En derecho, interés se define como la “aspiración legítima, de orden pecuniario o moral que representa para una persona la existencia de una situación jurídica o la realización de una determinada conducta”. Son palabras de Couture, para quien tiene calidad de “interesado” quien es “titular de un interés” o sea “alguien que tiene, real o potencialmente, derecho a pretender algo”.
Todas las personas tenemos interés legítimo en la democracia, pues este orden nos promete garantías para ejercer libre y pacíficamente nuestros derechos que no son regalo de un poder que los otorgue sino atributos de nuestra naturaleza humana que la constitución se compromete a reconocer y proteger. Por eso, todos y cada uno de nosotros somos parte interesada en el proceso político.
El tema es convicción arraigada en mí y me tienta para este artículo semanal, con motivo de la lectura en el *Financial Times *(ft.com) de uno de Gillian Tett referido a los Estados Unidos, cuyo título traduce: “Los líderes empresariales necesitan levantar la voz por la democracia”. La democracia tiene muchos stake holders o partes interesadas, muchos más que los dirigentes políticos y al decirlo no juzgo su valentía personal, sus valores, su capacidad, sus competencias, su desempeño o la ausencia total o parcial de todos o algunos de ellos. Cuando mis amigos de Fedecámaras están por reunir su asamblea, les insisto en las ideas que con varios he compartido.
Si la democracia significa valoración y respeto a los derechos humanos, y libertades; poder público institucional no personal, limitado no absoluto, distribuido no concentrado, así como un orden que nos de seguridad para ejercer nuestros derechos, cumplir nuestros deberes y tener acceso a la justicia para exigir su efectiva vigencia. Ese es el esqueleto del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo que decía Lincoln, cuya alma es la dignidad humana y cuya musculatura aportamos todos y cada uno de nosotros, individual y colectivamente.
Siendo así, claro que los políticos y todos los ciudadanos somos partes interesadas legítimamente en que haya democracia. Pero la cosa es tan importante que los excede.
Los empresarios son legítimamente partes interesadas de la democracia, porque en ella está el marco para la seguridad de sus libertades y de sus derechos a crear, invertir y ser propietarios de los frutos que su capacidad produzca.
Los trabajadores también lo son, con toda legitimidad, pues solo en la democracia pueden reclamar, organizarse en sindicatos, luchar por la conquista de reivindicaciones, procurar avances en la legislación, conseguir seguridad social. No es perfecta ni invulnerable la garantía democrática a los derechos de los trabajadores, nada llega por concesión graciosa, pero su promesa es incomparable con la de cualquier otro régimen, aún aquellos que se justifican como proletarios en la teoría pero los sojuzgan y manipulan en la práctica.
Las universidades, la intelectualidad y toda la amplia gama de manifestaciones de la cultura, tiene igualmente interés legítimo en la democracia. Como sistema basado en la libertad, ningún otro en la historia se le compara a la hora de asegurar su autonomía, defender sus posibilidades de creación libre, su derecho a generar y a procurar conocimiento.
Y ¿qué decir de la comunicación ese mundo que ha crecido y se ha complejizado gracias a la revolución de las tecnologías de la información? La democracia tiene el deber de garantizar los derechos a informar y a estar informado, a pensar y a expresar lo que se piensa.
Armar una gran coalición de partes interesadas legítimamente en la democracia, es un desafío del liderazgo nacional. Y ojo, de ello no excluyo a quienes están en el poder, pues los más alertas entre ellos ya se dan cuenta de que sólo aceptando esa realidad y trabajando por ella, podrán alcanzar la seguridad que desean y contribuir a que el país todo se reinserte exitosamente en la comunidad internacional, para de ese modo poder aportar a ese futuro mejor que me niego a admitir que no deseen.
Ramón Guillermo Aveledo
