La frontera colombo-venezolana ha sido una de las más vivas de América Latina. Su extensión de 2.219 Km. comprende del lado venezolano los Estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, y del lado colombiano los Departamentos de Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía. De ellos, los de mayor longitud son Vichada, Guainía, Norte de Santander y Arauca, aunque la región de mayores nexos comerciales y humanos ha sido la frontera entre Táchira y Norte de Santander. A su vez, los principales ríos limítrofes son: Orinoco, Catatumbo, Táchira, Arauca y Oirá.
Los dos países constituyen mercados naturales, y las zonas limítrofes conforman zonas de integración cultural y social de significación. Así, en la península de la Guajira, la etnia Wayú es binacional, la región andina venezolana está profundamente vinculada a los Andes orientales colombianos, y la región llanera comparte tradiciones, folklore y cultura en una enorme extensión, en tanto que la región amazónica es la más aislada y menos poblada.
El desarrollo de la relación comercial entre ambos países fue intensa en el marco de la integración andina (Acuerdo de Cartagena), alcanzando en 2008 la cifra récord de US$ 7.300 millones, con la particularidad de que cerca del 85% estaba constituido por productos manufacturados, es decir, productos de alto valor agregado. No se requería recurrir al transporte marítimo sino al terrestre, dada la cercanía entre los principales centros de producción y consumo de los dos países. En algún momento, en la década de los 80 y 90 se trató de promover las llamadas Zonas de Integración Fronterizas (ZIF en la terminología de la integración andina), pues la realidad de esas zonas, proverbialmente olvidadas por Bogotá y Caracas, responde al concepto de regiones transfronterizas, donde el nivel de articulación entre las sociedades de ambos lados es profundo, y exige un enfoque que trasciende a las visiones centralistas de sus respectivas capitales.
El retiro de Venezuela de la Comunidad Andina decidida por Hugo Chávez en 2006, dio al traste con un esfuerzo de integración en el cual Colombia y Venezuela representaban el eje principal, habiendo llegado a conformar una Unión Aduanera con un espacio libre de barreras y una tarifa externa común (AEC). El tejido empresarial que se llegó a crear fue notable, tanto en comercio de bienes, servicios e inversiones, tema al que dediqué mi tesis doctoral por la Universidad ESEADE de Buenos Aires, Argentina, pues fue lamentable la enorme destrucción de valor ocasionada. En un futuro, cuando se dé un cambio del actual modelo en Venezuela, que es incompatible con los principios de libre comercio que propician tanto la CAN como el Mercosur, esquema este al cual Chávez pretendió fallidamente incluir a Venezuela, el país deberá replantear su estrategia frente a la integración regional, sea retornando a la CAN, o negociando un TLC con Colombia en el marco del Tratado de Montevideo 1980, que constituyó la ALADI. En otras palabras, la integración bilateral colombo-venezolana es natural e imperiosa, más allá de los altibajos políticos ocurridos durante estos 23 años de gobierno en Venezuela, que han alterado por completo su normal y deseado desenvolvimiento.
La grave crisis múltiple que vive Venezuela, caracterizada por la falta de oportunidades, crisis de los servicios públicos, desabastecimiento, desempleo y pobreza, ha generado una diáspora sin precedentes en América, de más de 6 millones de habitantes, de los cuales casi dos millones se encuentran en Colombia. Los compatriotas más necesitados han recorrido en condiciones difíciles las carreteras y páramos de Colombia, muchos buscando sustento pidiendo limosnas en las calles de las principales ciudades colombianas o asumiendo trabajos precarios. No obstante, es justo destacar el noble y generoso tratamiento que el presidente Iván Duque ha concedido a los migrantes venezolanos para regularizar su situación en el país, hecho reconocido mundialmente. Por ello, una representación de la comunidad venezolana en Colombia ofreció recientemente un homenaje de reconocimiento al mandatario colombiano, con pleno merecimiento.
El cierre de la frontera binacional ordenado en su momento por Nicolás Maduro provocó una situación calamitosa desde el punto de vista económico y social. Además, las consecuencias derivadas del retiro de Venezuela de la CAN, y del control de cambios que imperó en Venezuela desde el año 2003, provocaron una caída en el intercambio a niveles exiguos. Es así que, en 2021, pese a un aumento respecto a los años 2020 y 2019, en virtud de la dolarización de facto de la economía venezolana, el valor del comercio en dos vías alcanzó los US$ 400 millones, pero dicha cifra es apenas el 5,5% de la cifra alcanzada en 2008. El cierre de la frontera bloqueó además el paso vehicular y de los flujos humanos, hecho que hizo proliferar los movimientos irregulares a través de los cientos de trochas y ríos existentes entre ambos países, y con ello negocios ilícitos manejados por estructuras mafiosas que se lucraron con cobros a quienes se desplazaban de un lado y otro de la línea divisoria. Fue apenas en noviembre de 2021 cuando se reinició por fases el tránsito de personas por el puente Simón Bolívar, pero el funcionamiento de otros puentes o vías de acceso ha sido limitado, mientras que el tránsito vehicular sigue cerrado.
El presidente electo de Colombia ha anunciado como una de sus primeras medidas el pleno restablecimiento de las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares entre ambos países, anuncio que ha contado con el beneplácito de parte del régimen venezolano, aunque en lo inmediato Nicolás Maduro no podrá asistir a la toma de posesión del presidente electo, por decisión del presidente en ejercicio. En lo personal, desde hace varios años he sostenido que las relaciones consulares entre ambos países son necesarias, por las penurias que la ausencia de dichos servicios genera a millones de venezolanos en Colombia y a colombianos en Venezuela. Y en igual sentido, he creído en la conveniencia de ir normalizando el intercambio binacional como algo positivo para ambas naciones y para los habitantes de frontera. Ello partiendo de la premisa señalada de que la integración económica bilateral es inexorable, pese a haber sido tan vapuleada por el régimen venezolano, pues de él han partido diversas decisiones de cierre de frontera y ruptura de relaciones.
Con todo, las decisiones políticas que se anuncian a partir del próximo 7 de agosto deben trascender al restablecimiento de las relaciones y de las comunicaciones entre los dos países, pues es ineludible abordar la grave situación de inseguridad y anarquía prevalecientes a lo largo de los 2.219 km de frontera, convertidas en una zona gris controlada por grupos guerrilleros y bandas criminales que explotan los recursos del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Es deber de ambos gobiernos recuperar el control de la soberanía y seguridad en ambos territorios limítrofes, pues no es suficiente con que el gobierno de Colombia haya reforzado la presencia de las Fuerzas Militares en esas regiones, sino que del lado venezolano haya voluntad política para combatir la ilegalidad y las frecuentes luchas entre grupos que se disputan el control estratégico de la droga, las armas y otras actividades ilícitas. Como lo expresa el Ministro de Defensa de Colombia, no es concebible, para bien de las relaciones que se desea recomponer, que el gobierno venezolano utilice al ELN y a las disidencias de las FARC como su primera línea de defensa, y que desde allá se prohíjen actividades que afectan la seguridad nacional de Colombia y del Continente.
Pedro F. Carmona Estanga
