Poder Ejecutivo no», asevera.
Derechos «intactos«
El diputado de la AN del 2020 por la fracción de Acción Democrática (AD) intervenida por el TSJ Luis Eduardo Martínez asegura a TalCual que en las Zonas Económicas Especiales los derechos a la sindicalización y al bienestar social se mantendrán intactos. Dice que «no hay ninguna posibilidad de que se reduzcan estos beneficios».
«Se procura que en los proyectos se acuerde que los beneficios y salarios sean superiores a los del resto del país».
Según Luis Eduardo Martínez, cuando las propuestas de las empresas se analicen, «respetando la rentabilidad» se buscará cuidar las remuneraciones para garantizar el talento humano.
Al preguntársele sobre cómo los trabajadores y hasta las mismas empresas podrían tener garantías cuando todas las autoridades de las ZEE serán escogidas a dedo por el gobierno de Maduro, Martínez ha señalado que «naturalmente, hay que estar atento al desempeño» de estas personas.
«Esperemos que este esfuerzo para aprobar la ley haga que los funcionarios que sean designados comprendan la importancia de motivar y apoyar la inversión privada nacional y extranjera», dice.
El diputado Orlando Camacho ha aseverado a TalCual que, al igual que en el resto del país, en las ZEE los trabajadores tendrán a su disposición oficinas de la defensa del trabajo y otras instituciones para defender los derechos de la ciudadanía.
Pero la realidad es que, desde 2019, cuando una Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo publicó un informe denotando las violaciones sistemáticas a los derechos laborales y el incumplimiento de convenios firmados por Venezuela, el oficialismo se vio en la obligación de reconocer que el Estado no cumple con sus compromisos en materia laboral.
Como parte de este reconocimiento, aceptaron también que la OIT supervise y asesore a las partes para retomar corregir las faltas actuales, con lo que inició un diálogo social que, por primera vez en al menos una década, incluye a los tres actores del sistema laboral: organizaciones sindicales, organizaciones de empleadores y Estado.
Pedaleando en el fracaso
La organización no gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia recuerda que la aprobación de leyes con incentivos fiscales o aduaneros tiene vieja data en la normativa venezolana. Afirma la plataforma que en los últimos 20 años existen varios ejemplos, los que, apunta, «habla del fracaso de las mismas en la medida en que la emergencia humanitaria que persiste en el país es la mayor evidencia en su contra».
Laboralmente, Venezuela sufre una crisis, que está lejos de resolverse hasta tanto haya voluntad política. El economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO), Manuel Sutherland, ha dejado claro que las ZEE no son una propuesta innovadora, pues actualmente hay casi 5.400 en 147 países, en comparación con las 4.000 que hace apenas cinco años había, mientras que otras 500 zonas están en proyecto.
«En teoría, el gobierno busca emular al modelo chino, estableciendo áreas de lo que coloquialmente llamaríamos: libre explotación de recursos humanos y naturales», dice.
Las ZEE han fracasado en muchos países, por lo general afectadas por graves problemas de escasez de recursos, infraestructura y fuerza de trabajo capacitada. Así lo escribe el economista en su artículo Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): la “solución” a la crisis venezolana.
La premisa de la ley
El 27 de abril del 2021 se aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales (LOZEE). Fue elaborado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo y presentada por el diputado del PSUV Nicolás Maduro Guerra.
«Esta propuesta viene a romper el bloqueo, además de innovar porque contempla mecanismos para el desarrollo, que permita acabar con las asechanzas de las potencias extranjeras desde lo legislativo, que garantice el desarrollo industrial y mejoras socioeconómicas y geoestratégicas para el país», dijo el diputado desde la tribuna de oradores. El 30 de junio de 2022 fue sancionada.
Luis Eduardo Martínez reitera que esta ley y las respectivas zonas permitirán captar inversiones privadas nacionales y extranjeras. Menciona que se asegurará en las mismas garantizar las mejores condiciones a los inversionistas y construir un régimen socioeconómico especial con facilidades tributarias y arancelarias que harán posible que se promueva una actividad industrial turística de importación, exportaciones y tecnología.
