Al menos 225 violaciones a derechos humanos cometidas contra universitarios registró el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), en alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Aula Abierta y el Centro para la Paz y Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela, quienes revelaron su último informe sobre la situación de las universidades y los universitarios en el país.
En este trabajo de investigación en conjunto por distintos organismos, se evidenciaron 50 violaciones a derechos humanos en el contexto universitario durante el mes de enero. En febrero, la cifra descendió a 47. En marzo se registraron 27 y en abril 14. En mayo hubo un repunte, sumando 40 en total, y en junio se contabilizaron 47.
Cabe resaltar que en esta evaluación se denunció violaciones a la autonomía universitaria, asfixia presupuestaria y control de la educación superior, donde “ejecutan acciones que violan de distintas formas la autonomía de las universidades”.
Dentro de las violaciones a la autonomía universitaria que documentan el ODH-ULA y sus organizaciones aliadas, está la intervención de espacios universitarios por parte de agentes externos, la imposición de normas ilegales y ataques contra académicos, trabajadores y estudiantes. Estos tipos de violaciones son las más reiteradas en el registro que se hace mensualmente para los informes.
Es este documento se detalla que desde el 2019, cuando se creó el Plan Universidad Bella la administración de Nicolás Maduro, ha intervenido espacios universitarios “con la excusa de recuperarlos, hacerles mantenimiento o rehabilitarlos, siendo que el deterioro de la infraestructura universitaria es consecuencia de la asfixia presupuestaria aplicada por el mismo régimen”.
A inicio del mes de junio el vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo (UC), José Angel Ferreira, denunció que el gobierno debe el equivalente a 1.661.995,43 dólares a los fondos de pensiones de los profesores y del personal administrativo de esta institución, al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), al seguro social, las pensiones alimentarias, las contribuciones a la Asociación de Empleados, a la Asociación de Profesores y al Consejo de Profesores Jubilados, además de los sindicatos.
Aunado a esto, Mario Bonucci, rector de la ULA, informó el pasado 6 de junio que en Consejo Universitario se había discutido el impago de las retenciones de impuestos por parte del Ministerio de Educación Universitaria, cuya deuda asciende a 1.000.000 de dólares.
