En Buena lid ganó la presidencia colombiana Gustavo Petro. Sin embargo, casi la mitad de la población electoral votó por su contendiente, Rodolfo Hernández. Buen indicio para el control que debe hacerse del Poder Ejecutivo desde el resto de las instituciones democráticas. Pero eso no es suficiente, los colombianos no deben descuidarse, deben estar atentos para impedir que la interferencia ejecutiva penetre en los otros Poderes del Estado.
Los mecanismos de control son la base del ejercicio democrático de las instituciones estatales. “Toda autoridad incontrolada tiende a la arbitrariedad”, lema que se repite desde la Revolución Francesa, época del nacimiento del Estado republicano. Para que esto sea posible, es necesario la independencia de los Poderes del Estado y la vigilancia recíproca que ejercen entre sí. De ello destaca el cauteloso control que el Poder Legislativo, a través de la Asamblea Nacional debe ejercer sobre la actuación del Ejecutivo: las dos funciones rectoras de la Asamblea Nacional son, legislar aprobando las leyes pertinentes y controlar la actuación del Presidente de la República y de la enorme cantidad de órganos que están bajo su mando.
Por su parte el Poder Judicial, a través de una judicatura independiente de jueces de actuar autónomos, también es un filtro de la legitimidad de la actuación del gobierno: actos violatorios de la ley deben producir una reacción inmediata anulándolos a través de decisiones y sentencias que corrijan el rumbo del Ejecutivo que se desvíe hacia la arbitrariedad, imponiendo las sanciones respectivas.
Debido al gran poder que emerge del Ejecutivo y su tendencia hacia el abuso, los otros dos Poderes, el Legislativo y el Judicial, se deben encargar de la vigilancia de su actuar y de imponer la rectificación y sanciones adecuada. Nada de ello sucede en Venezuela. La destrucción de la institucionalidad es el mayor logro de un mando tiránico y es la patente de corso para su perverso actuar, lo cual se hizo realidad en nuestro sufrido país.
Haciendo una apretada síntesis de ese proceso de desmontaje de la institucionalidad venezolana, de lo cual debe tener mucho cuidado nuestra vecina y hermana Colombia, podemos situarlo en tres estadios: la disolución de la Corte Suprema de Justicia, sustituida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y su posterior aumento de Magistrados de tendencia complaciente con el mando ejecutivo; la toma y sometimiento de la Asamblea Nacional bajo los designios del oficialismo, delegando su función legislativa; y más que el adoctrinamiento, el envilecimiento de la Fuerza Armada a través de su participación en cargos de un gobierno corrupto.
Cuando se creó el TSJ todavía había signos de independencia que se vio reflejada en aquella famosa “Sentencia de los Generales”, a la cual el despótico Hugo Chávez con su característico verbo escatológico tildó de “plasta”, por lo que ordenó a la presta a complacer Asamblea Nacional aumentar el número de Magistrados para tener una mayoría rendidamente chavista. Sólo quedaron dos voces representantes de la dignidad en aquel mar de iniquidad, la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León y el Magistrado Pedro Rondón Haaz.
Este TSJ sumisamente complaciente fue el obstáculo fundamental para que la Asamblea Nacional de mayoría opositora elegida en 2015 pudiera ejercer sus funciones. El TSJ a través de sentencias inmotivadas de hecho y de Derecho, en la cual se le declaraba como supuestamente en desacato, amarró tozudamente a la Asamblea Nacional, anulando sus actuaciones. Pero cuando la Asamblea Nacional hacía coro con el chavismo, bajo el amparo de los otros dos Poderes, legisló a favor de la creación de un Estado Comunitario, a un paso de los atroces y destructivos gobiernos de inspiración marxista, una Ley Contra el Odio, a fin de perseguir a la disidencia, así como una actitud celestina ante actos de los otros dos Poderes que ha debido controlar.
Todo esto trajo como consecuencia que el aparato de justicia que compone el conjunto de jueces decida permanente y obedientemente conforme a los designios oficialistas. Nadie en Venezuela cree en la justicia tribunalicia, con una Fiscalía General ocupada por un sujeto manejado dócilmente por las fuerzas de la dictadura; con imputaciones de delitos que sòlo están en la imaginación y el ánimo de los fiscales; con tribunales que no sentencian a través de permanentes diferimientos que hacen eternos a los juicios, pero que sí detienen irrespetando la Constitución y las leyes. Casos como el del periodista Roland Carreño, el profesor Javier Tarazona, o el ciudadano norteamericano Matthew Heath (que trató de suicidarse en días pasados), son ejemplos entre muchos más de presos desde hace años sin que se haya realizado el juicio correspondiente. Por otra parte, la perversión del manejo de la “justicia” y su falta de control disciplinario, hizo que la corrupción como avalancha indetenible penetrara desde el TSJ hasta los más modestos juzgados, con sus jueces acompañados por sus comparsas de secretarios, amanuenses y alguaciles.
Por otra parte, la Fuerza Armada, último bastión de la defensa de la Constitución y de la institucionalidad, también se desplomó moralmente rendida ante los ilegítimos privilegios del Poder Ejecutivo, compartiendo el mando en Ministerios, Institutos Autónomos y negocios propios de “enchufados”. Uno de los actos más vergonzosos de esta Fuerza y que demuestra el foso institucional en el cual hemos caído, fue el incidente sucedido en 2017 en el cual un insignificante oficial menor de la Guardia Nacional, encargado de la seguridad de la Asamblea Nacional, violentamente empujó y no dejó entrar a sus instalaciones al Presidente de este órgano, a pesar de que en esa época tenía una mayoría de diputados de la oposición. Hasta ahí hemos descendido.
Ya en Colombia se produjo un signo de honorabilidad, cuando el Fiscal General de ese país le contestó al Presidente electo, Gustavo Petro, que no estaba dispuesto a seguir sus órdenes contrarias a la ley, que se dirigiera al Congreso a fin de que reformaran aquellas de las cuales disentía. Esa es la actitud: pararse firmemente ante cualquier acto que signifique abuso del Ejecutivo, no dejar pasar ninguno, pues es poco a poco, paulatinamente, que se va socavando la institucionalidad, hasta que de repente nos encontramos sumidos en el fungoso declive de un gobierno arbitrario que ahoga y hace imposible que el país escale hacia derroteros democráticos.
¡¡¡Cuídate Colombia hermana!!!
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
