En Venezuela se ha iniciado un proceso de militarización en la justicia, que preocupa a los profesionales del Derecho, por cuanto este régimen ha venido pregonando y, desde luego haciendo realidad, que su carácter es cívico militar, más de este tipo que de aquel, motivo por el cual resultaría muy grave que los circuitos judiciales les sea asignado a efectivos castrenses, aunque esto ya hayan dejado de ser activos.
Así lo manifestó a El Impulso, el doctor José Gregorio Zaá, profesor universitario y especialista en materia electoral, en torno a los rumores de que algunos circuitos judiciales pasarían a ser presididos por militares que también cursaron abogacía.
En el seno del gremio de los profesionales del Derecho, dijo, existe preocupación, ya que ese proceso comenzó este año cuando fueron incorporados al Tribunal Supremo de Justicia, en una supuesta etapa de renovación del Poder Judicial, a tres oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Se trata de los generales retirados Henry José Timaure Tapia, ex presidente de la Corte Marcial, quien es el segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la Sala Civil.
El también general Juan Carlos Hidalgo Pandares, quien es integrante de la Sala Político Administrativa; y el teniente coronel Pablo Antonio Gómez, suplente de la Sala Penal.
Son militares de carrera, pero no tienen las credenciales y la preparación académica para conformar el máximo tribunal del país con todas las limitaciones que éste tiene, expuso. Además, la presencia de elementos castrenses, que tienen una formación muy distinta a la aplicación de la Justicia, es una amenaza para una sociedad que ha sido fuertemente suprimida por el régimen al punto que en la violación de los Derechos Humanos ha intervenido la Comisionada de las Naciones Unidas y la propia Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, que se encuentran en investigación.
El doctor Zaá declaró a este medio que los abogados del país con experiencia en las distintas ramas del Derecho se encuentran muy preocupados por la forma arbitraria como el régimen se ha empeñado en militarizar el país, colocando en los ministerios a oficiales de alto nivel en ministerios, institutos y empresas del Estado, así como logrando gobernaciones y alcaldías para establecer un sistema gubernamental férreo, que cercena derechos y la libertad de los ciudadanos.