«Naturalmente, todas las inversiones tienen que ser de carácter público de tal manera que le dé mayor transparencia y haga posible que los inversionistas de afuera se sientan más seguros», explica.
Según la valoración del parlamentario, contratos previos entre el Estado y las empresas permitirán que el primero no recicle la política intervencionista y de expropiación a la que ya en el pasado recurrió. Según Martínez, el Estado debe garantizar la salvaguarda de los activos y la repatriación de los capitales.
Por su parte, el diputado Orlando Camacho precisa que «lo que buscan estas zonas es atraer capital, divisas que puedan circular en la economía y que sea de múltiples funciones».
Camacho, como también presidente de Fedeindustria, opina que las empresas tendrán las mismas garantías que la república: «el respeto a la propiedad privada y también el respeto a la inversión extranjera».
Otros de los beneficios que la ley ofrece son la reducción de la tasa del Impuesto Sobre la Renta, de los impuestos municipales y atención personalizada.
«Cualquier reducción de tasa o descuentos siempre será al final de ejercicio. Actualmente, se paga 34% de impuesto. La idea es que en vez de pagar el 34%, sea menos. Eso le corresponderá determinarlo al Ejecutivo», señala Camacho.
Javier Biardeau, en tanto, cuestiona la viabilidad de estas medidas. «Se les construye un régimen excepcional, preferencial a estas personas jurídicas y se genera una situación de desventaja, incluso para el capital nacional. Una especie de doble economía», apuntala.
También duda de la figura de la Autoridad Única de Zona, pues no está contemplada en la Constitución. Sostiene que es una ley que en sus propias normas derogatorias está por encima de la ley que regulaba la materia, le da un estatus de ley orgánica.
«La LOT estaría en el mismo nivel de la LOZEE y además bajo el paraguas de la Ley Antibloqueo y de otras aprobadas durante la constituyente. El panorama desde el punto de vista legal y normativo para el mundo del trabajo es complicado», detalla.
Javier Biardeau considera necesario que más adelante se analicen los decretos que se emanen para cada ZEE, tanto para las condiciones de las empresas como para la ciudadanía. Argumenta que siempre han sido menos los casos donde ha habido ventajas y beneficios para los trabajadores.
Hace un mes, Biardeiu publicó en el portal Aporrea un extenso artículo titulado Las Zonas Económicas Especiales. Múltiples voces y controversias. Parte 1.
En ese texto mencionó que, pese a los argumentos expuestos tanto por el Ejecutivo como por los diputados de la AN sobre las desventajas y riesgos del proyecto en el actual contexto internacional y nacional, las capacidades del Estado para conducir y planificar el desarrollo se enfrentan a restricciones muy severas.
Analiza que avanzar en un proceso de desregulación, privatizaciones y entrega a los factores que controlan los mercados existentes y, además, reforzar las líneas y orientaciones más promercado internacional de las zonas, «terminarán por desmantelar el Estado nacional venezolano, sellando la destrucción de las corrientes antineoliberales de base que impulsaron el estado naciente del proyecto bolivariano».
Para el sociólogo, las propuestas de las que se jactan quienes ha impulsado la ley corresponden a la «vitrina propagandística del período posmaoista de las «Cuatro Modernizaciones» de China. Aunque afirma que en ellas se expuso la modernización de la agricultura, industria, defensa y ciencia y tecnología, se quedó en el tintero cualquier expectativa de reformas políticas democratizadoras asociadas al pluralismo político y los derechos humanos asociados al desarrollo de las libertades políticas.
Los que hablan del «socialismo con particularidades venezolanas», por ejemplo, solo estarían copiando y calcando fórmulas de expresión chinas del período posmaoista, es decir, metiendo en criollo un preparado y condimentado «gato por liebre», señala el sociólogo Javier Biardeau en el artículo mencionado.
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