La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de 2015, conformada por 12 miembros que representan a todas las organizaciones políticas de oposición, aprobó el informe de las investigaciones que se hicieron sobre presuntos casos irregulares en la empresa Monómeros colombo- venezolanos S.A. cuya sede está en Barranquilla y la cual, a raíz de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y empresas del Estado venezolano controladas por el Ejecutivo Nacional de Nicolás Maduro, pasó a manos del gobierno interino, presidido por Juan Guaidó, el 23 de mayo de 2019, con apoyo de Estados Unidos y de Colombia.
Irrefutables son las evidencias de hechos de corrupción en esa empresa, afirmó Elías Bessis, de la fracción parlamentaria Julio 16 (Alianza Bravo Pueblo, Convergencia, Vente Venezuela), al suministrar declaraciones a El Impulso.
La empresa
Monómeros es, después de Citgo en los Estados Unidos, la empresa venezolana internacional más importante, subsidiaria de Petroquímica de Venezuela S, A, (Pequiven), con dos complejos industriales situados en los principales puertos del vecino país (uno en Barranquilla y otro en Buenaventura), con capacidad de producción de 1, 3 millones de toneladas métricas de fertilizantes, alimentos para animales y productos diversos utilizados en las industrias. Antes de entrar en situación crítica cubría en el 40 por ciento las necesidades de Colombia y exportaba a 50 países.
Además, tiene como filiales a las empresas Vanylon (Barranquilla), Ecofértil (Buenaventura), Monómeros International (Islas Vírgenes) y Compass Rose Chipping (Bahamas).
Es de recordar que Monómeros fue creada hace 55 años cuando se unieron para hacerlo el Instituto de Fomento Industrial (IFI), la Empresa Colombiana de Petróleo (Ecopetrol) y el Instituto Venezolano de Petroquímica (que le cambiaron el nombre por Pequiven). Inició sus operaciones en 1973. En el 2000 adquirió las acciones de Vanylon y en el 2006 tanto IFI como Ecopetrol le vendieron su participación. Así quedó totalmente en manos del Estado venezolano a través de Pequiven, que ese mismo año adquirió las acciones de la empresa holandesa Koninklijke y ya Venezuela disponía del 100 por ciento de todo el capital. Y operaba con más de 750 trabajadores directos y 1.100 indirectos.
Monómeros, en 2018, aunque llegó a operar apenas en el 10 por ciento de su capacidad pudo realizar operaciones por 295 millones de dólares, según las informaciones de la propia empresa.
La denuncia
Los primeros en advertir irregularidades fueron los dirigentes sindicales de Sintra Monómeros, los cuales denunciaron, en su boletín del 18 de junio de 2021. que la junta administradora ad hoc de Pequiven, presidida por la doctora Diana Bracho; y el gerente general de Monómeros, ingeniero Guillermo Rodríguez Laprea, eran responsables de un hecho muy grave para la empresa radicada en Colombia.
Precisaron que Rodriguez Laprea, en representación de Monómeros, había suscrito un “acuerdo de colaboración empresarial” con la firma panameña Lyonstreeet Ventures Corp, S.A, representada por Ricardo José Rodríguez.
Esa “colaboración” era por 15 años y la panameña recibiría el 60 por ciento de los beneficios y Monómeros, apenas el 40 por 3 ciento.
Aún más, indicaban que el convenio es tan lesivo que su marco normativo es tan amplio y general que da cabida a cualquier interpretación. No existe criterio único e inequívoco que delimite el alcance de lo acordado.
Mucho más grave es que se decía que la empresa panameña tenía una “pequeña experiencia” cuando en realidad se había constituido en 2018 y al momento de que se firmara el denominado “acuerdo de colaboración empresarial” ninguna actividad había efectuado.
La denuncia de Sintra Monómeros llevó a los parlamentarios venezolanos Richard Blanco, Edwin Luzardo, Juan Pablo García, José Luis Pirela, Omar González, Luis Barragán Ñafir Morales, Dignora Hernández, Carlos Bastardo y Juan Carlos Bolívar a consignar un documento ante los tribunales colombianos, para exigir una investigación el 18 de junio de 2021 y la ratificaron el 7 de julio de ese año.
Desde entonces se comenzaron a realizar las investigaciones que, finalmente, corrieron a cargo de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional del 2.015.
Ésta está integrada por Macario González (presidente), Elimar Díaz (vicepresidente), Sandra Flores, José Ricardo Salazar, Carlos Lozano, Guillermo Palacios, Jairo Bao, Ismael García, Marco Aurelio Quiñones, Elías Bessis, Oneiber Peraza, Ismael León y la abogada Ana Isabel M. González Machado (secretaria).
La investigación
Como representante de la fracción 16 de Julio (Alianza Bravo Pueblo, Convergencia, Vente Venezuela), Elías Bessis dijo que una subcomisión de la Comisión de Contraloría estuvo en Colombia, donde se encuentra exiliado José Luis Pirela, quien ha estado inmerso en la investigación del caso desde hace dos años.
Conviene hacer saber que ha habido funcionarios de la empresa, que han tratado de impedir la investigación.
Debemos destacar que el presidente de Colombia, Iván Duque, intervino para que esta Monómeros no pudiera ser afectada por la medida de sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y es por ello que la empresa quedó en manos del gobierno interino de Guaidó reconocido por 58 países democráticos de América y Europa, así como de otras partes..
Lamentablemente fueron escogidas personas que no eran las idóneas para los cargos en la empresa
Bessis reveló que tanto la doctora Diana Bracho como el ingeniero Rodríguez Laprea no actuaron conforme a la responsabilidad que tenían.
El propio Guaidó le pidió a Rodríguez Laprea rendición de cuentas en relación a la denuncia, pero nunca llegó a responder y, por tanto, se pidió su destitución, la cual tampoco se hizo efectiva.
A Rodríguez Laprea se le pidió en cuatro oportunidades su comparecencia ante la Comisión, pero no lo hizo.
Y la doctora Bracho cuando accedió a la convocatoria de la Comisión, trató de eludir los aspectos que se le requirieron al punto que el diputado Bessis, según refirió, tuvo que pedirle respeto a los parlamentarios y responder con seriedad las interrogantes que se le formularon.
Y el ingeniero Rodríguez Laprea dio a conocer que ya estaba preparando un informe, pero la Comisión le dijo que ya era muy tarde, por cuanto había concluido la investigación.
Claramente, las responsabilidades de los presuntos hechos irregulares e irrefutables recaen en estos dos funcionarios, según las conclusiones del trabajo investigativo.
El documento en torno a dicha investigación, que está bien fundamentado, será entregado al diputado Pirela, para que éste lo introduzca ante la Fiscalía General de Colombia, a objeto de que sea anexada a las denuncias sobre presuntos hechos de corrupción en Monómeros, anunció Bessis, quien se mostró complacido que el procurador del gobierno interino, doctor Enrique Sánchez Falcón coincida con el resultado del trabajo de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional del 2015.
