El «Acuerdo en seguimiento, protección y defensa de los activos de la República en el extranjero recuperados por el Gobierno Encargado de Venezuela«, aprobado por la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional legítima el pasado 14 de junio, pese a las observaciones de la procuraduría especial y el presidente encargado Juan Guaidó, debe ser revocado, considera el Procurador Especial, Enrique Sánchez Falcón.
Así lo expresó el funcionario durante su comparecencia ante la Comisión de Contraloría del ente legislativo legítimo, donde se trató lo relativo al control de los activos en el exterior y la apertura de una investigación solicitada por el presidente Juan Guaidó, en torno a la contratación del escritorio jurídico de Otto Reich, por parte de Monómeros, así como el nombramiento de directivos de la empresa sin el consentimiento de la AN legítima.
Precisó el Procurador en cuanto al acuerdo aprobado por la AN legítima, que fueron corregidos algunos aspectos que eran inconstitucionales, como por ejemplo la proscripción de la autonomía del BCV, así como el hecho de despojar al presidente encargado de facultades que como poder ejecutivo tiene para manejar la hacienda pública nacional.
Sin embargo, fue enfático al señalar, que la “medida urgente que debe tomar la Comisión de Contraloría en este momento y la inminente separación de monómeros del patrimonio, que pueda manejar el gobierno interino, por los cambios que se van a producir en Colombia, que decidan la investigación que están realizando en este momento. Tomen la decisión en base a los elementos que tienen porque han reunido suficiente material”.
Con responsabilidad y respeto al trabajo que ha hecho con la AN, afirmó que se debe revocar el acuerdo en seguimiento, protección y defensa de los activos de la República, porque en definitiva este acuerdo no está dictado sino para eludir o disfrazar las decisiones que se vayan a tomar con relación a Monómeros. “No propongo que lo modifiquen, sino que lo revoquen porque no tiene sentido”.
Sobre el caso de la contratación del escritorio Otto Reich, para investigar el caso Monómeros, Sánchez Falcón reveló que durante un almuerzo informal al que fue invitado, por funcionarios de la embajada de Estados Unidos, para Venezuela que funciona en Bogotá, el director adjunto de asuntos exteriores Rafael Foley, le mencionó que habían contratado unos agentes para atender el caso de Monómeros, esa es la única información que tiene sobre esta materia.
Necesidad de recursos para defender activos de la República
Señaló la necesidad de recursos para afrontar la serie de juicio que enfrenta la República en el exterior sobre activos importantes que deben ser recuperados, por lo que se corre el riesgo de perderse.
«Hay unos juicios importantes como el Oro de Londres, el caso de los bonos 2020, el arbitraje de Conoco que es el más importantes desde el punto de vista económico, pero existen más de 100 juicios que tenemos que enfrentar y tener por lo menos la información de cuál es la situación, que se hace una tarea titánica, porque nunca se ha aprobado un presupuesto integral que estamos pidiendo desde el momento que asumimos esta responsabilidad en el 2020», explicó el procurador especial.
Sánchez Falcón agregó que ese presupuesto integral permitiría atender ordenadamente las deudas y poder negociar incluso con los bufetes en los términos de la contratación establecida desde antes de su gestión, pero si no tienen posibilidades de cancelar, sino cada cierto tiempo y porciones pequeñas de la deuda, las negociaciones han sido escasas.
“Hemos tenido una absoluta desatención por parte de la Asamblea Nacional legítima, en el sentido que nunca se nos ha convocado a discutir ese presupuesto, si les parece alto, porque se tiene que atender tales casos, es decir nunca se ha convocado para discutir los términos de esa solicitud del presupuesto integral y no se nos ha contestado nada”.
137 juicios contra la nación
Para una información más precisas sobre estos recursos que solicita la procuraduría pidió a la Comisión permitir la intervención del abogado colaborador de la procuraduría especial, Ramón Alfredo Aguilar, quien señaló que hay 137 juicios contra la nación, de los cuales todos no son atendidos porque no se cuentan con la disponibilidad presupuestaria para contratar abogados.
“Algunos se están manejando bajo la figura de recuperación sobre resultado, específicamente 30 juicios en los Estados Unidos, contra los corruptos, en general estamos llevando aproximadamente 50, si sumamos esos 30 podríamos estar hablando de unos 80 juicios”.
El Procurador Especial calificó de mucho más grave la situación del arbitraje, aproximadamente 61, que están por el orden de 50 mil millones de dólares, de los cuales no se ha podido tener acceso por la falta de disponibilidad presupuestaria. Informó que existen litigios conocidos por la procuraduría especial de 40 mil millones de dólares y posiblemente exista una cantidad similar de arbitrajes que desconoce la procuraduría.
“Hay una serie de litigios que consideramos prioritarios por varias razones, como el caso de Conoco Phillips y la demanda original fue de 10 mil millones, luego se logró disminuir a 8 mil 500 millones de dólares, en este momento debe estar en 10 mil millones con los intereses, lo importante de este caso es que tenemos una acción de nulidad ante el propio CIADI con amplia posibilidad de que se anule ese Laudo Arbitral”.
Agregó que, en el caso del Oro en Londres, se han realizado dos sentencias que reconocen el gobierno de Guaidó, sin embargo, el Tribunal Supremo solicitó a la Corte de Comercio revisar la incidencia o validez de la sentencia el TSJ de Maduro que anularon la Asamblea Nacional legítima, si los resultados no se contradicen se logra el caso.
«Hay que demostrar que ese TSJ de Maduro que fue ilegítimamente designado que es un brazo de la dictadura y que no hubo debido proceso por que la AN jamás tuvo posibilidad de defenderse sobre esa decisión de la sala Constitucional».
Destacó que tienen un informe de las cuentas y juicios minuciosamente detallado, una rendición de cuentas que no ha sido recibida por la Comisión Legislativa, sólo la Comisión de Contraloría hasta ahora es que los ha convocado.
«Nos preocupa que hasta la fecha no se ha aprobado el presupuesto, aquí están la peticiones que hicimos el año pasado a la Asamblea Nacional, en cuanto que es necesario pagar las deudas, ni se ha adelantado acciones eficaces para recuperar los activos identificados como el caso de Bandes, Petropar, por no tener disponibilidad presupuestaria», aseguró.
