El presidente electo Gustavo Petro logró dar vuelta a la hoja y obtener la mayoría del nuevo Congreso que se posesiona el miércoles y que será clave para sacar adelante sus ambiciosas reformas, mostrando que en Colombia incluso el primer gobierno de izquierda en su historia comienza su mandato con apoyo parlamentario, como es usual para los gobernantes de turno.
El Congreso es bicameral, tiene 108 senadores y 187 representantes a la Cámara, pero a diferencia del anterior tendrá por primera vez 16 escaños destinados a las víctimas del conflicto armado, una representación inédita de la izquierda y casi el 30% de los escaños ocupados por mujeres.
La recomposición de fuerzas políticas en el país se dio en las recientes elecciones, en marzo se celebraron las legislativas y en junio el balotaje que le dio la victoria a Petro en la presidencia, en reemplazo del actual presidente conservador Iván Duque que entrega el poder el 7 de agosto.
Los analistas vaticinaban una complicada gobernabilidad para Petro. Aunque logró 20 escaños en el Senado con su movimiento Pacto Histórico, consiguiendo ser la bancada más numerosa, y 29 en la cámara baja, necesitaba apoyos políticos con el centro y la derecha para conformar mayorías.
Petro generó durante la campaña política resistencias en un sector de la población que desconfiaba de su pasado como insurgente, fue militante de la extinta guerrilla M-19, en un país que vivió décadas de conflicto armado con guerrillas de izquierda. Además, retó al establecimiento y propuso reformas estructurales en materia de pensiones, impuestos para las capas más adineradas, tenencia de la tierra y del modelo extractivista.
Sin embargo, con acuerdos políticos logró poner de su lado a las bancadas más poderosas y numerosas de los partidos tradicionales que no lo apoyaron en campaña como el Liberal, dirigido por el expresidente César Gaviria, y una parte del Conservador, con ideas políticas bastante alejadas del progresismo y la izquierda. Ahora, se suman al partido Verde, la Alianza Social Independiente y Comunes, el partido formado por los excombatientes de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que dejaron las armas en el 2016.
Otros partidos de la centro derecha como La U o Cambio Radical aún no han definido si se unirán a la coalición de Petro.
El analista político Johan Caldas, de la Universidad de la Sabana, dijo a The Associated Press que tanto los acuerdos “políticos para sacar adelante iniciativas, como la distribución de cargos terminó por hacer coaliciones mayoritarias”. Sin embargo, tendrá el reto de mantenerlas a lo largo de su gobierno.
Aunque se trata de un gobierno de izquierda, Petro ha dado cabida en el gabinete ministerial a más corrientes políticas y en el Congreso las mesas directivas también serán diversas e incluirán a los que se sumaron recientemente a la coalición.
“Es absolutamente natural que los partidos de gobierno, pues gobiernen, como en todas las democracias”, dijo a la AP el senador Roy Barreras rechazando que se trate de clientelismo político. Barreras es cercano a Petro y será el presidente del Senado según los acuerdos políticos a los que llegaron los partidos.
Para Barreras, las mayorías se consiguieron por la invitación de Petro a lograr un “acuerdo nacional” para entablar un diálogo con amplios sectores sociales, políticos y económicos.
En la oposición se situaron los partidos cristianos y el Centro Democrático, de corte conservador liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), un férreo opositor político de Petro.
“Estamos sorprendidos porque hay partidos que nos son afines ideológicamente con lo que representa Petro y ahora los vemos como aliados”, dijo a la AP Jose Jaime Uzcátegui, representante del Centro Democrático, quien pide que el nuevo gobierno “respeten los derechos de la oposición”.
“Vamos a proteger a capa y espada la Constitución, el estatuto de la oposición y los intereses de la fuerza pública que consideramos sí se ven seriamente amenazados en este gobierno”, agregó Uzcátegui.
Aunque Colombia es un país presidencialista, dice el analista Caldas, su poder no es absoluto y “está limitado no solo por la ley, también por presiones de partidos políticos y las instituciones”.
Petro ha propuesto reformar la policía, actualmente bajo el mando del Ministerio de Defensa, reubicándola en el Ministerio de Interior o de Justicia. Así como acabar con los policías antimotines que suelen intervenir en las protestas sociales.
Sin embargo, dijo Barreras que la prioridad de la agenda legislativa se concentrará en la reforma tributaria de más de 10.900 millones de dólares que busca recursos para financiar amplios programas sociales que prometió a su electorado como educación universitaria gratuita, un “plan urgente en los primeros 100 días de gobierno contra el hambre y subsidio a los alimentos”.
Los más afectados por la reforma fiscal serán las personas de mayores ingresos. Según dijo el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en entrevista con la AP, será el “1% más rico”, es decir, quien tenga ingresos mensuales de más de 10 millones de pesos (2.100 dólares) con el impuesto a la renta. También aseguró que volverá el impuesto al patrimonio o a la riqueza sólo para las personas y se reducirán los beneficios tributarios para algunos sectores.
“Habrá una gran resistencia de los sectores económicos privilegiados financieros, bancarios y los terratenientes de tierras improductivas, que tendrán una gran capacidad de lobby para tratar de impedir las reformas sociales que el gobierno Petro va a sacar adelante”, dijo Barreras, quien se propuso liderar un trámite rápido para una reforma difícil que toca los bolsillos en medio de una creciente inflación.
En paralelo, el petrismo propone impulsar una reforma rural integral que priorice la soberanía alimentaria y la ayuda a los campesinos, una reforma política contra la corrupción, la reforma a la policía y la creación del Ministerio de la Igualdad, que dirigirá la vicepresidenta Francia Márquez, primera afrodescendiente en ocupar el cargo.
Pero sobre todo, el nuevo Congreso tiene el reto de mejorar una decaída imagen ante la ciudadanía. Según la encuesta Invamer, realizada periódicamente desde el año 2000, la opinión desfavorable del Congreso ha aumentado desde el 2010. En la última medición, realizada entre el 30 de junio y el 10 de julio con 1.200 encuestas, el Congreso tiene un 73% de imagen desfavorable, frente a un 19% de opinión favorable.
Jeison Gómez, un taxista de Bogotá, considera injusto que los congresistas devenguen un millonario salario de unos 7.800 dólares mensuales, mientras él trabajando más de 12 horas diarias como transportador reúne sólo unos 465 dólares al mes para su familia de cuatro personas.
Un grupo de congresistas de partidos de gobierno presentarán en los próximos días una reforma al Congreso que incluirá justamente una reducción del salario, limitará la reelección de congresistas a no más de tres periodos, disminuirá las vacaciones y las inasistencias. En el pasado han fracasado proyectos similares.
“El que tiene quiere tener más”, señaló Gómez a la AP. “Ellos no van a aprobar bajarse el sueldo, porque ellos mismos son los que hacen las leyes”.
