Las actuaciones de grupos agresivos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) tanto en el Zulia como en Cojedes contra Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional electa en el 2015 y reconocido por cincuenta países democráticos como presidente interino de Venezuela, han sido condenados, repudiados y rechazados por dirigentes y organizaciones políticas.
Todos coinciden en que esa no es forma de hacer política, porque se está recurriendo a la violencia física destructiva e incluso disparando armas de fuego contra el vehículo de un personaje que encarna el liderazgo de la oposición, lo que, indudablemente, perjudica la imagen del país en el mundo, ya que nos coloca en un nivel de salvajismo y barbarie, que aleja mucho más las inversiones que se pudieran hacer desde el exterior para recuperar la economía nacional, la cual se encuentra pasando la mayor crisis histórica que ha tenido nuestra nación.
Enérgico rechazo
El país nacional demócrata rechaza enérgicamente, con mucha fuerza, este atentado contra Juan Guaidó, un hombre que ha expuesto su vida por la democracia, por la libertad de Venezuela y por el reclamo del Estado de Derecho que no existe desde hace más de veinte años en nuestro país, declaró el abogado Filiberto (Fili) Peña, exsecretario general seccional de AD y exsecretario general de gobierno del estado Lara.
Quienes profesamos la democracia como principio de vida política condenamos rotundamente cualquier tipo de ataque físico a un dirigente político, porque la política se ejerce mediante el debate de ideas y del planteamiento de soluciones.
Las bandas armadas chavistas maduristas proceden como delincuentes criminales, que no aceptan la confrontación cívica, sino la destrucción de quienes no piensan como los que usurpan el poder.
Ataque de este tipo contra Guaidó proceden desde las altas esferas de la dictadura, ya que asi lo demuestra el silencio cómplice del régimen, el cual en vez de proceder a investigar el hecho, hace imperar la impunidad de esas bandas que no sólo actuaron en Cojedes, sino que antes lo hicieron en el Zulia.
Mientras la población sufre los embates de la crisis y el agravamiento de los problemas de los servicios públicos, con una inflación descontrolada, esta dictadura lo que procura es eliminar físicamente a dirigentes políticos porque siente que no tiene apoyo del pueblo, porque éste rechaza a la cúpula usurpadora que ha destruido el país.
Acción criminal
Por su parte el también abogado Macario González, exalcalde de Iribarren, calificó el atentado contra Guaidó como una acción criminal porque, evidentemente, las bandas agresivas afines al régimen en Cojedes dispararon armas de fuego contra el vehículo donde viajaba el principal dirigente opositor y, por supuesto, con el objetivo de darle en su humanidad. En cualquier parte del mundo eso es un crimen.
Grave es que se haya perpetrado este hecho y mucho más que el régimen haya guardado silencio, porque la noticia no sólo fue conocida en todo el país sino en el exterior y evidencia, claramente, que en Venezuela no hay democracia, sino una dictadura que permite atentados contra dirigentes que están trabajando por una salida pacífica, constitucional y democrática ante una situación de crisis de grandes dimensiones.
Guaidó puede ir a cualquier sitio del país, amparado en el derecho constitucional al libre tránsito y su gira está destinada a conversar con la gente, rendir cuenta de su gestión y anunciar estrategias para lograr unas elecciones libre, competitivas y transparentes en Venezuela.
Es lamentable que esto ocurra, porque Venezuela necesita paz e inversiones internacionales; pero, mientras exista un ambiente de violencia y de inseguridad jurídica, nadie va a poner los ojos en nuestro país, para ayudarlo a reconstruirlo.
Y el propio Maduro, que gasta cuantiosos recursos en gente que está haciendo lobby para mejorar su imagen, pierde los reales porque lo que está viendo el mundo es que, además de una vasta crisis política, institucional, económica y social, este es un país donde grupos armados atentan contra la vida de dirigentes políticos y de la propia ciudadanía.
