Trabajo de www.lanacionweb.com
Aclarar las fortalezas y debilidades que hay en el sector aduanero binacional, motivó a sus integrantes a establecer una mesa de trabajo este martes, 26 de julio, en la ciudad de San Antonio del Táchira, municipio Bolívar.
Cada representante se sinceró durante sus intervenciones de cara a lo que han calificado como la inminente reapertura de frontera, la cual, desde sus perspectivas, y teniendo en cuenta lo que han sostenido diversos miembros del nuevo gobierno de Colombia, arrancaría a partir del 8 de agosto.
Y es que el 7 de agosto, día en el que toma posesión el presidente electo de la vecina nación, Gustavo Petro, es el punto de partida para una reactivación que se plantea de forma gradual y progresiva.
Como el paso del transporte de carga pesada es el primer aspecto en agenda de reapertura, los interesados, en este caso los aduaneros, se congregaron, una vez más, para ir delineando la ruta que les permita asumir el reto del regreso de lo formal.
Nelson Urueña, presidente de la Asociación de Aduaneros del Estado Táchira (Asoata), y Sandra Guzmán, directora de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), presidieron el encuentro y dejaron claro que deben garantizarle a la frontera de Táchira con Norte de Santander el mismo trato de Paraguachón. “Esperamos que nos garanticen las mismas condiciones”, acotaron.
Víctor Méndez, representante de la Cámara Colombo-venezolana, trajo a colación el tema de los puentes internacionales. Resaltó que el Simón Bolívar y el Francisco de Paula Santander están aptos para recibir los camiones de carga pesada.
En torno al puente de Tienditas, que aún no ha sido estrenado, y cuya gran obra fue finalizada en noviembre de 2016, apuntó que quedan detalles por definir entre Venezuela y Colombia, en términos de infraestructura y comunicaciones, que hace complicado que su operatividad sea de inmediato. “Podría tardarse unos seis meses”, dijo.
“Debe quedar claro que los tres puentes están funcionales. Nos nos pueden venir a decir que uno de ellos no va a operar porque está quebrado, por ejemplo”, argumentó.
“Queremos una frontera que funcione. No importa que colapsen sus hoteles por la gran movilidad, que colapse por el transporte, mientras no colapse por la inseguridad”, refirió, al tiempo que acotó que, el 8 de agosto, se debe colocar los puntos sobre las íes.
“El 8 de agosto, si se cumple con la palabra, se debe abrir la frontera y no podemos permitir que las condiciones sean distintas a las de Paraguachón”, insistió Méndez frente a sus compañeros de Colombia y Venezuela.
Para Guzmán, otro punto que no puede obviar el nuevo gobierno, es la Ley 2135 del 4 de agosto, la cual pone en contexto el funcionamiento de la frontera de Norte de Santander .
“El Ministerio de Relaciones Exteriores facilitará la concertación con las autoridades homólogas del país vecino, que permita definir los modelos integrados de control migratorio, aduanero, epidemiológico, sanitario, fitosanitarios y zoosanitario, entre otros, que estarán en cabeza de las respectivas autoridades nacionales y deberán adaptarse para cada CEBAF”, reza parte del reglamento.
Estas conclusiones fueron respaldadas por Urueña, quien representa a los aduaneros del lado venezolano, puntualizando en la importancia de que se respeten las reglas de juego para que se mantenga la voluntad política, y nada pueda echar para atrás la reactivación comercial, social y cultural de la frontera.
“Arrancar sin habilitaciones”
Álvaro Rodríguez Paz hizo énfasis en que los carros de carga pesada, lado venezolano, no cuentan con las habilitaciones para operar en el momento en el que se permita el paso de estos vehículos por los puentes.
Remarcó que esa habilitación, por carro, puede costar más de 2 millones de pesos, razón por la que insta a las autoridades a exonerarlos, como mínimo, hasta el mes de diciembre, para no trancar la posibilidad de reactivarse una vez den la luz verde.
El representante del transporte de carga pesada, dibujó el escenario actual de frontera, donde, a diario, y con la anuencia de ambas naciones, circulan por las trochas, o camino verdes, entre 250 a 300 unidades de transporte de mercancía.
La cifra hace pensar acerca del rol que tendrán las rutas irregulares una vez se active la formalidad. ¿Se acabará el paso de camiones por las sinuosas rutas?, solo el tiempo dilucidará esta interrogante.
Beatriz Gutiérrez, integrante de la directiva de Asoata, expuso los factores de bioseguridad que se deben tener en cuenta al momento de la reapertura, pues el covid-19 no se ha ido, sigue latente. “No podemos obviar algo que está ahí y ha cobrado la vida de mucha gente”, acotó.
Rememoró los simulacros que se hicieron, meses atrás, en las almacenadoras de San Antonio, una época donde el virus estaba más enraizado y generaba mucha zozobra entre los habitantes.
“En estos momentos no podemos bajar la guardia, deben seguir activas las medidas de bioseguridad, no podemos relajarnos al estilo de Paraguachón”, ejemplificó.
La mesa de trabajo, que inició en la mañana, se extendió a horas de la tarde de ayer. Aunque hay varios aspectos aún por afinar, los aduaneros están dispuestos a iniciar el proceso de reactivación gradual e ir resolviendo en el camino los puntos más álgidos.
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