Pedro Castillo cumple un año como presidente de Perú con su popularidad diezmada por la inestabilidad en su gestión e investigado por presunta corrupción, aunque en las zonas rurales se cree que la culpa no sólo es de Castillo, sino del Parlamento, aún más odiado, que buscó removerlo dos veces.
En el último pueblo de una vía de los Andes, a 153 kilómetros de la capital, donde aún se habla jaqaru, una lengua indígena en extinción diferente al quechua y que existía en tiempos de los Incas, María Acevedo, de 51 años, asegura que los ricos que siempre han dirigido los hilos del poder desde la capital “no dejan trabajar” al primer presidente de origen rural en dos siglos de República.
“Queremos que llegue a los cinco años, que trabaje, que cumpla, ¿por qué lo van a botar?”, dijo la mujer que tenía un pañuelo amarrado en la cabeza y vestía un traje rojinegro, que usan las mujeres en su comunidad. “Queremos que aprenda, nadie entra a ser presidente sabiendo”, indicó Acevedo, dueña de una pequeña tienda de comestibles, con primaria incompleta y quien votó por Castillo.
Está preocupada por el alza de los precios de los alimentos y combustibles que han impulsado protestas en Sudamérica, incluyendo varias ciudades de Perú, pero —a diferencia de los pobres que viven en las colinas desérticas de la capital urbana de 10 millones de habitantes— Acevedo obtiene alimentos de sus cosechas de tubérculos, así como de la crianza de ganado y animales de granja.
Arnulfo Casas, un profesor jubilado de 70 años que trabajó décadas en la Amazonía y regresó a Tupe para cuidar a su mujer enferma, tiene más dudas. Castillo “ha prometido muchas cosas, como cambios estructurales, mucha gente ha confiado, pero, actuando como presidente, tiene muchas deficiencias, eso hace que los compueblanos estén desconfiando”, dijo frente a su juguería, cuyos letreros están escritos en jaqaru, una lengua hablada por apenas medio millar de peruanos.
Casas se queja con amargura del Congreso. “Los partidos que han perdido no dejan trabajar (a Castillo), todo es oposición”, comentó el hombre que usa un sombrero negro. “La mayoría de los pobladores de la sierra y la selva queremos que Castillo legalmente continúe”, añadió.
Desde 2016 Perú vive en una crisis política caracterizada porque los Parlamentos y presidentes de turno buscan eliminarse por desacuerdos entre sí. En 2019 el presidente Martín Vizcarra (2018-2020) disolvió el Congreso y convocó elecciones legislativas. En 2020 el nuevo Legislativo removió a Vizcarra. El nuevo presidente, Manuel Merino, duró menos de una semana y renunció por marchas que dejaron dos muertos y 200 heridos. Francisco Sagasti llegó al poder y tras nueve meses entregó el puesto a Castillo.
Este último ofreció luchar contra la corrupción, elevar los impuestos a las ganancias mineras, masificar el gas natural, reescribir la constitución y acabar con supuestos monopolios que elevan los precios del gas doméstico y las medicinas. También prometió que iba a seguir cobrando su sueldo de maestro y expulsar a delincuentes extranjeros en 72 horas luego de iniciada su gestión.
«En los diversos sectores sociales hay una serie de expectativas no cumplidas que han generado desilusión y un clima de descontento y desgaste”, dijo Rodrigo Gil, profesor de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
La frase “no más pobres en un país rico” —que permitió a Castillo ganar por apenas 44.000 votos a Keiko Fujimori, hija del único exmandatario peruano preso por asesinato y corrupción— está escrita en un muro a la entrada de Tupe, pero ha comenzado a borrarse tras un año, igual que la popularidad del mandatario, que ha caído de 38% a 19%, según los sondeos del Instituto de Estudios Peruanos. En junio, la impopularidad del mandatario alcanzó 71%, mientras 10% no opina.
El Parlamento es más impopular. Tiene 85% de rechazo, 12% de aprobación y 3% de indecisos, según la misma encuesta. El Congreso perdió tiempo y dinero investigando un supuesto fraude en las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Castillo. Gastaron más de 55.000 dólares y 10 meses para elaborar un informe que se archivó. Intentaron destituir dos veces a Castillo por su presunta incapacidad moral, sin alcanzar los votos necesarios. Un audio de la presidenta del Parlamento, María Alva, filtrado a la prensa en junio, describe con groserías a Castillo. “No quiere ir al Congreso, no tiene cómo defenderse, está solo y está cagado”, dijo Alva, quien reconoció su voz.
Castillo, de 52 años, afronta cinco investigaciones: cuatro por corrupción a cargo de la fiscal general, Liz Benavides, y una por el presunto plagio de su tesis de maestría en Psicología Educativa que fue presentada en 2012 en la provincia de Tacabamba, donde estudió y trabajó como profesor.
Es el primer presidente investigado en funciones. No sorprende en un país donde casi todos los exmandatarios de los últimos 40 años están indagados por corrupción o lavado de activos ligados a multinacionales, como la constructora brasileña Odebrecht. Uno se suicidó en 2019 antes de ser capturado por la policía y otro está detenido en Estados Unidos esperando una extradición.
“Algunos piensan que acá vamos a doblegar, a pesar de que se meten con tus hijos, con tus padres, con tu familia, en 11 meses no encuentran una sola prueba”, dijo Castillo en el sur y en referencia a las indagaciones dirigidas por la fiscal general, quien cuando asumió el cargo aseguró que irán “tras la investigación de cualquier acto delictivo ya sea del más poderoso o cualquier ciudadano común”.
