La justicia argentina mantuvo la prohibición de salir del país a siete tripulantes iraníes y venezolanos del avión retenido en las afueras de Buenos Aires y ordenó la devolución de pasaportes a otros 12, mientras se determina si están vinculados o no con actividades terroristas.
En una resolución firmada el lunes por la noche, el juez federal Federico Villena dispuso que quedarán retenidos los documentos de los iraníes Gholamreza Ghasemi -piloto de la aeronave-, Abdolbaset Mohammadim, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh y de los venezolanos Mario Arraga, Víctor Pérez Gómez y José García Contreras, tripulantes del Boeing de la estatal venezolana Emtrasur que arribó el 6 de junio a Buenos Aires despertando sospechas.
La justicia busca determinar si los ocupantes del vuelo -que están en libertad y alojados en las afueras de la capital- arribaron al país con fines comerciales o por su presunta conexión con el terrorismo internacional.
En tanto, los 12 tripulantes que recuperaron sus pasaportes -la mayoría de ellos venezolanos- deberán fijar un domicilio, no obstaculizar la investigación y presentarse periódicamente de manera presencial o por algún medio electrónico en la embajada argentina en Irán o en Venezuela.
El juez dijo que aunque los tripulantes siguen siendo sospechosos, por el momento no hay mérito suficiente para convocarlos a prestar declaración indagatoria.
La aeronave permanece estacionada en un hangar del aeropuerto internacional de Ezeiza -en las afueras de Buenos Aires– y su carga de autopartes fue revisada tras su llegada.
El gobierno argentino ha confirmado que no hay pedido de captura internacional contra los tripulantes, pero las sospechas están vinculadas con la anterior propietaria de la aeronave, la compañía iraní Mahan Air a la que se le atribuyen nexos con el terrorismo y sobre la que pesan sanciones económicas de Estados Unidos.
Las sospechas obedecen además a que Argentina fue blanco de dos atentados en la década de 1990 -uno contra la embajada israelí en Buenos Aires y otro contra un centro comunitario judío- por los cuales la justicia local acusó al régimen iraní. Teherán siempre ha negado las acusaciones.
Semanas atrás Pérez Gómez- gerente general de operaciones de Emtrasur y a quien el juez denegó la devolución de su pasaporte- negó cualquier vínculo con el terrorismo en declaraciones a la prensa y sostuvo que, además del transporte de carga, el vuelo cumplía la función de adiestramiento de los pilotos venezolanos.
La justicia inició la pesquisa por impulso de un diputado opositor y de la comunidad judía en Argentina. Mientras, Israel y Estados Unidos expresaron que siguen con especial atención el caso.
La aeronave recogió la carga en México para varias compañías argentinas de autopartes e hizo escala en Caracas antes de arribar al país sudamericano.
Sus tripulantes también son investigados en Paraguay, donde el avión aterrizó en mayo y luego partió para transportar cigarrillos a Aruba.
El régimen de Maduro reclama por su parte la devolución de la aeronave.