La agenda de la muerte
La agenda de Maduro, que sigue al pie de la letra su partido, no es para reconstruir el país que el régimen ha destruido, sino para darle muerte a la oposición que hace grandes esfuerzos por lograr, a través de las vías institucionales y de la Constitución, que se pueda recobrar la democracia, dijo Lorenzo Monasterios, presidente de Un Nuevo Tiempo en Lara.
Las imágenes que circulan en las redes sobre los hechos ocurridos en Maracaibo y San Carlos de Cojedes demuestran que las bandas agresoras de Maduro tienen un temor enorme a la oposición y tratan, desesperadamente, de impedir que un líder como Juan Guaidó hable con la gente.
Esa conducta agresiva la han mantenido durante veintitrés años y ahora la intensifican porque, precisamente, el régimen tiene el mayor rechazo histórico contra un gobierno en Venezuela.
Como no tienen pueblo que los respalde, entonces recurren a las bandas armadas para que atenten contra la dirigencia política opositora, pero lo que están recibiendo es el rechazo, la condena y el repudio total, tanto en Venezuela como en el extranjero.
Un Nuevo Tiempo condena en forma enérgica las actuaciones de estos sujetos, pertenecientes a los colectivos del régimen, como lo está haciendo todo el país democrático, manifestó Monasterios. Acciones de este tipo no favorecen al régimen, sino todo lo contrario, por cuanto es mayor el rechazo cada día para Maduro y su partido.
Refuerzan denuncias a la CPI
Salvemos a Venezuela, donde se aglutinan más de diez organizaciones democráticas, emitió un comunicado acerca de lo ocurrido en San Carlos, lo que refuerza las denuncias que está investigando la Corte Penal Internacional sobre violación de los Derechos Humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad en los cuales están incursos funcionarios y los colectivos armados en hechos represivos cometidos a partir de 2017.
En el comunicado se manifiesta la más enérgica condena a la agresión de la cual fuera objeto el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y el grupo de personas acompañantes durante su visita, el sábado, a la ciudad de San Carlos, en el estado Cojedes.
Alerta a la comunidad nacional e internacional por el resurgimiento de bandas de choque, identificadas con el régimen, cuyo único propósito es iniciar un nuevo ciclo de violencia política en el país.
Recuerda que en el 2017 fueron ampliamente conocidas las relaciones de estos colectivos con las fuerzas militares y las policías del régimen. Son hechos por los cuales Maduro y su gobierno autoritario son investigados por la Corte Penal Internacional.
Los grupos de Derechos Humanos y la comunidad internacional deben, ante la citada situación, encender sus alarmas.
De la violencia política (casi a diario) a las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y asesinatos de personas hay solo un paso (la detención de 4 jóvenes de Voluntad Pöpular que participaron en el homenaje a Neomar Lander, en la avenida Francisco de miranda del municipio Chacao, es prueba de nuestros temores).
Además los objetivos políticos de los grupos y organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales se activan en defensa de las víctimas. Recuérdese cómo el día 12 de abril de 2017 desde el Comando Zonal 12 de la Guardia Nacional Bolivariana, en Barquisimeto, salieron colectivos armados, a los cuales se dieron instrucciones, armas y protección para reprimir las protestas, las mismas que hoy forman parte del expediente con que seguramente se los juzgará por parte de la CPI.
Tras diversas consideraciones, Salvemos Venezuela plantea que el único sistema político capaz de asegurar los Derechos Humanos es la democracia.
Suscriben el comunicado: Proyecto Venezuela, Encuentro Ciudadano, Convergencia, Causa R, Organización Fuerza en Movimiento, Voluntad Popular, Copei legítimo ODCA, Alianza Bravo Pueblo, y sociedad civil.
De igual forma la Alianza Nacional Constituyente Originaria del estado Lara (ANCO-Lara) se ha solidarizado con el comunicado.
