Fueron documentados durante el primer semestre del 2022, un total de 214 agresiones contra los defensores de los derechos humanos en Venezuela, lo que dejó en evidencia cómo el Estado venezolano avanza en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos.
A pesar de observarse una disminución en el número de agresiones, se destaca que los riesgos se mantienen en un nivel alto para el movimiento de derechos humanos. Las amenazas, intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización siguen ocurriendo y son graves.
En la medida en que no se tomen correctivos para garantizar un espacio cívico y democrático pleno y libre y mientras permanezcan vigentes las limitaciones legales a las actividades de promoción defensa y exigencia de derechos humanos, así como la criminalización de las mismas seguirá siendo un riesgo defender, promover y exigir derechos en el país.
Sin embargo, el movimiento de derechos humanos sigue ejerciendo sus actividades en un entorno adverso y hostil. Persisten las medidas legales y fácticas de índole autoritario que limitan y obstaculizan el trabajo de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos.
Durante el semestre, fue constante la intención de asociar la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos con actividades delictivas, especialmente al terrorismo, la desestabilización y atentar contra la paz del país. El Estado retomó acciones para la aprobación de una Ley de Cooperación Internacional, con el fin de imponer mayores controles a la sociedad civil como parte de su Política de Criminalización, representando una nueva amenaza para las organizaciones.
No se han tomado acciones o correctivos ante las restricciones a las libertades fundamentales, por el contrario, se han perfeccionado los mecanismos de control. La tesis del Enemigo Interno fundamente la Política de Criminalización y a partir de ello se materializan distintos tipos de ataque en contra de quienes se encuentran en primera línea de acción documentando, denunciando y difundiendo los abusos, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo en el país.
La Caracterización de los ataques:
- 146 Estigmatización
- 45 Intimidación y hostigamiento
- 14 Amenazas
- 2 Judiciales
- 2 Ataques digitales
- 5 Otros
Se profundiza persecución y acoso
Durante estos seis meses, quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos siguieron siendo calificados como enemigos internos que buscan desestabilizar la paz de la nación. Por ello se han empleado medidas y estrategias para neutralizar y obstaculizar su labor. En los últimos meses del período objeto de estudio, se agudizaron los patrones y modalidades de ataque en contra de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos.
Persistieron las campañas de estigmatización y descrédito en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes fueron acusadas de trabajar en función de intereses extranjeros, de promover actividades injerencistas y de publicar información falsa sobre la situación de derechos humanos en el país. Los actos de intimidación y hostigamiento en contra de personas y organizaciones defensoras aumentaron durante los últimos meses. A través de declaraciones públicas y de tácticas de inteligencia, las personas defensoras continuaron siendo objeto de agresiones que, además de generar temor, ponen en riesgo la vida e integridad de quienes defienden derechos humanos en el país.
Los actos de intimidación y hostigamiento en contra de personas y organizaciones defensoras aumentaron durante los últimos meses. A través de declaraciones públicas y de tácticas de inteligencia, las personas defensoras continuaron siendo objeto de agresiones que, además de generar temor, ponen en riesgo la vida e integridad de quienes defienden derechos humanos en el país.
El régimen lo mantiene una Política represiva, de criminalización y control social como parte de su carácter autoritario, esta sigue afectando gravemente la libre y plena operatividad de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, debido a las estrategias empleadas para la reducción del espacio cívico y democrático que afectan la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos.
CDJ exhorta al Estado venezolano a cesar de inmediato la criminalización de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos y dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en la materia. Es necesario un entorno propicio y seguro para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La Política de Criminalización debe cesar de forma inmediata. Los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización, agresión y amenazas deben investigarse; las leyes, mecanismos e instrumentos contrarios a la defensa y exigencia de derechos deben ser derogados y la institucionalidad y el Estado de Derecho deben ser restablecidos.
